España solicita su salida de tratado energético europeo

Un tribunal internacional de arbitraje de inversiones otorgó la razón a una objeción presentada por España en torno al Tratado de Estatutos sobre Energía (ECT, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea (UE), al considerar que dicho documento amenaza el cumplimiento de los objetivos climáticos de la región.

El gobierno español exigió el martes de esta semana que la UE renuncie a ese tratado porque pone obstáculos al cumplimiento de las metas climáticas del Acuerdo de París, así como de los objetivos del Pacto Verde Europeo.

Es la primera vez que un estado europeo solicita públicamente salir del Tratado, al que están acogidos 54 estados, por lo que la decisión del tribunal internacional es considerada como una vitoria para las energías renovables.

El ECT fue firmado por 53 países miembros de la Unión en 1994 y entró en vigor en 1998, sustituyendo y actualizando otros mecanismos de cooperación energética regionales previos.

Entre otros objetivos, el ECT busca la protección de las inversiones en la Eurozona; garantizar la no discriminación para el comercio de materiales y productos relacionados con la energía, así como de las instalaciones transfronterizas como ductos y redes eléctricas; resolución de disputas entre los estados participantes y, en el caso de las inversiones, entre inversionistas y estados-huéspedes, y la promoción de la eficiencia energética y los esfuerzos para minimizar los impactos de la actividad energética.

Nacido después de la era de la Guerra Fría, el ECT buscaba el impulso a la energía en la región, principalmente mediante la construcción de plantas carboeléctricas y más ductos de gas natural, también con el ánimo de apoyar a la recuperación de las repúblicas ex soviéticas recientemente independizadas.

La UE ya ha realizado algunos esfuerzos para cambiar los Estatutos del tratado, con el fin de alinearlos con los objetivos ambientales del bloque, pero no ha habido avances.

En diciembre de 2020, año de la pandemia por el COVID-19, ministros de los 54 países miembro se reunieron de manera virtual para intentar llegar a un acuerdo para realizar cambios en el ECT encaminados a eliminar las protecciones a los combustibles fósiles, pero no llegaron a ninguna resolución.

De acuerdo con expertos, el problema central para los países de la UE es que el Tratado permite que las empresas privadas demandar a los gobiernos de los estados firmantes por daños y perjuicios si el valor o las ganancias futuras de sus inversiones se ven afectados por la nueva legislación.

Lo peor es que los privados pueden demandar a los países del bloque por otros 20 años, según una cláusula el Tratado.

Así, por ejemplo, cualquier ley que ordene el cierre de centrales eléctricas con base en carbón puede impugnarse como una “expropiación indirecta” y costar al gobierno que la aplique miles de millones de euros.

Por lo pronto, los 54 miembros del ECT se reunirán el viernes de esta semana para concluir formalmente las conversaciones de la reforma.