Las malas prácticas de Distribuida, más visiones

La semana pasada escribí en este espacio sobre algunos vicios que suceden en la industria solar fotovoltaica, particularmente en generación distribuida. Desde ese día no han parado de llegar por correo, WhatsApp o llamadas telefónicas para denunciar más malas prácticas en el sector, tanto de instaladores, Unidades de Verificación e Inspección, e incluso de CFE. Creo que vale la pena retomar algo de todo esto y seguir con la narración, pues puede dar elementos para perfeccionar las DACG que vienen.

La parte más compleja es hablar, por ejemplo, de la corrupción.

Es bien sabido en el mundo de la Generación Distribuida que la zona de Mérida es la que tiene más problemas de este tipo. Algunas empresas ya consideran como un gasto fijo tener que pagar mínimo 2,000 pesos para que su trámite se acepte y tenga éxito.

Hay zonas como Nuevo León donde las interconexiones de Generación Distribuida se han vuelto un proceso largo y tedioso. Algo que debería tomar dos semanas ahora tarda hasta 4 o 6 meses. Hay zonas como el Bajío donde se ha empezado también a ralentizar. Una práctica común, para evitar incumplimientos de parte de la propia CFE, es aceptar el trámite hasta que se haga la conexión, lo que llevaría a suponer que puede haber decenas o cientos de tramites no iniciados, en puerta, por meses.

Hay prácticas que debieron quedar en el pasado pero siguen sucediendo, como la histórica confusión entre que si el límite y la declaración de un sistema fotovoltaico es en número de paneles o salida del inversor. A pesar de que la extinta CRE envió un oficio al Suministrador de Servicios Básicos indicando que lo importante es la salida del inversor, hay personal de CFE que sigue insistiendo en considerar la suma de la capacidad de los módulos fotovoltaicos.

En las DACG vigentes no existe algún procedimiento administrativo para incrementar la capacidad de la central eléctrica. Entonces es común que, ante la necesidad de incrementar la capacidad de algún usuario final, el instalador solo agregue módulos y cambie la salida del inversor, sin avisar a CFE, bajo la creencia de que ya está avisada esta última por el trámite original y no es necesario. Lo correcto es dar de baja la primera interconexión y realizar una nueva. Lo ideal sería crear el mecanismo.

Un problema importante es la falta de unidades de inspección especializadas en Generación Distribuida. La Ley de la Industria Eléctrica obligaba a su existencia, pero nunca se crearon, y la Ley del Sector Eléctrico faculta esta existencia. El problema nace de que, sin haber unidades especializadas, la unidad que inspecciona una central de 20 kW en media tensión (las hay) es la misma que hace la inspección en una central de 350 MW.

“Un problema importante es la falta de unidades de inspección especializadas en Generación Distribuida”.

La corrupción se puede acotar con la digitalización de los procesos; las malas prácticas de los retrasos tardíos con el hecho de que el proceso se inicie de parte del instalador certificado con independencia de CFE, aunque el sistema sea de CFE; la confusión de capacidad con una definición clara en la siguientes DACG, y el embudo de las unidades de inspección con la creación de unidades especializadas.

El futuro es muy probablemente distribuido, pero para que eso suceda se requieren medidas que den certeza a los usuarios, que eviten la corrupción a la vez que garanticen la calidad de las instalaciones, por el bien de la estabilidad de la red.

Pero hablemos más profundamente en el siguiente texto.

Las opiniones vertidas en la sección «Plumas al Debate» son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la posición de Energía a Debate, su línea editorial ni la del Consejo Editorial, así como tampoco de Perceptia21 Energía. Energía a Debate es un espacio informativo y de opinión plural sobre los temas relativos al sector energético, abarcando sus distintos subsectores, políticas públicas, regulación, transparencia y rendición de cuentas, con la finalidad de contribuir a la construcción de una ciudadanía informada en asuntos energéticos.