Este viernes 19 de agosto podrían iniciar las mesas de consulta en el contexto del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), debido a que ya se cumplió el plazo para el establecimiento de este mecanismo de solución de controversias entre los miembros del acuerdo comercial, comentó Fernando Rodríguez Cortina, socio de Arbitraje y Litigios Internacionales en King & Spalding.
De acuerdo con el especialista, el procedimiento si no existe ningún retraso por parte de los miembros está programado para durar 10 meses.
En el panel Arbitrajes y TMEC ¿Lo que veremos en 2023?, dentro de la Semana de los Combustibles 2022, Rodríguez recordó que el 20 de julio Estados Unidos informó a México que inició una solicitud para iniciar las mesas de consulta para resolver controversias, debido a la política energética implementada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El especialista recordó que el plazo para establecer esas mesas es de 30 días, mismo que vence este viernes.
“Se esperan negociaciones muy intensas durante las mesas de consulta, esto procesos duran 75 días, por lo que, en caso de que no se resuelva en esta instancia, el 3 de octubre, Estados Unidos y Canadá pueden pedir un panel internacional para resolver las controversias”, explicó.
La construcción del panel tardará 30 días adicionales, por lo que para principios de noviembre esta instancia debería iniciar su procedimiento de resolución de controversias.
En este caso, dice Rodríguez Cortina, el panel tiene seis meses para resolver, por lo que el dictamen final podría estar listo a principios de mayo del año entrante.
Por su parte, Guillermo García Sánchez, profesor de la Universidad Texas A&M, recordó que las controversias internacionales en el sector energético son comunes en América Latina, al representar 45 por ciento del total, donde los países latinoamericanos, como Argentina o Venezuela, han resultado afectados por las decisiones en su contra.
Mal augurio
Para los especialistas, México tiene pocas probabilidades de salir avante en las controversias presentadas por sus socios comerciales, a lo que se suma que una vez que se resuelva el conflicto entre Estados, las empresas inicien sus propios arbitrajes internacionales contra el gobierno federal.
Claudio Rodríguez, socio en Holland & Knight, mencionó que en el gobierno federal existe un dogmatismo que ha generado un evento histórico, como es la consulta Estado-Estado.
“Lo que realmente preocupa, es que se atraviesa el 15 de septiembre porque habrá un posicionamiento del gobierno federal en materia energética, lo que puede establecer una línea de discusión en materia política. Ese día va a ser muy importante, porque puede que quieran ‘envolverse en una bandera de México y aventarse del Castillo de Chapultepec’ y desconocer el acuerdo y el laudo a nivel internacional sería catastrófico”, advirtió el especialista.
Guillermo García Sánchez advierte que además de las sanciones internacionales, México se enfrentaría a un panorama donde las empresas podrían quedarse en el país, pero no para invertir, sino para disminuir sus pérdidas.
“En caso de que las empresas se queden a negociar, los pilares de la nueva política energética se van a quedar para beneficiar a Pemex y CFE y eso, eventualmente, va a dejar el mercado más chico para los privados, y eso va a causar que inviertan con menos ganas, así como que dejen que se agoten las inversiones que tienen para después irse”, advierte.
El especialista recuerda el caso de la privatización de la industria petrolera en Venezuela, a cargo del dictador Hugo Chávez.
En esa ocasión, rememora García Sánchez, Venezuela tenía 38 contratos petroleros, y 35 de ellos fueron negociados. Las empresas se quedaron en el país, pero ya no invirtieron más.
“Eso causó un atasco, porque Petróleos de Venezuela (PDVSA) no pudo cubrir las inversiones necesarias para mantener a flote la industria”, dijo.
Para el especialista, lo que plantea el gobierno federal es una renegociación forzada de los contratos.
“Ese es el gran riesgo de la industria energética, que son inversiones de largo plazo y ese es el mayor riesgo para México, porque los que vamos a terminar pagando esas consecuencias somos los mexicanos”, señala.
El especialista retomó el caso de BP, pues en los medios recientemente trascendió que la empresa saldrá del país en el área de Exploración y Producción, donde tenía tres contratos de las rondas petroleras.
“Desde el punto de vista de BP, vas a invertir a un país para hacer economías de escala y te limitan. Entonces, decides pagar las multas y salir, porque no vale la pena invertir ahí, porque no vas a ganar”, comentó.