La emergencia energética de Trump: ¿Golpe económico o ecológico?

 Con la participación de Bárbara Olvera y Miguel del Valle, colaboradores de la Coordinación del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa.

El 20 de enero de 2025, en su juramento como el 47° presidente de los Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump declaró una “Emergencia energética nacional”. Este decreto, junto con otras medidas bajo el nombre de “Liberando el potencial energético americano”, busca priorizar la producción de combustibles fósiles y reducir regulaciones ambientales. El objetivo, según él, es revitalizar la competitividad económica estadounidense.

Estas acciones incluyen el impulso a las perforaciones petroleras en Alaska y zonas costeras, la reversión de normas sobre eficiencia energética y vehículos eléctricos y un nuevo retiro del Acuerdo de París de 2015. Aunque estos decretos buscan igualmente promover la independencia energética y la reducción de costos para los consumidores, han encendido alarmas entre expertos por sus implicaciones ambientales y el posible retroceso en compromisos climáticos internacionales.

Para comprender las decisiones energéticas de Trump, es necesario explorar los inicios de su pensamiento político. En 2000, durante una breve campaña con el partido Reformista, Trump publicó su primer libro político, The America We Deserve. Aunque en esa obra criticó la política migratoria y comercial, el tema energético recibió poca atención. En cambio, su libro de 2011, Time to Get Tough, reveló más sobre su perspectiva. En él, Trump propuso exigir petróleo a Irak como compensación por la intervención estadounidense en la liberación al pueblo iraquí del dictador Hussein y expresó escepticismo sobre las energías limpias:

“Podemos hablar sobre molinos eólicos, energía solar y otras alternativas. Estoy a favor de desarrollarlas a largo plazo, pero el planeta depende del petróleo ahora y en el futuro cercano. Necesitamos reducir su precio considerablemente, a $20 por barril. Eso revitalizaría nuestra economía.”

Trump argumentaba que las inversiones en energías renovables promovidas por el gobierno de Barack Obama eran un fracaso y calificaba los empleos “verdes” como insostenibles:

“Obama prometió 5 millones de empleos verdes y gastó $80,000 millones para crear solo 225,000. Eso equivale a $355,000 por empleo. Es absurdo.”

Para Trump, la “irresponsable política” de Obama encareció deliberadamente los combustibles y debilitó la economía. Propuso una solución desdoblada en tres acciones: exigir petróleo a Medio Oriente, demandar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para combatir sus prácticas monopólicas y aumentar la producción doméstica de petróleo y gas.

El petróleo como columna vertebral

En su siguiente libro, Crippled America, Trump enfatizó nuevamente la necesidad de explotar los recursos energéticos nacionales. Alegó que las restricciones a la exploración eran un despilfarro económico y argumentó que los recursos energéticos de EE. UU. podrían satisfacer las necesidades nacionales por siglos. Trump también descartó la idea de que el cambio climático fuera causado por la actividad humana. Consideró que los “extremistas ambientales” obstaculizan el progreso económico con demandas inconsistentes:

“Primero aman los molinos de viento, luego los odian porque matan pájaros. Aprueban los coches eléctricos, pero luego se quejan porque se cargan con electricidad generada por carbón. Los ambientalistas siempre cambian de opinión, y mientras tanto, nuestra economía sufre.”

Estas ideas fueron reafirmadas en su última campaña en 2024. La plataforma del Partido Republicano en 2024 “Make America Great Again!” constaba de 20 promesas. La promesa “Hacer de América uno de los productores de energía dominantes del mundo” ocupaba el lugar número cuatro de la lista. Una vez más, Trump reafirmaba que al deshacerse de la asfixiante regulación energética y al liberar el potencial energético de los Estados Unidos a través de la extracción de gas y petróleo en territorio nacional los Estados Unidos podrán “hacer frente a la inflación y bajar los precios, crear la economía más fuerte de la historia, revivir la Base Industrial de Defensa, impulsar a las industrias emergentes y posicionar a los Estados Unidos como la gran potencia manufacturera del mundo”. No hay mención sobre las energías alternativas en este documento, salvo en una línea en la que Trump afirma que se liberará el potencial energético del país, a través de distintos tipos de energía producida en el suelo estadounidense, incluyendo a la energía nuclear.

En 2025, Trump retomó su enfoque característico, centrado en la desregulación, la reducción de costos energéticos y la “liberación” de recursos naturales, materializando sus promesas con medidas concretas. Actualmente impulsa la perforación petrolera en Alaska y en costas nacionales, incluyendo la aprobación de proyectos previamente bloqueados por normas ambientales. Además, su decreto para revertir normas sobre vehículos eléctricos al eliminar incentivos destinados a los fabricantes, prioriza la industria de combustibles fósiles. Finalmente, también por decreto consumó la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París de 2015, justificando que las restricciones climáticas ponen en desventaja al país frente a China e India.

