Ulises Juárez / Energía a Debate
Con 304 votos a favor, 179 en contra y 4 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde en lo general el Dictamen que reforma la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a finales de enero pasado.
En la sesión semi-presencial, el Dictamen fue aprobado en lo general, para lo cual se recibieron 412 reservas.
Al final de la discusión, que tuvo una duración aproximada de cinco horas, se aprobó que el despacho eléctrico consista, en ese orden, en la entrega de la energía producida por las centrales hidroeléctricas; la energía de otras centrales propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); energía eólica y solar fotovoltaica propiedad de particulares y, al final, la energía de los ciclos combinados de privados.
Asimismo, la Cámara de Diputados, con mayoría del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aprobó la propuesta del presidente López Obrador consistente en que los permisos de generación que otorga la Comisión Reguladora de Energía (CRE) estén sujetos a criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que emita la Secretaría de Energía (Sener) a cargo de Rocío Nahle García.
Los legisladores también aprobaron que el otorgamiento de los Certificados de Energía Limpia (CEL) no dependerá de la propiedad ni de la fecha de entrada en operación comercial de las plantas, tal como lo solicitó en su iniciativa el jefe del Ejecutivo.
Los diputados dieron su aval de la misma manera para que se elimine la obligatoriedad de la CFE, a través de su subsidiaria CFE Suministro de Servicio Básico, de adquirir energía solo a través de las subastas eléctricas.
El Dictamen de ley, en sus artículos transitorios, otorga un plazo máximo de 180 días, contando a partir de la fecha de entrada en vigor del Decreto, para que la Sener, la CRE y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) realicen las modificaciones que sean necesarias a todos los Acuerdos, resoluciones, lineamientos, políticas, criterios, manuales y demás instrumentos regulatorios expendidos en materia eléctrica, con el objetivo de alinearlos con la nueva Ley.
Respecto a los contratos de compra-venta de energía entre la CFE y los productores independientes de energía (PIE), se aprobó que sean revisados para verificar su “legalidad” y que cumplen con el principio de mayor rentabilidad para la empresa pública. En caso de que no cumplan con ambos requisitos, serán renegociados o terminados en forma anticipada.
En cuanto a los permisos de autoabastecimiento, serán revocados aquellos que se encuentren en caso de “fraude a la ley”.
Posturas en contra
Previo a la discusión, el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó las mociones suspensivas que solicitaron el diputado Fernando Galindo Favela del PRI y de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez del PRD que proponían devolver el dictamen a la Comisión de Energía, para un mayor análisis.
Galindo Favela protestó porque se violentó el procedimiento legislativo al no permitir a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad emitir y discutir su opinión.
Por su parte, la perredista Esparza Márquez precisó que las consecuencias del dictamen son jurídicamente inviables por entrar en contradicción con preceptos constitucionales vigentes, contravenir tratados y convenios internacionales.
El también priista, diputado Enrique Ochoa Reza, subrayó que la ley es inconstitucional porque no permite la libre comercialización a la que tienen derecho los habitantes e inversionistas.
Asimismo, cuestionó que para su discusión no se hayan incorporado las observaciones de y recomendaciones de la SCJN y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
“Cómo es posible que piensen que hacen un trabajo honorable para el país, si no incluyen los argumentos constitucionales que la SCJN hizo públicos. Para lograr una normatividad que apoye a las energías renovables y un sistema eléctrico nacional que se traduzca en mejores costos año tras año para la población se requiere revisar esta iniciativa preferente”, preguntó en tribuna Ochoa Reza.
En su oportunidad, el diputado Hernán Salinas Wolderg del PAN consideró que el dictamen discutido erosiona la confiabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional y la confianza en México como un país donde se respeta el Estado constitucional de Derecho.
Argumentó que la reforma, la cual calificó como un “capricho presidencial”, además de ser dañina para la economía y el medio ambiente, es inconstitucional. Por ello, advirtió que caerá ante la Suprema Corte para una controversia.
Al tomar el micrófono, la diputada Mónica Almeida López del PRD criticó que el dictamen cumple la reiterada pretensión y anhelo de la CFE y la Sener para excluir a las energías renovables de la generación de energía eléctrica, ello en contravención al derecho a un desarrollo limpio y sustentable de las y los mexicanos.
Sostuvo que la iniciativa es claramente “anticonstitucional, violatoria de los tratados internacionales, representará la fuga de inversiones y nos hundirá más en esta crisis económica”.
La Cámara de Diputados informó que la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, recibió 412 reservas, referentes al contenido del proyecto de decreto en proemio, antecedentes, contenido de la iniciativa, consideraciones, así como los artículos 3, 4, 12, 26, 35, 53, 101, 108 y 126, y los artículos transitorios primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.
La Cámara deberá remitir al Senado de la República el Dictamen con las reformas a la LIE a más tardar el martes de marzo para su discusión, votación y, en su caso, aprobación en su calidad de cámara revisora.