Estos casi seis años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido fundamentales para la industria energética en el país, teniendo aciertos y áreas de mejora que, tanto la iniciativa privada como el gobierno federal, han tratado de llegar a puntos de acuerdo para avanzar y continuar, de manera parcial en algunos casos, con la política en materia de hidrocarburos y electricidad que se iniciaron y se mantuvieron con gran inercia heredadadel gobierno de Enrique Peña Nieto.
Con inversiones calculadas en 12,800 millones de dólares derivados de la Reforma Energética del 2014, es indudable que la industria tuvo, tiene y tendrá apetito por capitalizar oportunidades tanto de negocio como de I+D, siempre y cuando las reglas para ello sean claras y sean respetadas por todos los actores involucrados.
Lo anterior teniendo en consideración que la regulación vigente permite la participación en las actividades integradas en las cadenas de valor de ambos sectores, por lo que es fundamental aprovechar las figuras jurídicas permitidas en está tomando en cuenta que existen oportunidades de trabajo en las cuales solo falta la apertura y orden adecuadopara la creación de reglas para la innovación, apoyo al desarrollo y protección a las inversiones en el país.
La problemática que el sector energético sufre hasta el día hoy, a nuestro parecer y reduciéndolo de manera simplista, es la falta de coordinación entre estado e industria que tiene como consecuencia elno poder ejecutar acciones claras y relevantes para la sociedad.
“La problemática que el sector energético sufre hasta el día hoy, a nuestro parecer y reduciéndolo de manera simplista, es la falta de coordinación entre estado e industria”.
Siendo ejemplos en materia eléctrica la cancelación de las Subastas Eléctricas, en las que los particulares demostraron un interés real y significativode participación, en otras palabras, ganas de invertir y trabajar, o la falta de desarrollo en la RNT y las RGD, provocando congestionamientos para el despacho de la energía en zonas saturadas, sumado a las fallas en la planeación para el otorgamiento de permisos, muchos de estos llamados de “papel”.
En el caso de los hidrocarburos, la cancelación de las Rondas Petroleras o la revocación de un gran número de permisos de comercialización e importación de petrolíferos, ya que no contaban con operaciones reales, pero que en ambos casos y para ambos sectores, no se pueden otorgar culpas a ninguna entidad o persona, simplemente es una falta de comunicación de una línea concreta y definida de trabajo que detonaría un interesante número de nuevos proyectos de manera paralela con el crecimiento económico de nuestro país, generando un impacto social significativo.
Ahora, con el nearshoring tocándonos la puerta, la necesidad de asegurar un suministro de energía en las cadenas de producción es más que un requerimiento para la instalación de las empresas en México, es imperante la evolución de la política energética actual para poder abarcar los requerimientosque las mismas exigen para sus operaciones, pensando en un mediano o largo plazo y no solamente los próximos 6 años, ya que de esto depende que nuestro país sea un punto de referencia en el mercado industrial a nivel mundial.
Necesitamos pensar en por fin regular e incentivar a los proyectos de almacenamiento de energía con sus múltiples tecnologías, entrarle al hidrogeno, a la electrificación vehicular de manera ordenada, en empezar a pensar en ciudades inteligentes y movilidad sustentable, tenemos que empezar a colaborar como industria con el gobierno para poder avanzar de la mano en lo que más importa, el bienestar común.
*/ Alfonso Salvador Hernández Partida es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Derecho por la Universidad Panamericana. Es un destacado especialista en el ámbito legal y regulatorio del sector energético con experiencia en BERISTAIN + ABOGADOS, ASEA y la Comisión Reguladora de Energía. Actualmente lidera los asuntos legales en Ventus Energy, enfocándose en el sector eléctrico y desarrollo de nuevos negocios.
*/ José Roberto Galindo Chávez es economista de la UNAM con especialidad en Econometría Aplicada. Es director de Análisis Económico en PETROIntelligence y Ventus Energy y consultor en Energía. Destacado por su trabajo en regulación de hidrocarburos y electricidad, ha contribuido significativamente al modelado económico y desarrollo de negocios en el sector energético.
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