“Trump retomó su enfoque característico, centrado en la desregulación, la reducción de costos energéticos y la “liberación” de recursos naturales, materializando sus promesas con medidas concretas”.

Trump argumenta que sus políticas energéticas buscan beneficiar a los consumidores estadounidenses y generar empleos. Sin embargo, tanto la Agencia Internacional de Energía como expertos en medio ambiente advierten que estas políticas podrían intensificar los efectos del cambio climático. Los analistas destacan el peligro de dañar las relaciones entre Estados Unidos con países aliados que están seriamente comprometidos con la transición energética, como el Reino Unido, por ejemplo.

No obstante, figuras como Chris Wright, empresario de fracking —nominado como Secretario de Energía y pendiente de ratificación por parte del Senado— admiten que la quema de combustibles sí contribuye al calentamiento global. El enfoque diferenciador de Wright respecto del mainstream ambientalista radica en que el empresario no distingue entre energías “limpias” o “sucias” en el mundo de la política pública; él apunta a que solo existen compensaciones (trade-offs) diferentes según el tipo de tecnología. Es decir, que las fuentes de energía tienen costos y beneficios asociados, y que cualquier decisión política en este ámbito implica pagos a realizar y recibir entre las partes interesadas. La postura de Wright está centrada en los balances entre desarrollo económico, seguridad energética y sostenibilidad ambiental, más que en juicios absolutos sobre las distintas tecnologías energéticas.

De esta manera, el enigma sobre cuál será el resultado final de la política energética de Trump pasa por las estructuras de costos. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA por sus siglas en inglés), la competitividad de las energías renovables en Estados Unidos ha aumentado significativamente en comparación con las fuentes fósiles. Entre 2010 y 2022, el costo medio ponderado mundial de la electricidad solar fotovoltaica disminuyó un 89%, situándose en 0,049 dólares estadounidenses por kilovatio hora (USD/kWh), mientras que la energía eólica terrestre experimentó una reducción del 69%, alcanzando 0,033 USD/kWh. Estos costos son competitivos frente a los combustibles fósiles más económicos a nivel mundial.

Además, en 2021, entre el 77% y el 91% de la capacidad de generación a carbón existente en Estados Unidos presentaba costos operativos superiores al costo de nuevas instalaciones de energía solar o eólica. Esto indica que, incluso sin considerar los costos ambientales asociados a los combustibles fósiles, las energías renovables ofrecen una alternativa más económica para la generación eléctrica en el país.

La afectación de las políticas energéticas de Trump en México

Las políticas energéticas de Trump en 2025 podrían tener implicaciones para México en términos de costos y de beneficios. Por ejemplo, la intensificación de perforaciones petroleras y gasíferas en territorio estadounidense presionaría a la baja los precios internacionales de hidrocarburos, lo que beneficiaría a México en términos de sus importaciones de gas y petrolíferos. En el 2023, las importaciones —traídas casi en su totalidad desde Estados Unidos— ascendieron a 6,174 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd), representando 72.1% del consumo nacional que fue de 8,559 mmpcd, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Energía (Sener). De enero a septiembre de este 2024, las importaciones mexicanas de gas natural desde Estados Unidos crecieron 5.9% a un récord de 6,537 mmpcd. Entre los primeros tres trimestres del 2018 y los tres primeros del 2024 el crecimiento acumulado fue de 42.3%, coincidente con una caída de 3.6% de la producción nacional a 3,772 mmpcd en el mismo lapso, de acuerdo con datos oficiales.

No obstante, también pondría en serio riesgo los ingresos de Pemex por exportaciones de crudo, así como la viabilidad de proyectos energéticos estratégicos que se cotizan en función de los precios internacionales, como sucedió en el 2020 y 2021, cuando el precio del barril de la mezcla mexicana cayó por debajo de los 20 dólares debido a la pandemia de COVID-19 y la sobreproducción global. En esa ocasión, los ingresos de Pemex disminuyeron y la empresa registró pérdidas netas que superaron los 500 mil millones de pesos en 2020. En conclusión, la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París no solo debilita la cooperación climática en la región, también coloca a México en una posición aún más difícil para cumplir con sus metas ambientales. A pesar de las políticas de Trump centradas en la producción fósil, el número y magnitud de los desastres naturales —atribuidos por los científicos al cambio climático— sigue en aumento. Es, además, una amenaza real y global que, al impactar las estructuras de costos y agravar los problemas agrícolas, afectan tanto a la economía como a las comunidades vulnerables. Todo ello —irónicamente para los objetivos migratorios de Trump— detona los flujos migratorios de latinoamericanos hacia Estados Unidos. Esta interdependencia de facto trasciende fronteras y decretos. Abordarlos requerirá una colaboración constante entre países. ¿Los liderazgos y las ideologías en turno lo permitirán?