Contradice propuesta de reforma eléctrica al Dip. Manuel Rodríguez

La propuesta de reformas constitucionales en materia de electricidad contradice la declaración del presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Manuel Rodríguez González, en el sentido de que se garantiza la continuidad de la operación de los proyectos privados existentes, expresó esta tarde la industria privada.

“La legislación secundaria inevitablemente tendría que seguir el modelo que se busca consagrar en la Constitución –que limita la participación privada en el sector eléctrico y lo concentra en el Estado–, por lo que resulta desconcertante la noción de que ésta de alguna manera pudiera matizar el enfoque”, dijeron de manera conjunta las Asociaciones Mexicana de Energía Solar (ASOLMEX) y la Mexicana de Energía Eólica (AMDEE).

En voz de Julio Valle, ambos organismos subrayaron que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador establece explícitamente que “el mismo día de la entrada en vigor […] los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad del sector privado, se cancelan”.

Al respecto, consideró que, aunque el texto de la iniciativa afirma que las plantas existentes “podrán seguir generando electricidad”, espera que puedan hacerlo teniendo a la CFE como único cliente posible. Además, la empresa del Estado llegaría a determinar las “modalidades de contrato”, estaría “a cargo de los procedimientos para despachar” y llegaría a determinar “las tarifas de las redes de transmisión y distribución, así como las tarifas para los usuarios finales”.

Hace unas horas, el diputado Manuel Rodríguez afirmó que las inversiones existentes en el sector están garantizadas, ya que con la reforma del Ejecutivo no se cancelarán ninguno de los contratos firmados después de 2013.

Ante ello, la ASOLMEX y la AMDEE estimaron que, incluso si se hicieran ajustes al proyecto de reforma constitucional, eliminando, por ejemplo, la cancelación explícita de permisos, sus efectos generales seguirían siendo expropiatorios.

Argumentó que lo anterior expondría a México a litigios, incluido el arbitraje internacional.

Asimismo, destruiría las posibilidades de la operación continuada de las plantas renovables de México y, más aún, el desarrollo de nuevos proyectos, cancelando -de facto- la transición energética de México.