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El 29 de junio de 2021, la organización México Justo.Org AC presentó una denuncia por diversas violaciones a los derechos humanos de los habitantes del país por parte del Estado mexicano, ante los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, esto a raíz de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
En conjunto con el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH) con sede en Argentina, México Justo.Org acudió a la Relatoría Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente y a la Relatoría Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, por entender que la Reforma sancionada viola los derechos a la vida, a la salud y a un medio ambiente limpio, sano y sostenible de la población en México.
El 9 de marzo del año pasado, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma a la LIE con vigor a partir del día siguiente.
México Justo.Org coincidió con los señalamientos que se desataron a partir de que el Ejecutivo federal presentara la iniciativa de reformas a la Cámara de Diputados, en el sentido de que dicha reforma modifica el mecanismo de despacho de energía, por lo que elimina la obligación de despachar primero la energía más barata y dando prioridad a las centrales generadoras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que generan la mayoría de la electricidad por medio de combustibles fósiles.
“De esta forma, la reforma prioriza a las plantas de energía más contaminantes para generar electricidad en México y limita la participación de las energías renovables en el sector energético”, expresó la organización bajo la presidencia de Juan Carlos Pérez Góngora.
“Los estándares internacionales de derechos humanos instan a los Estados a adoptar medidas progresivas que permitan la transición a un sistema energético asequible y limpio basado en recursos renovables”.
Juan Carlos Pérez Góngora.
“Está demostrado que la quema de combustibles para generar electricidad contribuye negativamente al cambio climático y tiene efectos perjudiciales para la salud de la población y el medio ambiente. Por ello, los estándares internacionales de derechos humanos instan a los Estados a adoptar medidas progresivas que permitan la transición a un sistema energético asequible y limpio basado en recursos renovables. Y en este sentido, con la Reforma a la Ley de Industria Eléctrica, México ha hecho todo lo contrario”, señaló Pérez Góngora en un comunicado de prensa.
Asimismo, el también ex diputado refirió para Energía a Debate que ambas organizaciones presentaron el pasado 21 de diciembre ante juzgados nacionales un “amicus curiae” para informarles sobre el asunto demandado.
“El tema es esperar en México a que se resuelvan los amparos y a nivel internacional esperar a que puedan generar observaciones o recomendaciones al Estado mexicano”, puntualizó.
Agregó que las dos Relatorías de las Naciones Unidas ya manifestaron su interés en darle seguimiento al tema de los impactos de las reformas a la LIE.
¿QUÉ EXPONEN MÉXICO JUSTO Y EL CLADH?
Los hechos reportados a los organismos internacionales demuestran que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica viola estándares internacionales que México se ha comprometido a respetar.
En virtud del principio de no regresividad en materia ambiental establecido por el Derecho Internacional de los derechos humanos, México está obligado a respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a un medio ambiente saludable a través de medidas progresivas y no regresivas. Sin embargo.
“La reforma tiene carácter regresivo en relación con la protección del medio ambiente pues empeora, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de derechos alcanzada al incrementar el consumo de energías fósiles contaminantes para generar electricidad y limitar las energías limpias y renovables”, advirtió Ricardo Mendoza, director jurídico de México Justo.
Los Principios Marco sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente de Naciones Unidas, presentados al Consejo de Derechos de Naciones Unidas en el año 2018, establecen que los Estados deben prever y facilitar la participación de la ciudadanía en el proceso de adopción de decisiones relacionadas con el medio ambiente y tener en cuenta sus opciones en ese proceso.
Las denuncias presentadas advierten que este principio fue violado por la reforma, pues no fue consultada con la ciudadanía.
Los estándares internacionales de derechos humanos también instan a los Estados a reducir el uso de energías contaminantes y expandir el uso de la energía renovable en el sector eléctrico. La Relatoría Especial sobre el derecho a un medio ambiente saludable ha sido clara al sostener que “los Estados deben reducir progresivamente los combustibles fósiles y sustituirlos por energías renovables para garantizar el derecho a respirar un aire limpio, como componente esencial del derecho a un medio ambiente saludable”.
De igual manera, el Objetivo 7 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas establece que los Estados deben “garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna”. Para ello, “deben reducir el uso de energías contaminantes y expandir el uso de la energía renovable en el sector eléctrico y más allá de él”.
En la misma línea, la Organización Mundial de la Salud incentiva la utilización de energías renovables para mejorar la salud de las personas, más aún en el contexto de la pandemia generada por el virus covid-19.
Sin embargo, Pérez Góngora señaló que esto no está ocurriendo en el país: “Mediante la reforma, México está incumpliendo flagrantemente con la obligación de sustituir las energías contaminantes por energías limpias. Esto generará graves consecuencias para la salud de la población de México y para el medio ambiente”.
Estimó que las organizaciones peticionarias “no podemos ser ajenos a esta situación. Es por eso que acudimos a los organismos internacionales con la esperanza de que se revierta la situación y México cumpla acabadamente con sus compromisos internacionales de derechos humanos. Los atropellos a los derechos más esenciales no deben quedar impunes”.
Los Procedimientos Especiales tienen la facultad de intervenir ante denuncias de violaciones de derechos humanos y enviar comunicaciones a los Estados solicitando información y formulando recomendaciones para prevenir o cesar en las afectaciones de los derechos fundamentales. Las comunicaciones enviadas y las respuestas recibidas de los Estados se consignan en un Informe que se presenta en cada período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
“Esto supone que México puede ser cuestionado públicamente por los organismos más importantes de derechos humanos en materia de salud y medio ambiente. México deberá corregir esta situación para cumplir con los compromisos internacionales asumidos”, señaló Ricardo Mendoza.
Las denuncias requieren a los organismos internacionales que adviertan a México sobre la grave preocupación que las modificaciones a la Ley de Industria Eléctrica generan; soliciten aclaraciones sobre cómo estas modificaciones ayudarán a México a cumplir sus compromisos internacionales en materia de medio ambiente, salud y derechos humanos; y formule recomendaciones.
LAS ORGANIZACIONES DEMANDANTES
México Justo.Org AC es una organización de la sociedad civil que tiene como misión ser un contrapeso decisivo del Poder Judicial para mejorar la calidad de la justicia en México, mientras que el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos es una organización no gubernamental con estatus consultivo especial ante el ECOSOC, que trabaja en la promoción y protección de los derechos humanos en toda América Latina, buscando crear una cultura que tenga como base el respeto irrestricto por los derechos fundamentales de las personas.
