En riesgo el TMEC por reforma judicial, advierten expertas

(Jorge Sepúlveda, de la BMA; Mariana Campos, directora de México Evalúa, y Ana Lilia Moreno, coordinadora de Regulación y Competencia)

Las reformas al Poder Judicial propuestas por el presidente de la República podrían poner en riesgo el tratado comercial de América del Norte y la competencia económica en México, advirtieron especialistas.

Mariana Campos, directora general de México Evalúa, expuso que la reforma atenta contra al menos tres capítulos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TMEC), que son el 14 relativo al trato equitativo a las inversiones de los países socios; el 23 referente al tema laboral, y el 27 relacionado con las políticas anti-corrupción.

“Todos estos capítulos necesitan de tribunales que sean independientes e imparciales”, subrayó.

Refirió que la independencia de los jueces impacta de manera positiva en la atracción de inversión extranjera directa (IED), por ejemplo. Al respecto, dijo que en 2022, 46.46 por ciento de la IED era reinversión de utilidades, lo que significaba que estaba llegando al país inversión nueva.

Sin embargo, al primer semestre de 2024, la reinversión de utilidades de elevó al 97.4 por ciento.

“Esto significa que aunque esta inversión crezca, no está llegando nueva inversión […] Entre mejor se resuelvan los conflictos de los contratos, entre más independencia judicial haya, va a haber más IED”, concluyó.

Por su parte, Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa, recordó que actualmente están detenidas inversiones por unos 10 mil millones de dólares tan solo en infraestructura de unos 30 parques de generación eoloeléctrica por diversos temas regulatorios y de permisos no resueltos.

En telecomunicaciones, añadió, existe una deuda que asciende a los 33 mil millones de pesos a proveedores de una empresa que fue absorbida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el proyecto Internet para Todos. El problema es que la Comisión ofreció a los acreedores el pago de solo 10 por ciento del monto adeudado total, por lo que el caso ha llegado a tribunales.

“Hay vulnerabilidad ante la incertidumbre jurídica en el país”, aseguró.

En conferencia de prensa, Moreno también recordó que el capítulo 32 del TMEC habla sobre que las partes firmantes –Canadá, Estados Unidos y México– se comprometen a no firmar acuerdos de libre comercio con economías de no mercado.

En este sentido, consideró que si la degradación institucional de México llega a ser tal que el país pudiera catalogarse como una economía de no mercado o en vías de no mercado, nuestros socios tendrían argumentos para salirse del tratado e imponer aranceles conforme a la organización Mundial de Comercio (OMC).

Cabe recordar que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, correspondiente a la administración de Andrés Manuel López Obrador, planteó que “el mercado no sustituye al Estado” como lema para fortalecer la participación de las empresas públicas Petróleos Mexicanos (Pemex) y CFE en el sector energético nacional, reduciendo con medidas regulatorias y normativas las inversiones y actividades de privados nacionales y extranjeros, una acción que derivó en la judicialización del sector y en controversias con los gobiernos estadounidense y canadiense en el marco del TMEC.

Este lema ha sido retomado por la futura presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

“El simple hecho de no tener tribunales imparciales y competentes para resolver conflictos destruye las bases fundamentales para el funcionamiento de un mercado”, apuntó Ana Lilia Moreno.

Al respecto, Jorge Sepúlveda, abogado y consejero de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, cuestionó el tipo de país que desea recibir Sheinbaum Pardo.

Al referirse al nearshoring, recordó que los tres elementos que lo han condicionado son el abasto suficiente de agua, de energía y garantías de seguridad pública. A estos retos se suma la inseguridad jurídica.

Al final de cuentas, las decisiones de los jueces impactan en los consumidores, agregó.

“¿[Quiere] un país donde haya futuro, o con un futuro incierto?”, volvió a preguntar.

Llamado a legisladores

Los expertos coincidieron en que es mejor que los legisladores tomen su tiempo para analizar la iniciativa de reforma en su contenido y consecuencias, escuchar a todas las voces, en vez de precipitarse en aprobarlas.

A pregunta expresa sobre la posibilidad de que esta reforma, una vez aprobada y promulgada, sea llevada tribunales para impugnarla, Claudia Aguilar, abogada y socia directora del Despacho Aguilar Barroso y Asociados, dijo que en todo caso se buscarían instancias internacionales pero aclaró que la idea es evitar que la reforma se apruebe tal como está planteada, sin escuchar a los demás involucrados.

“La atención internacional está puesta aquí”, dijo por su parte María Emilia Molina, magistrada y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras.

(Claudia Aguilar, directora de Aguilar Barroso y Asociados; Susana Camacho, co-cordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, y María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras)