Las señales sobre las nuevas reglas que aplicarán en el sector energético mexicano no han sido suficientes para dar certeza a los inversionistas nacionales, internacionales, calificadoras, socios comerciales, ambientalistas, bancos ni analistas independientes.
“Las señales sobre las nuevas reglas que aplicarán en el sector energético mexicano no han sido suficientes para dar certeza a los inversionistas”
Se reconoce que hay mejoras tanto en el discurso de la presidenta Sheinbaum, como en el nombramiento de cuadros técnicos en algunas de las posiciones más importantes de las autoridades energéticas. Sin embargo, la reforma constitucional para convertir a Pemex y a CFE en empresas públicas, la denominada Estrategia Nacional del Sector Eléctrico, publicada el 6 de noviembre, y la presentación de la iniciativa para desaparecer a la CRE y a la CNH que dicen se estarían votando en el Congreso la semana, dejan más dudas e incertidumbre que optimismo y certezas.
¿En dónde estamos parados?
Entre 2013 y 2018, se autorizaron permisos para instalar 34,544.4 MW de capacidad de generación eléctrica, lo cual equivale a inversiones por 54.5 mil millones de dólares (mmd); por su parte, entre 2019 y 2024, únicamente, se autorizaron permisos para instalar 11,620.1 MW equivalentes a inversiones por 13.4 mmd. Es decir, en el primer periodo se instalaron más de 5,700 MW anuales, mientras en el sexenio anterior solo 1,900 MW anuales. A este rezago en generación se suma la capacidad instalada necesaria para atender la demanda por la geolocalización (nearshoring) que se estima en unos 25,000 MW, la cual debería instalarse a la brevedad si no queremos perder la oportunidad.
Por el lado de las redes, también tenemos un rezago importante en la ejecución de proyectos en transmisión y distribución. Según el PRODESEN 2024-2038, Sener instruyó a CFE a ejecutar 208 proyectos de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y 168 proyectos de ampliación de las Redes Generales de Distribución entre 2015 y 2023. En este periodo, solo entraron en operación 14 proyectos de transmisión y 33 de distribución; es decir, 6.7% y 19.6%, respectivamente.
Lo anterior explica los apagones que se tuvieron el sexenio pasado, de manera particular en los veranos de 2023 y 2024. El rezago en el desarrollo de la infraestructura eléctrica y el aumento de la demanda por el incremento en las temperaturas por la crisis climática provocan que, ante picos de demanda eléctrica en verano, la capacidad de generación disponible sea insuficiente para atenderla.
De empresas productivas a empresas públicas
Esta reforma constitucional da mayor discrecionalidad en su operación a Pemex y CFE pues ya no tienen la obligación de realizar actividades que sean rentables o que generen valor económico para el Estado como su propietario.
Hasta el momento, todavía no se establece la regulación que explique cómo podrán participar las empresas privadas y tampoco hay recursos públicos suficientes para realizar las inversiones en generación, transmisión y distribución necesarias para garantizar la seguridad de suministro.
Estrategia Nacional del Sector Eléctrico
La estrategia que se publicó el 6 de noviembre todavía no establece las reglas específicas y parece más bien una guía de buenas intenciones sujetas a barreras ideológicas, como el que la generación privada nunca deberá tener prevalencia sobre la generación de CFE y que se deberá respetar el umbral de 54% de generación para CFE y 46% para generadores privados. Es decir, se refuerza la intención de que la actividad de generación eléctrica ya no se regirá bajo principios de competencia económica y libre concurrencia, lo cual inhibirá la entrada de nuevas tecnologías y costos más eficientes.
Tomando en consideración las cifras de inversión en generación en los dos sexenios anteriores de los que se habló anteriormente, no es buena señal la inversión estimada para CFE de 23.4 mmd para generación, transmisión y distribución establecida en la estrategia para el periodo 2024 y 2030. Tampoco es buena señal que la estrategia limite a los privados a invertir hasta 9 mmd para instalar centrales de generación de energía renovable que no rebasen los 9,550 MW a 2030.
Hay un punto que da esperanza particularmente a los parques industriales, pues se habla de un aumento en el tamaño de proyectos de generación de abasto aislado no interconectado de 0.7 a 20 MW de capacidad de generación, lo cual podría dar oxígeno a industriales que busquen generar su propia electricidad. La esperanza se confirmará conforme se den a conocer las reglas de entrada en operación de estos proyectos.
Desaparición de la CRE y la CNH
Adicional a las novedades antes expuestas, la semana pasada se dio a conocer la iniciativa legislativa con la cual desaparecen, entre otros, a los órganos reguladores coordinados en materia de energía, CRE y CNH, para transferir sus funciones y atribuciones a la Secretaría de Energía. Faltan las leyes secundarias que habrán de explicar las formas y tiempos de esa transferencia de atribuciones y funciones; pero de cualquier forma es un retroceso en materia institucional. Los reguladores en energía deben ser técnicamente independientes y libres de presiones políticas para dotar de certeza a los inversionistas en energía cuyos proyectos son de largo plazo y tardan unos 15 a 20 años en amortizarse. Hasta el momento, no parece que vaya a ser el caso.
La esperanza muere al último
Veremos si las leyes secundarias son más flexibles y dotan de un margen de acción suficiente para que el suministro energético no siga limitando las posibilidades de crecimiento económico y de bienestar para la industria y familias mexicanas.
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