Gasolineros advierten sobre riesgos y arbitrariedad en reformas

Redacción / Energía a Debate

La organización de gasolineros Onexpo Nacional expresó preocupación por las nuevas reformas legales que pretenden sancionar conductas involuntarias y no dolosas con la prisión preventiva oficiosa.

La alteración involuntaria y no dolosa de sistemas de medición, de calidad y entrega inferior de los combustibles en las estaciones de servicios son conductas que no deben ser incorporadas en las reformas como delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, advirtió Onexpo.

Su advertencia se refiere al Dictamen de las Iniciativas que reforman y adicionan el Artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y un párrafo del Artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Hidrocarburos, que proponen la prisión preventiva oficiosa para sancionar conductas involuntarias y no dolosas, muchas de ellas de carácter técnico o fallas a consecuencia de la operación cotidiana de las estaciones de servicio.

El Dictamen presentado pretende equiparar las fallas técnicas y alteraciones no dolosas ni intencionales de los sistemas de medición o de la calidad de los combustibles con acciones propias del mercado Ilícito de combustibles, conocido como “huachicol”, sin considerar la dimensión de la afectación, ni tomar en cuenta fenómenos presentes propios del mercado y de las transacciones entre particulares, con bienes propiedad de particulares y que no pertenecen a la Nación ni son parte del patrimonio nacional.

“Las fallas y errores involuntarios y no dolosos de funcionamiento en sistemas de medición –y que las propias autoridades conocen– ocurren y suelen presentarse en el funcionamiento de equipos e instrumentos diversos, entre otros casos por la instalación de sistemas de recuperación de vapores ordenada por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) o por fallas intrínsecas como el desgaste de unidades de medición, disfunciones por descargas eléctricas y otros factores que provocan errores no dolosos en instrumentos sujetos a verificación metrológica oficial”, según Onexpo.

La organización apuntó que el orden jurídico nacional está estructurado mediante regulaciones y normas que prevén y sancionan las conductas indebidas o ilícitas tanto en materia administrativa como penal. De tal manera, el sector de las empresas dedicadas al expendio de combustibles está sujeto a las obligaciones que determinan diversas autoridades, quienes mantienen una permanente vigilancia y supervisión al sector gasolinero.

“Aplicar la prisión preventiva oficiosa a empresarios gasolineros legalmente constituidos –que respetan las leyes y normas– como medida para garantizar la comparecencia de personas imputadas en un juicio, carece de justificación, ya que el imputado no tiene la capacidad de sustraerse de la acción de la justicia, ni manifiesta una conducta que haga presumible su riesgo social, equiparable a la delincuencia organizada, toda vez que las estaciones de servicio en su gran mayoría son sociedades patrimoniales”, señaló.

Onexpo Nacional opinó que sólo mediante el mejor conocimiento y el uso de información de inteligencia y el trabajo en conjunto de todos los sectores involucrados y de diversas instancias y entidades de gobierno, podrá reducirse hasta su total eliminación el robo de combustibles y el mercado ilícito de hidrocarburos líquidos.

Mientras tanto, lamentó que varias de las reformas propuestas puedan resultar en un ejercicio adicional de sobrerregulación, que proyecten incertidumbre y desconfianza.