David Shields / Energía a Debate
Es esencial modificar la redacción del artículo 59 bis de la reforma propuesta a la Ley de Hidrocarburos para que la suspensión temporal o definitiva de permisos quede bien sustentada, fundamentada y justificada en sus motivos, señaló Abril Moreno, vicepresidenta de Asuntos Públicos del Clúster Metropolitano de Energía y socia directora de la Consultoría Perceptia 21 Energía.
“La suspensión no deberá extenderse por más tiempo que el estrictamente necesario para prevenir, disuadir, contener o desactivar los riesgos, amenazas o afectaciones”, opinó la especialista.
Además, la suspensión definitiva solo podrá darse por el reiterado incumplimiento de las obligaciones del permisionario o por haber incurrido en la realización de actos ilícitos, previo laudo del Poder Judicial, expresó Moreno al participar en la Mesa de Diálogo organizada en forma virtual por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados para analizar la iniciativa presidencial.
“No repitamos el error de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de aprobar una legislación que nacerá muerta. Además, es vital no seguir ahuyentando inversiones en un momento de recesión económica,” advirtió Abril Moreno, quien opinó que la reforma propuesta por el gobierno abre las puertas a la discrecionalidad, lo cual es contrario al espíritu de combatir ilícitos y corrupción.
Para que no nazca muerta la reforma, “debe de estar acotada y sustentada al marco Constitucional”, concluyó.
Óscar López-Velarde, abogado del despacho Ritch Mueller, fue más allá y describió el artículo 59 bis como una “atrocidad jurídica”, ya que entraña múltiples violaciones de los tratados comerciales, de protección de inversiones y de los derechos humanos.
Con base en dicho artículo, la suspensión de permisos será una decisión arbitraria de la autoridades, una “expropiación indirecta” al confiscar la infraestructura de terceros. “Ninguna empresa privada va a invertir en infraestructura y no habrá almacenamiento de petrolíferos. Siendo así, el país seguirá estando muy lejos de la seguridad energética que se persigue”, manifestó.
“Todos perseguimos el mismo objetivo de la seguridad energética. El problema empieza cuando nos dividimos en dos bandos”, uno a favor de las empresas estatales y otro en pro de un mercado desregulado. Pero Pemex no ha podido realizar toda la inversión energética que el país requiere y más bien traslada sus ineficiencias a los participantes del mercado, opinó López-Velarde.