Empresarios de la industria eléctrica expresaron su deseo de que el proceso de compraventa de centrales eléctricas propiedad de Iberdrola signifique una nueva etapa en la que los privados sean bienvenidos en el sector energético de México.
La Asociación Mexicana de Energía (AME) reconoció este martes lo que llamó como “la voluntad constructiva” del gobierno mexicano para llegar a un acuerdo con la empresa de origen español que derivó en la venta de activos de generación eléctrica a un fideicomiso privado que tiene, además, recursos públicos.
“La AME celebra que el acuerdo anunciado por el Gobierno represente, asimismo, el inicio de una nueva etapa en la que el sector privado es bienvenido a invertir en el desarrollo de energías renovables en el país, bajo la tutela del Estado”, manifestó la Asociación bajo la presidencia de Abraham Zamora.
La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Iberdrola México vendería al fideicomiso Mexico Infrastructure Partners (MIP) 13 centrales de generación eléctrica, de las cuales 12 son con tecnología de ciclo combinado con base en vapor y gas, más un parque solar.
La operación implicaría un monto por 6 mil millones de dólares que representan un costo de 696 mil dólares aproximadamente por cada megawatt de capacidad instalada vendida en los 13 activos, según explicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su momento.
En la nueva etapa que se abre con esta operación, la AME consideró hoy que el sector privado podrá aportar su experiencia, recursos tecnológicos, financieros y humanos para aumentar la capacidad de generación del país.
Con ello también “contribuir a un suministro eléctrico confiable, accesible y sustentable, lo que permitirá atraer inversiones y mejorar la competitividad y eficiencia de la industria nacional”.
Por último, la Asociación –que agrupa a las 28 empresas energéticas más grandes que operan en el país– reiteró el compromiso de sus asociados y afiliados de promover el desarrollo del sector eléctrico para beneficio de México, con base en la certeza jurídica.
“Que permita aprovechar las grandes oportunidades que ofrecen la atracción de inversiones y el crecimiento del mercado interno, para el desarrollo económico y social de los mexicanos”, apuntó.