De no aprobarse la reforma constitucional en materia de electricidad, este sector quedará en manos de cuatro fondos de inversión internacionales que son propietarios de las empresas extranjeras que operan en el país, advirtió Manuel Bartlett Díaz.
Por ello, consideró como necesario nacionalizar este sector mediante los cambios a la Carta Magna.
El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) justificó así que la iniciativa busca reformar la Constitución para garantizar, entre otras cosas, que se puedan electrificar importantes zonas del país, de ahí que consideró que se debe nacionalizar el sector eléctrico.
“Los propietarios de esas cuatro empresas son los fondos internacionales, que es además un poder oculto que nadie conoce”, dijo el directivo durante el cuarto foro de Parlamento Abierto para discutir la reforma constitucional en material eléctrica, organizado por la Cámara de Diputados.
“Estos fondos pueden tranquilamente decidir que el desarrollo de la frontera mexicana (…) no electrificar la frontera porque mejor que los mexicanos reciban la energía de California o de Texas”, expuso.
“En cambio, con una industria nacional, nacionalizada por el Estado mexicano, que además es de ustedes también, (se evitará eso)”, respondió Bartlett Díaz a un cuestionamiento por parte de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
José Abugaber, presidente del Consejo Directivo de Concamin, había expresado que, para corregir los errores de la reforma energética de 2013, de donde derivaron los contratos privados legados a partir de la figura de sociedades de autoabastecimiento, una modalidad muy criticada por la actual administración, no era necesario ir al texto constitucional.
“No es necesario hacer un cambio a la ley como lo están haciendo, a la Constitución”, dijo el empresario. “A la ley sí, pero a la Constitución no”, reiteró, a lo que remató: “No porque hay algunas manzanas podridas se va a cortar el árbol”.
Manuel Bartlett ha asegurado en varias ocasiones que son las empresas privadas, especialmente las de origen extranjero, quienes han dañado a la CFE, le han robado y la tienen amarrada con contratos ventajosos, o “leoninos”.
En un tono más conciliador, el directivo aseguró que desde su origen, la empresas estatal ha electrificado al país y a los industriales. “La Canacintra existe por la CFE”, dijo a Abugaber. “Es su empresa, es la empresa de los industriales mexicanos”, agregó, “por lo que los industriales deberían defenderla”.
Anteriormente, ante un cuestionamiento por parte de la diputada Blanca Alcalá, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sobre qué va a pasar el primer día después de que entre en vigor la reforma, en caso de que sea aprobada, Bartlett Díaz descartó que vaya a haber un apagón.
“No va a haber ningún apagón”, respondió contundente el titular de la CFE. “Ese mismo día, el Estado toma el control del Sistema Eléctrico Nacional” y añadió que en los artículos transitorios se especifican todas las medidas a tomar sin necesidad de esperar a que se generen y aprueban leyes y reglamentaciones secundarias, tal como sucedió cuando se aprobó la reforma energética de 2013 y 2014.
Previamente, Adrián Olvera, director general de la empresa productiva subsidiaria CFE Generación V, expuso que actualmente son 243 centrales que están bajo la modalidad de autoabasto que engloban a 773,767 socios, los cuales –de acuerdo con Olvera– en realidad son clientes.
“La afectación económica para la CFE debido a estas sociedades se estima en 10,000 millones de pesos por año”, agregó.
“Gozan de un despacho privilegiado que no está sujeto a los criterios de costos variables de despacho económico; se benefician de la tarifa de porteo tipo estampilla a costa del resto de los generadores que usan la red eléctrica y que sí la pagan”, expuso en su participación inicial.
También señaló que de esas 243 centrales, 72 son renovables y ninguna participa con servicios conexos, lo cual provoca inestabilidades en el sistema.
En este cuarto foro también participaron, en la parte a favor de la iniciativa presidencial, Ricardo Mota Palomino, director general del Cencace, y de la parte en contra, Eleazar Castro, especialista en temas energéticos y académico de la UNAM.