El mito de la propiedad

Uno de los grandes mitos alrededor del asunto energético en México es la falsa idea de que si una central eléctrica es propiedad del Estado (sea cual sea la forma), esto le da seguridad energética al país y garantizará bajos costos.

Para que esto suceda, tiene que darse una serie de cosas, entre otras:

1.- Que el Estado cuente con los recursos necesarios para llevar a cabo la operación y mantenimiento adecuados de cada una de las máquinas, tanto en cantidades, calidad, tiempo y forma.

2.- Que para el Estado sea una prioridad el buen funcionamiento de esas máquinas.

3.- Que uno de los objetivos sea ser lo más eficiente posible, lo que abarca los costos en recursos humanos, materiales y muchos más.

¿Cuál es el problema de que el gobierno, al menos de forma directa, sea quien opere estas máquinas? Básicamente son tres: Que el Estado no necesariamente cuenta con todos los recursos de forma oportuna, que puede haber otras prioridades distintas a la buena operación de las máquinas y, finalmente, que la eficiencia no es necesariamente un objetivo de un Estado, menos uno tan politizado.

Ojo, esto no es culpa ni responsabilidad de un régimen de gobierno en particular, sobre todo de años recientes, sino de una larga tradición heredada desde el siglo pasado.

La consolidación del régimen revolucionario significó la creación de centrales obreras que se volvieron los controladores de facto de casi todos los sistemas de producción. El problema es que estos controladores tienen objetivos distintos al del buen funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, tener control presupuestal, de plazas, mayores ingresos y prestaciones para sus agremiados, incluso control electoral.

“La consolidación del régimen revolucionario significó la creación de centrales obreras que se volvieron los controladores de facto de casi todos los sistemas de producción”.

Imagine esto. Si la empresa quiere abrir una nueva central, el objetivo normal sería que fuera eficiente, competitiva, rentable. Pero si hay intereses políticos detrás del proyecto, el objetivo puede ser dar trabajo a más personas, garantizar que haya el mayor ingreso para ellas, poder hacer negocios con las compras, “al fin que el gobierno paga”.

Hace algunos años, en un foro del sector energético, un estudiante preguntó por qué llegaban tantas empresas energéticas a México y crecían tanto y tan rápido. La respuesta fue interesante: porque cualquier empresa medianamente seria podía ser competitiva frente a la empresa del gobierno, atada a tantos intereses políticos.

Y no es casualidad que los PIE (Productores Independiente de Energía) o los proyectos de subasta sean dramáticamente más competitivos que la empresa del Estado. Esto se debe a que las privadas no cargan con todo el peso político que la empresa del Estado.

Esa fue la intención de crear las “empresas productivas del Estado” que, más allá de terminar por ser un oxímoron, intentaron redirigir los objetivos de las empresas para que fueran competitivas.

Eliminar el objetivo de hacerlas productivas, reintegrarlas al Estado de forma total, significa someterlas a intereses distintos a los del ciudadano (energía limpia, barata y segura), para someterlas a intereses de políticos o sindicales, lo que sin duda afectará la competitividad de México, afectando el empleo y desarrollo futuros.

Y es posible que las centrales terminen siendo mayoritariamente del Estado, pero sin garantizar su disponibilidad ni eficiencia, como sucedió el pasado 4 de mayo con las plantas generadoras de la empresa del gobierno, en mantenimiento invernal en pleno mayo. Y ya sabe usted cuál fue la utilidad de ello.

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