Moros en la costa

Calínico de Heliópolis / Fuego Griego

En la política es común la frase “quien no está en la mesa, está en la cena”. En tiempos de un mundo glocalizado (De acuerdo con el diccionario de Oxford, glocal se define como aquello “que hace referencia a factores tanto globales como locales o reúne características de ambas realidades”). Eso incluye también la política energética.

En semanas recientes, llegó a los medios de comunicación la noticia de que el gobierno mexicano amagaba buscaba negociar su asistencia a la próxima COP26 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) sobre términos de política migratoria, alrededor de las restricciones de las que México es objeto, derivado de su observable manejo de la pandemia del Covid-19. 

Esta “filtración”, no poco trascendente per se, generó reacciones en distintos ángulos entre los especialistas en política exterior, cambio climático y energía, aunque todos coincidían en que: a) siendo temas diametralmente distintos, se deberían tratar por separado; b) denota el poco interés de la actual administración por los temas relativos al cambio climático, y c) dado el interés global en estos temas, podría proyectar un cierto dejo de alienación. Lo anterior, bastante consistente con un gobierno que, fuera de su gira por Washington (US) en el contexto de la campaña por la reelección del ex presidente Donald Trump, se ha mantenido aislado del mundo y de las discusiones de relevancia internacional.

Sin embargo, es probable que los mensajes políticos pudieran ser la menor de las preocupaciones que el gobierno mexicano debiera tener en su lista de temas por atender.

Desde su llegada al poder, en enero de 2021, y como uno de los pilares de su campaña, el presidente Joe Biden ha mantenido a la lucha contra el cambio climático y el fomento de las energías renovables como piezas fundamental de su agenda. De manera consistente, en abril, tras solo cuatro meses en el cargo, Estados Unidos convocaba a los líderes mundiales a reunirse y establecer compromisos para combatir el cambio climático. La nación al otro lado del Río Bravo regresaba al plano internacional después de cumplir con su promesa de reinsertarse en el Acuerdo de París y dejaba claro que el impacto de la actividad humana en el planeta sería uno de los principales elementos de su discurso y política exterior. 

De entre los compromisos que quedarán como estándar entre los participantes, sería el establecimiento de políticas para alcanzar el Net-Zero “netos cero”)en emisiones,haciendo referencia a que después de la suma de emisiones e iniciativas para disminuirlas el resultado sea cero.

Mientras que una de las conclusiones más compartidas de entre los participantes del “Leaders Summit on Climate”, fue que, para lograr la tan necesaria transición energética, era necesario establecer un mecanismo de incentivos y desincentivos desde la política internacional y los mercados. Vaya, en sentido pavloviano, un sistema de recompensas y castigos que llevara al mundo a alinearse y poner en marcha iniciativas para enfrentar la crisis climática.

Tres meses después, como onda expansiva, en la Unión Europea se presentaba el paquete de medidas de julio de 2021 en apoyo a los objetivos climáticos, como parte integrante de la estrategia de la UE, que buscaría afianzar su reputación como líder mundial en materia climática.

Ahora bien, si no es que es el más relevante de los desarrollos posteriores a la presentación del paquete que se llegara a conocer como “El Pacto Verde Europeo” y los esfuerzos en él planteados, sería la creación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Emisiones de Carbono (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), con el objetivo de servir como medida de lucha contra el cambio climático que debería ayudar en la reducción de las emisiones de carbono y, a su vez, respaldar la ambición de la UE en materia de mitigación del cambio climático, garantizando al mismo tiempo su compatibilidad con la OMC.

Como su nombre lo deja en claro, la intención de dicho mecanismo es evitar que las emisiones contaminantes sean trasladadas del país de origen a la Unión Europea a través de las importaciones. Para tal efecto, los importadores de la UE comprarán certificados de carbono correspondientes al precio del carbono que se habría pagado si los bienes se hubieran producido con arreglo a las normas de tasación del carbono de la UE. En sentido contrario, cuando un productor de fuera de la UE pueda demostrar que ya ha pagado un precio por el carbono utilizado en la producción de los bienes importados en un tercer país, el coste correspondiente puede deducirse íntegramente para el importador de la UE.

Es decir, si el producto en cuestión puede certificar que está alineado con las políticas de emisiones podrá gozar de estímulos a su importación. Pero si no, éste será objeto de un “castigo” en forma de aranceles. Esperando así que las empresas y países contaminantes se ajusten a esta nueva realidad con foco en la atención a las consecuencias globales de las emisiones de carbono.

Se espera que en este debate sea el tema estelar durante la próxima COP26. Y la expectativa es que tan pronto como a finales de este año sea la fecha planteada para la puesta en marcha de las políticas resultantes, toda vez que la respuesta esperada desde Estados Unidos es que busque replicar lo que en Glasgow se acuerde entre los integrantes de la UE.

Es aquí cuando retomamos la frase con que iniciara estas líneas, “quien no está en la mesa, está en la cena”. México, al marginarse a sí mismo de estas conversaciones, podría verse recibiendo como balde de agua fría la noticia de que la política energética anacrónica, anti-renovables, implementada por la actual administración y sostenida por pura ideología, podría estar comprometiendo la balanza comercial del país. Pues políticas de esta naturaleza impactarían directo a la manufactura, al ser consumidores cautivos de la generación sucia y contaminante de CFE. Con ello, las ya de por sí mermadas inversiones, al elevar los costos de fabricación de las empresas en el territorio nacional, tienen un factor más para reconsiderar la conveniencia de su permanencia en un ambiente que se aprecia cada vez más hostil contra el sector empresarial y el buen desarrollo de los negocios.

Sobra decir o elucubrar al respecto del desastroso impacto que tendría en la economía mexicana el perderse de tener la oportunidad de negociar compromisos que le permitan girar el timón a tiempo y evitar el iceberg de los aranceles transfronterizos a las emisiones de carbono. 

Bastante se ha escrito sobre la conveniencia de la transición energética por temas de salud pública, y costos. Sobre como la transición es irrefrenable e impostergable la atención al impacto global de las emisiones al haber alcanzado ya una “alerta roja” por la crisis climática. Si el gobierno mexicano esperaba una señal para entender que esta no será otra vez en la que los gobiernos se reúnen para no hacer nada, es ésta.

“México, al marginarse a sí mismo de estas conversaciones, podría verse recibiendo como balde de agua fría la noticia de que la política energética anacrónica, anti-renovables, implementada por la actual administración y sostenida por pura ideología, podría estar comprometiendo la balanza comercial del país”.