Promueven "México Energía" para impulsar la Transición Energética

Ulises Juárez / Energía a Debate

Se llevó a cabo el seminario virtual “Impactos de las Reformas a las Leyes de la Industria Eléctrica y de Hidrocarburos en los mercados energéticos en México”, un ejercicio de comunicación con la sociedad y tomadores de decisiones como parte de las actividades para impulsar el proyecto “México Energía: Por un Bienestar Sustentable”.

El proyecto es una profunda investigación y un amplio análisis para determinar los efectos de un despliegue de energías renovables sobre las variables macroeconómicas en México, un esfuerzo conjunto de Iniciativa Climática de México (ICM), la organización alemana Agora Energiewende y el Centro de Investigación y Desarrollo Económicos (CIDE).

“Creemos en la inserción de la Transición Energética como un vector para la inclusión social y la prosperidad a largo plazo, que es fundamental para establecer cómo las energías renovables ofrecen grandes oportunidades económicas, en especial para nuestro país”, dijo al inicio del seminario Juan Rosellón, profesor investigador titular de la división de Economía del CIDE.

Consideró que los recientes procesos de transformación política en México implican momentos cruciales de riesgo y oportunidad. “Cuando se trata de la transformación energética, algunos gobiernos pueden estar influenciados por fuerzas en gran medida reaccionarias, pero también incluyen instituciones e individuos que favorecen reformas progresivas de las políticas, económicas y ambientales”, agregó.

Respecto al proyecto “México Energía”, señaló que se pretende analizar el desarrollo sostenible y verde en México basado en sus enormes dotaciones de energía renovable. “Nuestro estudio busca modelar y cuantificar los beneficios socioeconómicos comparativos de distintas estrategias nacionales. El enfoque de nuestro análisis es maximizar el bienestar social”.

Por su parte, Philipp Hauser, socio senior de Agora Energiewende, se congratuló porque los esfuerzos como el Proyecto “México Energía” demuestran que México va hacia una economía sostenible, con energía limpia, buscando el desarrollo y la inclusión social.

“La construcción de una economía sostenible también es un buen camino para el desarrollo social, para la inclusión social”, aseguró.

En su turno, durante la inauguración del seminario, Daniel Chacón Anaya, director de Energía en ICM, refirió que el mundo actualmente se dirige a una economía de cero carbono, por lo que ya es necesario hacer cambios radicales en las matrices energéticas de los países.

“Es innegable que el mundo se dirige hacia una energía que no produzca los gases de efecto invernadero; es decir, vamos a un mundo de cero carbono y ya se han fijado metas la mayor parte de las naciones desarrolladas, muchas de ellas para el 2050”, subrayó.

“Esto significa que desde el punto de vista de la energía tengamos que hacer cambios, yo diría, radicales en nuestras matrices energéticas”, asentó.

Durante el seminario, expertos en distintas ramas de la energía coincidieron en el deseo de que los recientes cambios a la Ley de la Industria Eléctrica y a la Ley de Hidrocarburos, que ya han desatado amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, no representen la “judicialización” del sector energético.

Por el contrario, dijeron, la ciudadanía deberá buscar espacios en el marco jurídico para el desarrollo de las energías limpias con base en la información producto de una mejor comunicación por parte de los actores del sector.

“Es una pena que la política energética se pudiera judicializar”, dijo Marco Antonio de la Peña, coordinador de la Comisión de Energía de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en su participación en el seminario.

“Yo creo que cualquier ciudadano, cualquier inversionista, debemos de buscar, por un lado, espacios que no estén afectados (por las reformas a las leyes), como la generación distribuida y el abasto aislado”, sugirió.

Previamente, Guillermo García Alcocer, profesor de tiempo completo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), previamente advirtió que las acciones jurídicas en contra de las nuevas disposiciones en ambas leyes, concretamente la de la Industria Eléctrica, van a continuar, de manera que los actores y consumidores debemos promover más energías limpias para que menos plantas “sucias” entren en operación.

“Es mejor generar valor y crear valor que estarnos desgastando en o ponernos de acuerdo”, propuso.

“El proceso judicial va a proseguir por su propio camino, van a ser años”, agregó. “El llamado es (que) busquemos herramientas en donde no se está en litigio hoy día (…) la generación distribuida va a ser toral en todo este proceso; cuando te das cuenta que con la LIE lo que va a prenderse son las plantas más ineficientes y más caras, que vamos a tener intermitencias, pues un llamado a apoyar al sector energético nacional porque en la medida que entren más generaciones distribuidas, menor presión va a haber para prende esas plantas más ineficientes”, expuso el también ex comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Montserrat Ramiro Ximénez, global fellow del Wilson Center de Estados Unidos, adelantó que el Estado mexicano contará con menos recursos si es que los amparos al interior del país trascienden a litigios y arbitrajes internacionales.

“El efecto para nosotros los mexicanos es que el Estado va a contar con menos recursos para poder compensar a estas empresas que tienen todo el derecho de recibir las compensaciones”, subrayó la también asesora independiente en temas eléctrico y de renovables.

También cuestionó la información que el sector público está proveyendo a la ciudadanía acerca de la situación del sector energético. “Para mí eso es lo más preocupante: Por una razón de política, cómo la población recibe información que no es cierta ni es verificable, y sin embargo, no hemos sido los interesados en esto suficientemente claros para que la población pueda tomar decisiones mucho más fáciles en términos de lo que implica para sus vidas diarias los cambios que se han propuesto”, afirmó.

En su turno, Santiago Arroyo Seguedo, CEO de la empresa Ursus Trade & Consulting y analista del segmento de los combustibles, insistió no solo en que el sector se está judicializando, sino también la regulación del mismo.

“Estamos en un contexto de regulación judicializada, tenemos tristemente una Comisión Reguladora de Energía omisa, ausente, no existe en los hechos. Y toda esta regulación la está tomando los tribunales. Eso en un entorno de mercado es una aberración”.