Serían muy pocas las empresas operadoras que participarían en las asignaciones de desarrollo mixto con Petróleos Mexicanos (Pemex) que propone el actual gobierno por la diversidad y, en algunos casos, por la complejidad de algunos yacimientos, además del riesgo país que representa la incertidumbre jurídica que prevalece, consideraron expertos en el sector.
La semana pasada, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, presentó el Plan de Trabajo de la petrolera para el periodo 2025-2030, en el que están contemplados 12 proyectos estratégicos que, con una inversión estimada en 1.6 billones de pesos, garantizarán mantener una producción de 1.8 millones de barriles diarios promedio de hidrocarburos líquidos y gas.
Cabe recordar que las asignaciones son las áreas reservadas para Pemex exclusivamente. Con la nueva figura jurídica de “desarrollo mixto”, la petrolera estatal podrá ir en asociación o contratación con privados. Pero el esquema aún no es claro.
Los campos contemplados en los proyectos estratégicos son Trion, Lakach, Ixachi, Zama, Yaxché, Bakté, Tekel, Kayab, Pit, Ayatsil, Maloob y Cantarell, además de Burgos, un importante yacimiento de gas natural no asociado ubicado en el norte del país.
Kayab, Pit y Tekel, por ejemplo, contienen crudo muy pesado, que representa un gran reto tecnológico para la extracción del recurso.
“Yo no veo a un operador muy experimentado que tenga experiencia en zona marina con aceite tan pesado. […] Para sacar el hidrocarburo del yacimiento a la superficie, no hay uno en el mundo, con petróleo tan pesado como el del Sur”, comentó Alma América Porres Luna, experta en técnica petrolera.
Por el lado de Maloob y Cantarell, agregó, contienen aceite pesado pero, además, presentan otro tipo de problemática porque son campos maduros y requieren de tecnología especializada para la recuperación mejorada, o para extraer el aceite residual y el gas contaminado.
Técnicos, no operadores
Por ello, la también ex comisionada de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), comentó que, en su opinión, la actual administración buscará que Pemex se asocie y contrate con empresas de servicios de ingeniería y tecnología, o de inversión, más que con las grandes operadoras.
“Nada más de ver los proyectos que están considerando, yo no creo que vayan a traer a los grandes operadores. Ese es mi punto”, compartió Porres Luna con Energía a Debate.
Sin embargo, algunos de los campos contemplados en el documento presentado por Rodríguez Padilla el pasado 12 de febrero también incluyen áreas “ya apartadas”.
Es el caso del mega yacimiento gasífero de Lakach, cuyo principal inversionista sería Carso Energía, del Grupo Carso, propiedad del multimillonario Carlos Slim Helú.
Trion, operado por Woodside Energy México, aparece en el mapa oficial pero abarcando gran parte del área de Perdido; es decir, no es solo el campo, sino todo el bloque.
En Burgos, por su parte, operan varias empresas pequeñas como resultado de las rondas petroleras del hace dos sexenios. Pemex actualmente contempla toda el área como uno de sus proyectos estratégicos.
Reglas poco claras
El esquema para las asignaciones de desarrollo mixto se establece que la recuperación de costos para los operadores privados no puede ser mayor de 30 por ciento o, en casos excepcionales, de 40 por ciento anual.
Aunado a ello, Pemex debe mantener un interés de participación no menor al 40 por ciento en cada proyecto; es decir, va a tener las ganancias de lo que se obtenga de 40 por ciento mínimo, pero prácticamente no invertirá.
“Por la participación mínima de Pemex del 40 por ciento y la imposibilidad de que aporte recursos [hacen que haya] proyectos que difícilmente serían económicamente rentables”, compartió una fuente cercana a una de las operadoras.
Es un esquema muy “pro Pemex”, calificó Porres Luna, al menos en exploración de hidrocarburos.
Al respecto, las Leyes Secundarias que actualmente se analizan en el Congreso de la Unión muestran una regulación asimétrica a favor de Pemex, la cual incluso podría tener algunas facultades regulatorias.
En cuanto a las asignaciones de socios o contrataciones, la experta recordó que Pemex será el responsable de llevar a cabo todos los procesos para determinar qué empresa será su socio para complementar sus capacidades técnicas, operativas, financieras y de ejecución, además de definir quién va a ser el operador.
“Pero ahorita todavía no está definido cómo va a ser ese proceso. No es nada transparente esa parte […] Es parte de las incertidumbres que existen en este momento”, lamentó.
Si se van, no regresarán
El día en que Pemex presentó su Plan de Trabajo, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su gobierno revisará los contratos otorgados durante las rondas petroleras derivadas de la reforma energética de 2013.
En misma línea planteada por el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), la mandataria federal acusó que los privados no estaban produciendo hidrocarburos y que no estaban haciendo las inversiones a las que se habían comprometido.
“¿Vas a invertir o no vas a invertir? Y si no vas a invertir, pues regrésalo a la Nación”, amenazó Sheinbaum.
Analistas han dicho que la mayoría de los contratos están en etapa exploratoria y, aunque algunos ya alcanzaron la fase extractiva, aún persisten situaciones ajenas a los operadores, como la presencia de la delincuencia organizada que limita los horarios de operación; problemáticas con algunas comunidades y sindicatos; falta de equipos de perforación, entre otras.
Aunado a ello, de manera más coyuntural, la expedición de las nuevas Leyes Secundarias que traerá cambios en la regulación y la suspensión de plazos y trámites de la CNH que se ligará a otros 60 días, contemplados en la Ley de la nueva Comisión Nacional de Energía (CNE).
Por otra parte, fuentes de la industria comentaron que las grandes operadoras han estado regresando bloques ganados en las rondas petroleras, esto como resultado de la incertidumbre jurídica que surgió durante el pasado sexenio y que prevalece en la administración de Sheinbaum Pardo, principalmente por la insistencia de la prevalencia a las empresas públicas y por las reformas el Poder Judicial.
“Es una decisión que debe ser analizada por sus Consejos de Administración y la decisión de instalarse o irse es definitiva”, compartió Porres Luna.
Personas cercanas con empresas privadas también señalaron que las grandes operadoras, del tamaño de Shell o BP, no regresarían a México incluso si el mercado petrolero se volviera a abrir como antes, al menos no en unos tres años.
Sin transparencia, Pemex no puede generar valor
Por último, Alma América Porres afirmó que mientras Pemex no se defina con mayor transparencia, principalmente en el esquema de desarrollo mixto, difícilmente podrá generar valor, como lo pretende la actual administración.
“Si para este gobierno ‘valor’ es garantizar la accesibilidad de la energía mediante precios justos para la electricidad, con gas y combustibles líquidos, evitando aumentos desproporcionados en términos reales; reforzar la soberanía energética mediante la autosuficiencia en producción petrolera y reduciendo las importaciones; impulsar la transición y la eficiencia energéticas promoviendo las renovables y la electromovilidad y, sobre todo en exploración y producción, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, entonces se requiere inversión, tecnología, compartir riesgos y que exista apertura para que lo puedan apoyar en el desarrollo de sus áreas”, con el cuidado del medio ambiente, expuso.
Añadió que todo ello solo lo puede lograr no con sus asignaciones actuales, sino con las asignaciones de desarrollo mixto, pero con transparencia y certidumbre, concluyó.