¿La nueva transformación regulatoria energética en México?

La publicación de la legislación secundaria en materia energética marca un punto de inflexión en la regulación y operación del sector. Esta reforma redefine el marco normativo con un objetivo preponderante: fortalecer a las Empresas Públicas del Estado y promover la soberanía energética del país.

Pero ante este nuevo planteamiento conviene preguntarnos: ¿qué buscaba la reforma de 2013?, ¿era necesaria una reforma? Entre otros aspectos, la reforma de 2013 intentaba promover eficiencia, fomentar competitividad, reducir costos para los consumidores, abrir la industria a la inversión privada y fortalecer a Pemex y CFE. Y digo “intentaba” porque esa regulación no tuvo la oportunidad de evolucionar ni consolidarse para evaluar con evidencia si logró sus objetivos. En esencia, no se trataba de debilitar a las empresas públicas, sino de integrarlas a un modelo de competencia en el que pudieran modernizarse y operar con mayor flexibilidad, como cualquier otra empresa en un mundo globalizado.

Sin embargo, para la actual administración, esa apertura al sector privado representó un debilitamiento de Pemex y la CFE, pues la competencia de nuevos participantes en el mercado limitó su dominio en la industria. Por ello, lo que en 2013 se concibió como una estrategia para impulsar la eficiencia del sector energético, hoy se percibe como daño al Estado, lo que ha motivado la modificación del marco regulatorio para revertir ese esquema y devolver a Pemex y CFE un papel preponderante.

“Lo que en 2013 se concibió como una estrategia para impulsar la eficiencia del sector energético, hoy se percibe como daño al Estado”.

Ahora bien, ¿qué podemos esperar de esta nueva legislación? Está claro que esta iniciativa podrá enfrentarse a controversias internacionales derivadas del T-MEC. También surgen interrogantes sobre temas clave que al día de hoy no tienen trazado un camino sostenible, como el orden de mérito de despacho para la “confiablidad” del Sistema, la seguridad jurídica para los participantes del sector, los recursos significativos que se requerirán para que Pemex y CFE cumplan con sus nuevas responsabilidades, y también, muy importante, el papel de las energías limpias en esta nueva etapa para México.

La reforma energética actual busca “corregir” los efectos de la de 2013 y devolver al Estado un mayor control sobre el sector. Al final de todo, un modelo donde se incentivaba la competencia y se lograban precios récord en generación renovable era “too good to be true”. Sin perjuicio de lo anterior, la reforma del 2013 también tenía sus áreas de oportunidad (v.g. transición sostenible de tecnologías más limpias, las etapas del Mercado Eléctrico Mayorista, etc.). No obstante, es innegable que parte de nuestra actual matriz energética proviene de la nueva capacidad instalada de renovables y con precios de subasta, que estaban entre los más bajos del mundo antes de ser suspendidas.

Ahora, así como en su momento apostamos por un marco jurídico en la reforma del 2013 que buscaba incentivar la competencia y atraer inversión, hoy toca confiar en que, con la nueva regulación, el mercado sea capaz de sostener este modelo sin afectar la inversión, la competitividad y los compromisos internacionales en materia climática.

En resumen, su implementación plantea retos legales y regulatorios que deben ser analizados cuidadosamente para evitar impactos negativos en la inversión, la competitividad y el cumplimiento de compromisos internacionales, no obstante, el análisis regulatorio continúa y será clave para determinar la viabilidad de estos cambios y su impacto en el futuro del sector energético en México.

.

*/ Renata Julieta Herrera García es integrante del Comité de Expertas del Sector Eólico de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE). Con ocho años de experiencia en el ámbito del Derecho Energético, se ha especializado en asesorar a empresas multinacionales del sector energético, brindando acompañamiento legal y regulatorio en el desarrollo de proyectos renovables y en la operación de centrales eléctricas —renovables, termoeléctricas y de ciclo combinado.

Ha participado en la elaboración de marcos regulatorios y legales para proyectos de generación distribuida, electromovilidad y generación en sitio con baterías, con el objetivo de avanzar hacia una transición energética sostenible. Su trayectoria incluye la asesoría en múltiples transacciones de fusiones y adquisiciones (M&A), financiamiento de proyectos (Project Finance), arbitrajes internacionales y negociación de contratos EPC, O&M, PPA y de suministro calificado.

Es abogada por la Universidad del Valle de México. Actualmente, trabaja en la definición regulatoria para la implementación de proyectos greenfield, operaciones de M&A y soluciones transformacionales, incluyendo iniciativas de descarbonización a través de hidrógeno verde.

Linkedin: Renata Herrera García

Las opiniones vertidas en la sección «Plumas al Debate» son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la posición de Energía a Debate, su línea editorial ni la del Consejo Editorial, así como tampoco de Perceptia21 Energía. Energía a Debate es un espacio informativo y de opinión plural sobre los temas relativos al sector energético, abarcando sus distintos subsectores, políticas públicas, regulación, transparencia y rendición de cuentas, con la finalidad de contribuir a la construcción de una ciudadanía informada en asuntos energéticos.