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Entre los principales riesgos que ve la International Chamber of Commerce México (ICC) para la revisión del TMEC, que iniciará en julio del año que entra, se encuentra la ausencia de un capítulo energético que regule la actividad entre México, Estados Unidos y Canadá.
En septiembre de este año, los tres países iniciaron un periodo de consultas para recibir comentarios, pruebas y sugerencias para llevar a la mesa de revisión.
En este sentido, ICC señaló que persisten tensiones por la ausencia de un capítulo específico de energía.
“ICC propone incorporar reglas para comercio eléctrico, impulsar la electromovilidad y garantizar certidumbre jurídica para inversiones renovables”, detalla.
Sin embargo, ICC no ha sido el único organismo en expresar sus preocupaciones y quejas en materia energética.
El pasado 5 de noviembre, el Instituto Petrolero de Estados Unidos (API, por sus siglas en inglés) solicitó al gobierno de los Estados Unidos que, en el marco de la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, la administración Trump resuelva las “persistentes violaciones de México” en el sector hidrocarburos.
El organismo que concentra a alrededor de 600 empresas del sector hidrocarburos de Estados Unidos, dijo que el cambio en las políticas energéticas, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se orienta hacia la centralización y la concentración de actividades en el gobierno, “demostrando una insuficiente dedicación a la defensa de la igualdad ante la ley y el respeto a la propiedad y las inversiones de capital”.
Solicitudes adicionales
ICC también solicitó a los tres países integrar obligaciones mínimas ambientales compartidas, a través del fortalecimiento de los mecanismos de cumplimiento y asegurar que los procesos de consulta y participación social permanezcan vigentes.
“Un marco ambiental robusto ayudará a atraer financiamiento verde y consolidar a la región como líder en sostenibilidad”, detalló el organismo.
En este mismo sentido, pidió elaborar un marco trilateral para desarrollo regional y financiamiento sostenible, así como impulsar la certidumbre jurídica y respeto al Estado de Derecho como principio explícito en el tratado.
Finalmente, recomendó impulsar el fomento a la inversión automotriz, en el sector de semiconductores, energías limpias y nearshoring.
