Impugnar Ley de Amparo en caso de aprobarse reforma eléctrica: Expertos

Si la Ley de Amparo impide la posibilidad de impugnar la reforma constitucional en materia eléctrica, entonces sería necesario controvertirla, ya que restringe el derecho a la justicia, consideraron expertos este viernes.

“Si la Ley de Amparo impide la posibilidad de impugnar, entonces la Ley de Amparo tiene un problema y es preciso controvertirla”, declaró José Ángel Santiago Abrego, consejero nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).

El experto en Derecho recordó que el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo establece que este recurso es improcedente contra reformas y adiciones hechas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros.

Sin embargo, agregó, el artículo 103 de la propia Constitución mandata que los tribunales de la Nación resolverán controversias que se susciten, entre otras, por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los Derechos Humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

En su opinión, entonces, la restricción para impugnar las modificaciones a la Carta Magna en materia de electricidad no se encuentran en la Constitución, sino en las leyes secundarias, como es el caso de la Ley de Amparo.

Por ello, los participantes en el foro: “Diálogo abierto para la reforma eléctrica; impactos al bienestar”, organizado esta semana por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), coincidieron en que las empresas que decidan presentar este recurso de protección contra los actos derivados de la reforma constitucional en materia energética, tendrían que ir en dos vías: por el amparo propiamente dicho y por la impugnación de la Ley de Amparo.

“Si la demanda de amparo es rechazada, se pueda controvertir también la Ley de amparo en el acto judicial”, resumió Santiago Abrego.

Y es que consideró también que el intento de elevar disposiciones que violentan los derechos de los privados a rango constitucional, tendría como propósito que estos ordenamientos no pudieran ser impugnados.

“Se llegaría al extremo –jamás deseable y nunca admisible– de permitir que por el simple hecho de elevar una disposición a norma suprema, se violenten derechos fundamentales sin posibilidad de defensa”, sentenció.

Durante el Diálogo, la mesa de análisis coincidió de igual manera en que la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador es, de facto, una expropiación de los activos de las empresas que están ahora participando en el mercado eléctrico nacional.

Lo anterior, toda vez que cancela los permisos y contratos que fueron previamente otorgados y suscritos, renovándose en el mejor de los casos en condiciones diferentes a las originalmente planteadas, además de que la disposición viola el principio de no retroactividad de una ley.

“Al no respetar derechos adquiridos, es retroactiva”, dijo Lucía Ojeda Cárdenas, socia en SAI & Derecho y Economía. “Eso significa para los inversionistas una expropiación de facto; si bien siguen siendo propietarios, no pueden usarlos porque los contratos se cancelan y se renovarán en otras condiciones”, explicó.

Respecto a los litigios internacionales que se avecinan de ser aprobada la reforma tal como está planteada desde el Ejecutivo federal, Ojeda Cárdenas advirtió que no solo serán los interpuestos por las empresas extranjeras que resulten afectadas, sino también por la banca y los fondos de inversión que han apalancado sus inversiones.

“No nos damos cuenta de todos los litigios que va a haber”, dijo sobre el asunto. “Si estas obras se han apalancado de la banca y otras fuentes de financiamiento, también podrían ir a litigio, más todo lo que va a costar la representación de México en todos estos litigios”, agregó.

Un costo que ni siquiera pagará este gobierno con dinero público, dado que los procesos internacionales tardan en promedio entre 3 y 4 años, precisó.

EMPRESAS MEXICANAS, DESPROTEGIDAS

En la mesa se destacó que las empresas nacionales serán las más afectadas, debido a que no contarán con los mecanismos de protección de inversiones que tienen sus contrapartes extranjeras, amparadas en los más de 40 tratados que ha firmado México en esta materia.

También advirtieron que pueden venirse encima numerosas demandas laborales ante los despidos de trabajadores por el cierre de empresas.

En su oportunidad, José Mario de la Garza, consejero delegado de Litigio Estratégico de Coparmex, alertó que la modificación al texto constitucional tendría otros dos efectos adversos para las empresas mexicanas y para el país en general.

“Los tratados tienen otros dos efectos: las empresas mexicanas que operan en otros países bajo los tratados también podrían recibir el mismo trato por el principio de reciprocidad y, por otro lado, la cancelación de los tratados porque México no los respeta”, subrayó.

LA ELECTRICIDAD NO ES UN RECURSO NATURAL

Jesús Soledad Terrazas, abogado especializado en litigio constitucional y socio de Soledad & Carrasco, destacó que desde su concepción, la reforma propuesta por el presidente López Obrador es errónea.

Explicó que concibe a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como a Petróleos Mexicanos (Pemex), pero la diferencia estriba en que el recurso que maneja esta última, el petróleo, es un recurso natural limitado, mientras que la electricidad no lo es, es solo un fenómeno natural que se puede producir.

“La electricidad no es un recurso, es un fenómeno natural que ahora el gobierno quiere quitarnos, la producción y el suministro de energía”, afirmó categóricamente.

La reforma presidencial plantea que el Estado mexicano, a través de sus empresas públicas, como CFE, son las únicas que podrán generar, transmitir y distribuir energía eléctrica, por lo que quedaría excluida cualquier posibilidad de que privados puedan producir electricidad.

“Seguimos en este afán estatista de un siglo de antiguo que queremos dirigir una empresa que no explota un recurso natural limitado, no se trata de petróleo, se trata de un fenómeno que se produce con muchos recursos naturales y que realmente no tendría sentido que el gobierno quisiera controlarlo de forma exclusiva”, criticó el especialista.