El apoyo gubernamental a Pemex

El 6 de diciembre de 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo pública una “estrategia de apoyo en favor de la sostenibilidad de Petróleos Mexicanos”. Conforme a dicha estrategia, la SHCP informó que se han priorizado tres grandes retos estructurales que, desde su perspectiva, “han deteriorado la situación financiera de la Empresa y sus capacidades de producción: i) una alta carga fiscal, muy superior a la de cualquier empresa petrolera en el mundo; ii) un alto nivel de deuda financiera y altos requerimientos de flujo para cubrir el costo financiero, y iii) falta de recursos para ejecutar las inversiones de capital necesarias para mantener los niveles de producción requeridos”. En ese sentido, la SHCP anunció la voluntad gubernamental de conseguir tres objetivos:

• Reducir la carga fiscal de la Empresa. En específico, la disminución del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) de 52% a 40%;
• Reducir la deuda de Petróleos Mexicanos a través de aportaciones patrimoniales del Gobierno Federal, utilizando excedentes de liquidez;
• Reducir el riesgo de refinanciamiento de Pemex utilizando y potenciando aportaciones patrimoniales del Gobierno Federal para operaciones de manejo de pasivos.

“Apuntalar el apoyo económico con medidas de índole institucional colocaría con mayor vigor a Pemex en el sendero de la sustentabilidad de largo plazo”.

En ese contexto, Petróleos Mexicanos anunció una operación de recompra y manejo de pasivos, enfocada principalmente “en la parte corta y media de la curva de rendimientos de la Empresa, con los objetivos de reducir el riesgo de refinanciamiento y el monto de la deuda”. Asimismo, se dio a conocer que el Gobierno haría una aportación patrimonial hasta por 3,500 millones de dólares.

Adicionalmente, se informó de la reformulación del Plan de Negocios de Pemex (la cual se dio a conocer el 28 de diciembre) para fortalecer su posición financiera en el mediano y largo plazo, así como para prepararla frente a los retos futuros del sector; la implementación de mecanismos y estructuras financieras que permitan la coinversión en proyectos de exploración y extracción de crudo y el mejoramiento de la estructura de la deuda de la Empresa Productiva del Estado (recién se informó de su reducción en 3,200 millones de dólares), y modificaciones en la estructura corporativa y la Dirección de la Empresa, “encaminados a lograr la consecución de los objetivos planteados, así como lograr los consensos necesarios dentro y fuera de la Empresa para estos fines.”

Además de estos apoyos fiscales, financieros y presupuestales, tal vez sería un buen momento para que el Gobierno y su mayoría legislativa plasmaran en el marco jurídico del sector de hidrocarburos algunos elementos centrales de la política petrolera que, por el momento, se han implementado a partir de medidas coyunturales. Por ejemplo:

• Eliminar el carácter excepcional de las Asignaciones e incorporar consideraciones geopolíticas y de seguridad nacional en la arquitectura y dinámica sectoriales.
• Establecer que el otorgamiento de Asignaciones a Pemex no debe necesitar la opinión favorable de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
• Precisar que la producción nacional de petróleo, pública o privada, tendrá como destino primordial, satisfacer las necesidades de la demanda interna.
• Puntualizar que las alianzas entre Pemex y otras empresas petroleras se harán privilegiando los sitios donde sean necesarias para compartir riesgos geológicos, tener acceso a nuevas tecnologías, formar cuadros técnicos, mejorar la capacidad de gestión o aprender a operar en condiciones geológicas distintas a las de nuestro país.
• Permitir que las alianzas de Pemex sean aprobadas exclusivamente por su Consejo de Administración, conforme a los criterios de idoneidad del potencial aliado, transparencia en el proceso y rendición de cuentas que el mismo Consejo emita.
• Mandatar que el crudo que corresponda al Estado mexicano, en los contratos de producción compartida, sea comercializado exclusivamente por Pemex a través de su filial PMI.

Apuntalar el apoyo económico con medidas de índole institucional colocaría con mayor vigor a Pemex en el sendero de la sustentabilidad de largo plazo.