La apuesta por la soberanía

Podemos describir éste como el sexenio de la apuesta por la soberanía energética, aun si a muchos de nosotros no nos queda muy claro qué significa. Lo que sí es claro es que, como toda apuesta, esta tiene un grado de incertidumbre ligado a la capacidad de las empresas del Estado para lograr el éxito. Apostamos todo, hasta los muebles, y de perder el costo sería muy alto.

La idea aparece en el Proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador publicado por allá en 2018 y establece que el poder nacional de México se recuperará por medio de la soberanía energética, concepto que se define como la capacidad del Estado de garantizar las necesidades energéticas de la población.

En inicio, la idea no suena mal, pues el Estado mexicano es la relación entre gobernantes y gobernados, lo que incluiría, entonces, la capacidad de nuestro país para articular los esfuerzos entre empresas privadas, públicas, los gobiernos de los tres niveles, las universidades públicas y privadas y las organizaciones de la sociedad civil. Pero no, se convierte en un eufemismo que habla de control estatal del sector energético.

La visión real del proyecto es que la capacidad del Estado para garantizar las necesidades energéticas de la población se consigue por medio de los organismos públicos, las empresas de capital nacional y la ciencia, tecnología e ingeniería nacionales. Es decir a través de los organismos públicos, como SENER, CENACE o CENAGAS; las empresas estatales, PEMEX y CFE, y los organismos como Conacyt, IMP o INEEL.

“Y fue así como, con esta apuesta, a partir de diciembre de 2018 se echaron los dados y vamos perdiendo”.

Y fue así como, con esta apuesta, a partir de diciembre de 2018 se echaron los dados y vamos perdiendo. Se le apostó a incrementar la producción petrolera sin importar el costo, para ello se declaró un programa de 21 campos prioritario, se aceleraron las autorizaciones y permisos, se incrementó la inversión en PEMEX. Al mismo tiempo se cancelaron las rondas petroleras, los farm-outs y se ha despreciado la participación de los privados. Como resultado, la producción no se ha incrementado, pero los costos por barril producido sí.

Lo mismo podemos decir del sector eléctrico. Se cancelaron subastas eléctricas, se capturó al regulador, se ha obstaculizado la participación privada y se han detenido los permisos. En contraste, se le ha dado todo a CFE, tanto que se ha modificado incluso la Ley de la Industria Eléctrica para garantizarle el control del mercado, mientras que los precios de la electricidad siguen sin bajar.

¿Qué decir de las gasolinas? Se limitaron permisos, se eliminó la regulación asimétrica al jugador preponderante, se establecen medidas que favorecen a PEMEX, se crearon los tickets y se modificó la Ley de Hidrocarburos para que la empresa del Estado recupere mercado. A pesar de ello, los precios de la gasolina tampoco bajan. Pero también, la Secretaría de Energía le construye a PEMEX su propia refinería en Dos Bocas, la cual ya rompió el presupuesto prometido, al tiempo que PEMEX pierde cada día más dinero por refinar.

Otro caso, el infame Gas Bienestar y el control del precios de gas LP con la promesa de que los precios no subirían. Pues ni Gas Bienestar fue el gas LP más barato, ni el control de precios ha dado resultados. Gas Bienestar ya anunció que incrementará sus precios como resultado de los crecientes precios máximos que el gobierno prometía controlar.

Estamos, pues, en la apuesta por la soberanía energética pero no como Estado, como sociedad en conjunto, sino como una política de gobierno aislacionista que utiliza solo al aparato público. Vale la pena preguntarnos ¿Soberanía energética, pero a qué costo?