Desarticulación de la reforma energética continúa afectando ambiente de inversiones: FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la desarticulación de la Reforma Energética que está llevando a cabo el presidente de México continúa afectando el ambiente de inversiones y obstaculiza la recuperación económica en el país.

El Directorio Ejecutivo del FMI expresó esta preocupación al autorizar a México la renovación de la Línea de Crédito Flexible (LCF) por dos años más por un monto de 50,000 millones de dólares (mdd).

En la revisión de las calificaciones del país para poder tener acceso a la renovación de la LCF, el Fondo destacó que los cambios en la Constitución para favorecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generan preocupación, toda vez que facilitan la revocación de licencias al sector privado, limitan la capacidad de competencia, afectan la posición de las empresas para hacer reclamos y disuelven a los organismos reguladores.

En octubre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales en materia eléctrica que, entre otros puntos, darían a la Comisión Federal de Electricidad facultades exclusivas en los segmentos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, cancelarían los contratos de compra de electricidad con privados, desaparecerían a los órganos reguladores del sector (Comisión Reguladora de Energía y Comisión Nacional de Hidrocarburos) e reintegrarían al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la CFE.

“Las preocupaciones más amplias están relacionadas con las iniciativas de reformas que se han impulsado generando mayor incertidumbre y alimentando el deterioro de la inversión”.

Fondo Monetario Internacional.

“Las preocupaciones más amplias están relacionadas con las iniciativas de reformas que se han impulsado generando mayor incertidumbre y alimentando el deterioro de la inversión”, expuso el organismo internacional.

Estos puntos, añadió, se suman a la percepción de una independencia erosionada en las instituciones y en la calidad regulatoria.

Respecto a las inversiones, en concreto el Fondo bajo la Dirección de Kristalina Georgieva consideró que el fortalecimiento del clima empresarial aumentaría la productividad y la inversión, esta última debilitada desde 2016, además de que las políticas macroeconómicas se perciben “relativamente restrictivas”, si se considera la holgura de la economía mexicana y las “cicatrices de la pandemia” por el coronavirus.

Subrayó que con la normalización de las políticas fiscal y monetaria de las economías avanzadas, “hay perspectivas a la baja para los países emergentes y para México en particular”.

En este escenario, el FMI calculó un impacto por 27,000 mdd de salidas que representan alrededor del 25% de las “liquidaciones que se han presentado en episodios anteriores”.

El monto de la LCF para los siguientes dos años es 11,000 mdd inferior con respecto a la concedida en la emisión anterior, por lo que bajará también la comisión anual que México pagará por tener abierto este recurso.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) resaltó el viernes pasado que con esta aprobación, el Fondo Monetario Internacional reconoce la solidez del marco institucional de políticas macroeconómicas de México.

“La LCF es un instrumento de carácter precautorio que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa así las herramientas de las autoridades mexicanas para enfrentar condiciones externas adversas y preservar la estabilidad económica y financiera”, dijo la dependencia a cargo de Rogelio Ramírez de la O.

La Secretaría también explicó que, considerando el balance de los riesgos externos, la fortaleza del marco institucional de políticas económicas y el compromiso de mantener la estabilidad económica y financiera, las autoridades mexicanas decidieron continuar con la estrategia gradual y ordenada de salida de la LCF, que se anunció en 2017 y comenzó en 2018.

Detalló que esta estrategia se pausó en 2020 a causa del aumento significativo de los riesgos externos relacionados con la pandemia por la COVID-19.

Aun así, en consecuencia, la Comisión de Cambios autorizó la solicitud de una nueva LCF para el país por dos años más por un monto de acceso equivalente a aproximadamente 50,000 mdd –esto es, 35.6508 mil millones de derechos especiales de giro.