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(Bloomberg) – Una Corte Suprema de Estados Unidos profundamente dividida restringió la autoridad de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para reducir los gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas, poniéndose del lado de las empresas mineras de carbón y de los estados liderados por republicanos, en un golpe a la agenda medioambiental del presidente Joe Biden.
La decisión, por 6 votos a favor y 3 en contra, que interpreta la Ley de Aire Limpio de EE.UU. probablemente impedirá que la Administración imponga el tipo de plan de reducción de emisiones de amplio alcance que la EPA trató de implementar durante la presidencia de Barack Obama.
Limita las herramientas disponibles de la agencia en medio de la creciente evidencia de que el cambio climático está causando un aumento del nivel del mar y patrones climáticos más extremos. El fallo podría tener un amplio impacto y afectar a otras agencias reguladoras.
La mayoría dijo que, si bien la EPA puede regular las emisiones de las centrales eléctricas, la agencia no puede tratar de cambiar la generación de energía de las plantas de combustibles fósiles a fuentes más limpias, como pretendía hacer el Plan de Energía Limpia de Obama. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dijo que el Congreso debe pronunciarse más explícitamente para otorgar a una agencia tanto poder.
“Una decisión de tal magnitud y consecuencia corresponde al propio Congreso, o en una agencia que actúe en virtud de una clara delegación de ese órgano representativo”, escribió Roberts.
Los tres jueces designados por los demócratas —Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan— criticaron el fallo.
“La corte se nombra a sí misma, en lugar del Congreso o la agencia experta, como responsable de las decisiones sobre la política climática”, escribió Kagan para los tres disidentes. “No puedo pensar en muchas cosas más aterradoras”.
El fallo plantea nuevas dudas sobre la promesa de Biden de reducir las emisiones de EE.UU. a la mitad para fines de la década y su objetivo de una red eléctrica libre de carbono para 2035. Alcanzar esos objetivos será imposible sin una normativa que reprima los gases de efecto invernadero procedentes de los pozos petroleros, los automóviles y las centrales eléctricas, así como sin incentivos fiscales diseñados para estimular la energía limpia, según varios análisis.
Doctrina clave
Roberts mencionó la llamada doctrina de las cuestiones principales, diciendo que “suponemos que el Congreso tiene la intención de tomar decisiones políticas importantes por sí mismo, y no dejar esas decisiones en manos de las agencias”.
En el marco del Plan de Energía Limpia se alentaba a los estados a cambiar la generación de electricidad de las fuentes de mayor emisión, como el carbón, hacia opciones de menor emisión, como la energía renovable. El Plan de Energía Limpia nunca entró en vigor y, cuando Donald Trump llegó a la presidencia, la EPA anuló la norma y adoptó un enfoque más limitado.
El caso de la Corte Suprema surgió de un grupo de desafíos legales a la regla de Trump. Un tribunal federal de apelaciones en Washington dijo que el plan de Trump se basaba en una lectura demasiado restrictiva de la autoridad de la EPA.
Eso llevó a los partidarios de la regla de Trump —empresas como Westmoreland Mining Holdings y 19 estados liderados por republicanos encabezados por Virginia Occidental— a recurrir al máximo tribunal del país. Su apelación decía que el fallo del tribunal inferior permitiría a la EPA rehacer el sistema eléctrico de EE.UU., yendo mucho más allá de lo que pretendía el Congreso cuando promulgó la Ley de Aire Limpio en 1970.
La Administración Biden dijo que el texto de la Ley de Aire Limpio no excluye los esfuerzos para cambiar la generación de energía a fuentes más limpias. La Casa Blanca obtuvo el apoyo en el caso de una variedad de industrias, incluidas empresas de tecnología y eléctricas, así como organizaciones ambientales.
El caso se centró en una disposición de la Ley de Aire Limpio que exige a la EPA identificar el “mejor sistema de reducción de emisiones” para las fuentes de contaminación existentes y que luego encargue a los estados la elaboración de planes de implementación.
