Energía A Debate

La iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica que está impulsando el Gobierno federal no garantiza que la electricidad sea la menos costosa, a la vez que genera incertidumbre acerca de los preceptos de eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia consagrados en la Carta Magna.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) remitió el viernes de la semana pasada al Congreso de la Unión una opinión respecto a las implicaciones y consecuencias que traería al sector energético la aprobación de las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador al texto constitucional.

La iniciativa del Ejecutivo plantea diversas modificaciones y adiciones a los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales que, desde la óptica de la Cofece, no garantiza costos ni tarifas más bajos.

“En la iniciativa no se advierten mecanismos costo-efectivos para asegurar que la electricidad generada (tanto por CFE como por los privados), adquirida y consumida por el sistema sea la menos costosa (tomando en cuenta la monetización de las externalidades negativas del impacto ambiental y a la salud)”, expuso el organismo.

En este sentido, dijo que la iniciativa elimina la obligación que tiene actualmente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de celebrar Contratos de Cobertura Eléctrica a través de los mecanismos “competidos”, como las subastas de largo plazo, que aseguraban que la adquisición de la energía para abastecer el suministro básico se diera a precios estables y competitivos.

El documento fue enviado el 3 de marzo pasado tanto a Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, como a Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, y está firmado por Brenda Gisela Hernández Ramírez, comisionada presidenta de la Cofece en suplencia por vacancia.

La Comisión insistió en los criterios para determinar que de la generación total de energía eléctrica en el país 54% esté a cargo de la CFE y el 46% restante de los privados no tiene justificación.

Al respecto, aseguró que ese esquema, que desmantela el sistema de despacho económico vigente, no remplaza por otro que asegure que las plantas de la CFE despachadas para atender ese 54% de la demanda sean las menos costosas y con menores externalidades negativas en el medio ambiente.

Por el lado de los privados, tampoco garantiza que la energía despachada por estos sea producida en las plantas más eficientes. En este punto, la Cofece subrayó que la adquisición de la energía de los privados en condiciones de monopsonio (es decir, la CFE es la única empres que estará facultada para adquirir la energía de los privados) se haría bajo un régimen distinto al establecido en el artículo 134 Constitucional.

Lo anterior “genera incertidumbre sobre si se dará cumplimiento a los preceptos de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez considerados en dicho artículo”, alertó el organismo.

En este contexto, el organismo previó que el cambio de paradigma propuesto en la iniciativa presidencial ocasionaría un aumento de costos a lo largo de la cadena de valor de la industria eléctrica, lo que provocaría un aumento de tarifas que lesionaría el bienestar de los consumidores y la posición competitiva de las empresas, o bien un desvío de recursos para subsidiar un servicio público ineficiente.

En el documento, remitido por el Pleno de la Cofece con número OPN-002-2022, el órgano autónomo consideró que el modelo propuesto en la iniciativa de reformas representa un retroceso en contra del bienestar social.

Enlistó varias implicaciones, como la instauración de un monopolio en toda la cadena de valor del sector, es decir, en la generación, transmisión, distribución y abasto (comercialización) de electricidad. Crea, asimismo, un monopsonio (único comprador) en la compra de electricidad que, en su caso, realice la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

También desmantela el marco institucional que tutela el interés público, trasladando indebidamente a la CFE las tareas regulatorias y de política pública, incluyendo el control y la planeación del sistema eléctrico, así como la determinación de tarifas.

Y elimina distintos mecanismos que persiguen objetivos fundamentales, como velar por la confiabilidad del sistema, diversificar la matriz de generación, procurar la equidad entre los participantes, aplicar regulación neutral y técnica, mejorar el servicio y motivar inversiones en tecnologías de generación más eficientes y limpias.

“La Cofece reitera que es fundamental hacer todos los esfuerzos para mantener y desarrollar un sector eléctrico competitivo, eficiente, sustentable y seguro, pues de ello depende el desempeño del resto de los sectores económicos y la prosperidad del país. La iniciativa no contribuye a ese propósito, entre otras cosas, por renunciar a la competencia y a una regulación que proteja el funcionamiento eficiente de los mercados”, concluyó.