Lo imperceptible en el sector energético en México: la autoridad del presidente

Si la primera regla de la política es que un funcionario público, elegido o designado, no acepte voluntariamente una restricción del alcance de la autoridad del cargo, entonces el Presidente de México nunca permitirá que Petróleos Mexicanos (también conocido como Pemex) se convierta en una verdadera compañía de petróleo basada en principios comerciales. En cambio, Pemex seguirá siendo una dependencia del Ejecutivo federal, es decir, una entidad subordinada a los nombramientos, ceses y asignaciones de recursos humanos y de capital presidenciales y ministeriales.

Así, Pemex seguirá siendo una agencia estatal mal disfrazada de “empresa estatal”, una figura legal definida en el Capítulo 22 del tratado comercial y de inversión entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) de 2020. Tal entidad está “dedicada principalmente a actividades comerciales” y el Estado “tiene el poder de controlar la empresa… [y] designar a la mayoría de los miembros de la junta directiva.”

La propiedad indirecta de la refinería Pemex Deer Park por el Estado mexicano a través de Pemex y sus filiales significa que la refinería es una empresa estatal.

En México no es que X (el Estado) sea dueño de Y (Pemex). Es X = Y. Los empleados de Pemex son servidores públicos. No existe una relación de plena competencia: el presidente nombra a los ejecutivos corporativos y miembros del directorio, todos mexicanos y mexicanas.

“El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha involucrado en las decisiones estratégicas de Pemex a un grado mucho mayor que cualquier presidente anterior”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha involucrado en las decisiones estratégicas de Pemex a un grado mucho mayor que cualquier presidente anterior. La subordinación de los profesionistas y de los negocios de Pemex a la voluntad de los actores políticos nunca ha sido mayor.

El público sabe que López Obrador suspendió las rondas de licitaciones de petróleo y gas, ordenó la construcción de una nueva refinería e intimidó a los reguladores para que cerraran las operaciones legalmente permitidas de inversionistas extranjeros en los sectores del petróleo y la electricidad.

En la comunidad energética de Houston, tales decisiones han sido condenadas; en México, han sido criticados por lesionar los intereses de los inversionistas, violar la ley y los reglamentos y poner en peligro el suministro de energía. Además, el intento de expropiación regulatoria del descubrimiento de petróleo Zama de 2017 por parte de un consorcio liderado por Talos Energy de Houston le ha costado al Estado miles de millones de dólares en regalías petroleras.

Se espera que Zama produzca 150,000 barriles diarios de petróleo ligero. Desde 2020 y a $ 80 / barril y 50% de regalías netas, el Estado, al negarse a permitir que Talos ponga en producción el yacimiento, ha perdido más de US $ 4 mil millones en regalías e impuestos. Una pérdida a cambio de una postura ideológica soñadora y fiscalmente irresponsable.

Mientras tanto, las élites empresarial y política en México critican las decisiones de este presidente en materia de política energética. Sin embargo, lo que esas élites no hacen es afirmar en público que el presidente de México no debería tener ningún papel en la administración de las empresas estatales de servicios públicos de petróleo y energía del Estado.

¿Por qué esta falta de reconocimiento de los efectos siempre tóxicos de las decisiones políticas en la asignación de recursos humanos y de capital de una empresa con fines de lucro de negocios?

Hay dos respuestas a esta pregunta, ambas igualmente inaceptables. La primera es que en México hay una fusión de cardenismo y nacionalismo. La primera es la narrativa de que desde 1938 México tiene al petróleo como vocación nacional: es el Presidente de México quien está en el centro del escenario. Es responsable de proteger a la nación contra las compañías petroleras internacionales depredadoras.

Es él quien tiene el poder de tergiversar el significado de seguridad energética —es decir, producción interna complementada con comercio— en “soberanía energética”, una confabulación mística sin puntos de referencia empíricos ni principio limitante.

La segunda respuesta es que simplemente pasa desapercibido el daño al interés nacional de un marco legal que permite la injerencia presidencial en la gestión de las empresas estatales de energía. Como Xóchitl Herrera, jefa de Cobertura de México para REDD Intelligence, un proveedor de noticias, datos e investigación centrado en los mercados emergentes, planteó el asunto en WhatsApp: “Es como un pez que le pregunta a otro: ‘¿Has notado el agua?'”

Los mexicanos esperan mejores decisiones presidenciales, solo que no cuestionan si el presidente sirve al interés nacional al tomar tales decisiones.

El principio limitante del presidente es el voto popular, no el principio limitante de la rentabilidad. El beneficio es una presunción contable cuando los mercados de capital compensan la diferencia. Pemex reporta una deuda de más de US$ 110 mil millones, gran parte de ella como préstamo con una garantía soberana implícita para pagar impuestos federales.

Por lo tanto, es lamentablemente poco probable que el presidente de México, o miembros de su partido en el Congreso, insten en el corto plazo las reformas necesarias para sacar al presidente de Pemex.

Para ello, la principal reforma que se necesita es la creación de una segunda empresa estatal con las características de la noruega Equinor o la brasileña Petrobras con un consejo de administración internacional que tendría la encomienda de nombrar al director general de la empresa. La medida fue contemplada en la Ley Petrolera de 1941 (Art. 10.III) y el modelo fue adoptado mundialmente, menos en México, Cuba y Venezuela, entre unos cuantos más.

O sea, hace 80 años, la élite en México supo qué hacer.

*/ George Baker obtuvo su Ph.D. en History en la Duke University in 1970. Durante el periodo 1973-1974 recibió una beca completa (Fulbright Scholarship) en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 1995, fundó el boletín Mexico Energy Intelligence™ para dar cobertura sobre las instituciones del sector energético en México y Estados Unidos. Ha sido columnista en Reforma y Milenio. También ha aportado artículos para Energía a Debate y Mexican Law Review (UNAM). Asistió a la toma de posesión el 1 de diciembre de 2018. Radica en la alcaldía West University Place, en Houston, con su esposa la muralista Mary Baker.

Sitio de internet: https://www.energia.com/about/george-baker/

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