Se propicia el control del Estado –fenómeno comúnmente asociado con los regímenes autoritarios– sobre una actividad clave de la economía nacional a raíz del madruguete navideño de publicar, sin la debida consulta pública, nuevas reglas para la importación de petrolíferos sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Energía (Sener).
Dice la Sener que la intención es mejorar la seguridad energética del país y fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex). Esto suena excelente, pero hay otro avieso propósito. Las nuevas reglas no plantean dotar a Pemex de recursos o capacidades para operar mejor en el negocio de los combustibles, sino que pretenden asfixiar el mercado de las gasolinas, inhibir o cancelar la actividad de otras operadoras del ramo –que podrían ser aliadas de Pemex o marcas globales– y estatizar esa área de la economía.
Es alarmante el papel que se autoadjudica la Sener, al darse facultades para permitir o frenar las importaciones discrecionalmente, sin establecer criterios claros y justos. A sabiendas de que Pemex no puede cubrir la mayor parte de la demanda nacional con producción propia, la Sener se da la tarea de ir decidiendo, sobre la marcha, quiénes sí y quiénes no podrán importar combustibles y cuándo y cuánto podrán importar.
Se percibe que el plan es ir midiendo cuánto combustible Pemex podrá producir y abastecer y, sobre esa línea base, la Sener irá avalando, modificando o cancelando las solicitudes de importación que presenten los particulares. Esto, al margen de que haya permisos vigentes; éstos, de ahora en adelante, serán por sólo 5 años, en vez de 20, lo cual impedirá que Pemex tenga competidores fuertes.
Esto significa que, en vez de que los particulares vayan adquiriendo e importando combustibles con base en sus necesidades, ahora la Sener es quién va a decirles si pueden o no hacer esas compras. Si la Sener niega la autorización, los particulares tendrán que ver si pueden y si les conviene comprarle a Pemex.
Esto revierte los avances hacia un mercado gasolinero diverso y robusto. Va en contra de la competencia, mercados abiertos, acuerdos comerciales y el sentido común. La Sener podrá incidir en todas las transacciones con base en sus propios cálculos de cuánto ofertará Pemex y cuánto se requerirá importar. ¿Y qué pasa si fallan sus cálculos?
La Sener no tiene manera de conocer, mucho menos calcular con precisión, los requerimientos del mercado. No puede ni debe intentar evaluar las razones por las que una empresa privada define los volúmenes de producto que requiere. En los hechos, se irán elevando los riesgos de desabasto y de fallas sistémicas, ya que Pemex no cuenta con recursos para modernizar y optimizar infraestructura. ¿Cuál seguridad energética?
Se está dando un paso hacia una economía estatal centralizada. Lo que las autoridades hacen hoy con las gasolinas, es previsible que mañana puedan hacer lo mismo con alimentos, medicinas, insumos y componentes industriales, o cualquier mercancía, siempre con el mismo pretexto de la seguridad nacional. Así, se crea incertidumbre para todos los agentes económicos y se desanima, incluso se ahuyenta, a quienes han invertido.
Las decisiones de política energética del actual gobierno revelan tendencias autocráticas, una pesada carga ideológica y propósitos de control político. Al rechazar llamados del sector privado a la conciliación y al trabajo conjunto, el propio Presidente López Obrador busca intencionalmente excluir a los particulares y negarles derechos. Es parte de su obsesión con restituir el monopolio de Pemex como vehículo de control estatal.
Se observa un círculo vicioso de abusos de autoridad y desorden regulatorio en energía, vulnerando el marco constitucional y legal. En consecuencia, se está dando una amplia judicialización de los asuntos del sector. Las implicaciones de todo esto para la economía, para la democracia y para el país son graves.
Artículo publicado hoy en el periódico Reforma. Léalo en el diario en esta liga.
* Analista de la industria energética. Su e-mail: david.shields@energiaadebate.com