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Monterra Energy confirmó en un comunicado que demandará a México después de la clausura de su terminal de combustibles en Tuxpan hace cinco meses, pues presentó una Notificación de Intención de Someter una Reclamación de Arbitraje al gobierno federal, por considerar que hay acciones ilegales y discriminatorias que impiden las operaciones de la estación de almacenamiento, lo que va en contra de las provisiones de los tratados bilaterales entre México y Estados Unidos.
En el documento, Monterra señaló que el capítulo 11 del TLCAN establece mecanismos claros para la indemnización de compañías estadounidenses a través de un arbitraje internacional si un proceso inicial de consultas no resuelve el asunto.
Monterra detalló que los daños causados por la clausura ilegal del gobierno mexicano asciende a un estimado de 667 millones de dólares.
Monterra es una de varias compañías estadounidenses cuyas operaciones han sido clausuradas por el Gobierno de México.
“Hemos hecho más de lo que se pudiera esperar para resolver de manera cooperativa este asunto, a fin de seguir apoyando la economía y seguridad energética de México y proveer empleos bien remunerados”, apuntó Arturo Vivar, CEO de Monterra.
“Simplemente pedimos que México salvaguarde el Estado de derecho y cumpla con sus obligaciones bajo tratados internacionales. Nuestra preferencia sería alcanzar una resolución amistosa, pero las acciones realizadas hasta ahora por el Gobierno de México no dejan otra alternativa que perseguir todas las opciones jurídicas disponibles”, añadió el directivo.
Monterra ha intentado resolver la clausura, al proveer amplia evidencia de su cumplimiento total con el marco legal y regulatorio. Las autoridades mexicanas han ignorado la evidencia.
La terminal de Monterra en Tuxpan (“Servitux”) recibió un permiso de 30 años de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el 4 de mayo de 2018. La CRE realizó varias visitas de inspección a la terminal antes de que entrara en operación. En julio del 2021 la compañía cumplió con el requisito del permiso de “dar aviso a la Comisión sobre el inicio de operaciones del sistema de almacenamiento”.
En la noche del 13 de septiembre de 2021, dice el comunicado, la CRE realizó una inspección extraordinaria junto con elementos armados de la Guardia Nacional y personal de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
Después de la inspección, las autoridades determinaron realizar una clausura temporal sin ninguna justificación.
“La terminal permanece clausurada desde entonces. Todos los bienes importados y descargados en la terminal antes de la clausura provienen de Estados Unidos”.
La Orden de Clausura es arbitraria, ilegal y completamente inconsistente con extenso intercambio previo de comunicaciones entre Servitux, una empresa organizada bajo la ley mexicana de participación mayoritaria de Monterra Energy, y la CRE.
La empresa presentó toda la evidencia y documentación requeridos durante los últimos dos años. Aunque Servitux ha presentado elementos adicionales desde la fecha de clausura, la CRE simplemente no ha respondido.
Las acciones contra Monterra tuvieron lugar en el contexto de los esfuerzos del Gobierno de México, a partir de 2019, para frenar la importación, almacenamiento y distribución de productos petroleros por compañías extranjeras, a fin de restaurar a la empresa petrolera estatal, Petróleos Mexicanos (Pemex), a la posición de monopolio que tenía hasta las reformas promulgadas en 2013, señala el documento.
Monterra ha presentado múltiples ofrecimientos al Gobierno de México para resolver la situación de manera colaborativa. México ha rechazado todas ellas.
