El trastorno de la soberanía energética

El 2022 representa el tercer año de la pandemia de COVID-19 y el panorama de incertidumbre sobre si estamos llegando al final de ella o no todavía persiste. Los desafíos propios y ajenos para que los motores de la economía nacional se reactiven no son menores. Uno de ellos está relacionado con la constante presión que se experimentará durante el año en los precios de algunos energéticos y su posible impacto en la inflación en nuestro país. El descontento popular no es algo que sea relevante para Palacio Nacional, siempre que no se traduzca en costos electorales.

Es en este contexto en el que, por un lado, el titular del Ejecutivo –fiel a su estilo– propone un decálogo de objetivos para que Petróleos Mexicanos sea pilar de su visión de soberanía energética y, por el otro, se discute en Parlamento Abierto la propuesta para modificar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales para regresar al pasado la organización industrial del subsector eléctrico nacional. Para el espectador externo, la situación debe tratarse de una verdadera comedia trágica.

¿Por qué un país con vastos recursos para desplegar una industria eléctrica basada en la generación renovable está discutiendo la posibilidad de darle la espalda?

¿Por qué un país con vastos recursos para desplegar una industria eléctrica basada en la generación renovable está discutiendo la posibilidad de darle la espalda? México forma parte de Norteamérica, una región que con solo el 6.5 por ciento de la población mundial produce cada año un flujo de bienes y servicios equivalente al 27 por ciento del producto interno bruto mundial. ¿Cómo es que esa misma nación persigue la integración comercial, cultural y de movilidad de personas, mas no la de la evolución de una industria energética moderna y limpia?

La industria de hidrocarburos todavía tiene un papel fundamental qué jugar en la transición de sistemas energéticos a nivel mundial. La mayor parte de la demanda por sus productos serán utilizados en procesos de no combustión. Y esto ocurre porque la demanda por derivados de la petroquímica, especialmente plásticos, seguirá incrementándose de aquí a 2050. Por tal motivo, la industria de refinación a nivel internacional está reconfigurando sus inversiones hacia líneas de negocio en petroquímica. Pero nosotros no. En México, la propuesta es seguir produciendo gasolinas, producto en el cual PEMEX Transformación Industrial pierde dinero y contamina. Ni hablar de los efectos macroeconómicos negativos, el riesgo cambiario o el impacto en la gestión de la deuda de PEMEX que conllevará la cuestionable empresa de no exportar crudo en aras de conseguir la autarquía en gasolinas.

Es correcto que el decálogo de PEMEX incluye el supuesto fortalecimiento de una familia de productos petroquímicos: los fertilizantes. Pero se trata de un mandamiento estéril que carece de visión estratégica, ya que no existe un plan para asegurar ni la producción ni el abastecimiento de la materia prima requerida: el gas natural.

Por si fuera poco, no basta con despilfarrar recursos públicos en la consecución del ideal onírico petrolero del titular del Ejecutivo. También se busca autoinflingir heridas en la columna vertebral de la economía mexicana: la industria eléctrica. Eso es la conclusión del estudio presentado hace un par de semanas por el National Renewable Energy Laboratory (NREL) del Departamento de Energía de los Estados Unidos. En él se evidencian los impactos potenciales en el Sistema Eléctrico Nacional de los cambios propuestos que conducirían a un nuevo esquema de despacho eléctrico y la preponderancia de la Comisión Federal de Electricidad en el mercado eléctrico. En el peor de los escenarios, el incremento anual en los costos de generación es del 53 por ciento, mientras que el incremento anual en emisiones de bióxido de carbono y de dióxido de azufre es del 65 y 256 por ciento, respectivamente.

La respuesta sobre si la reforma presentada por el presidente es en beneficio de los mexicanos no podría ser más contundente. No solo por el estudio del NREL o por la presentación de datos y evidencia de distintos especialistas en el Parlamento Abierto. Los descalificativos y la chapucería continuarán desde Palacio Nacional y por medio de sus acólitos, pero la política energética de esta administración, al igual que su trastorno de soberanía energética, está destinada a encontrar el fracaso cuando la realidad la alcance.