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Desde el inicio de la actual administración federal, la tónica del gobierno respecto al sector eléctrico ha sido la misma: limitar la participación privada a costa de lo que sea.
Para materializar estos límites ha recurrido a todas las formas, pero además ha ido escalando en la jerarquía legal. Las dependencias involucradas iniciaron con acuerdos administrativos, como el famoso acuerdo del CENACE, luego la política de confiabilidad, después la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica hasta llegar a un intento de reforma constitucional.
Afortunadamente el último intento lo paró el Legislativo, mientras que todos los demás han sido frenados por el Poder Judicial.
La semana pasada tuvimos un ejemplo de bloqueo a privados, en el que se desconectó una central eléctrica privada incluso en contra de una orden judicial. Hace unos meses también se desconectó otra central en Monterrey, que sigue desconectada a pesar de las instrucciones de los jueces. Este último caso es relevante, pues desconectaron la central en los días de más alta demanda del sistema en la capital neolonesa.
“Lo más gacho es que en lugar de haber razones técnicas, económicas, de seguridad, en realidad todo es por razones ideológicas e ignorancia”.
La central aportaba una reserva que permitía regular frecuencia y voltaje, por lo que desconectarla incrementaba el riesgo de apagones o daños al sistema en la zona. A pesar de eso, decidieron correr el riesgo con tal de cumplir con el deseo político.
Pero también hay una serie de limitaciones a centrales eléctricas que, sin ser tan escandalosas, han generado daños importantes a la industria eléctrica, la transición energética y prácticamente a todos, incluyendo a la CFE, a usted y a mí.
Después de una consulta con algunas empresas, he logrado recopilar informes de que en el primer semestre se ha limitado la generación de energía eléctrica a parques solares y eólicos en el país, que se traducen en que la red deje de recibir por lo menos 876,200 megawatts-hora, u 876.2 gigawatts-hora.
Si a esto sumamos que hay cerca de 2,000 megawatts de capacidad de generación instalada entre solar y eólica que están bloqueados por el dúo CRE y CENACE para evitar que entren en operación –que generarían unos 2,485 GWh en la primera mitad del año–, estamos hablando de más de 3,371 GWh de energía renovable no recibida en seis meses.
¿Eso a cuánto equivale?
Consideremos que el consumo eléctrico del país el primer semestre del año pasado fue de 157,400 GWh. El corte de generación a este puñado de parques significa el 2.46 por ciento del consumo eléctrico en el primer semestre.
El año pasado la energía eólica y solar aportaron 11.8 por ciento del total. De haber permitido la operación de estos parques, la suma habría llegado a 13.9 por ciento. Dicho de otra manera, la energía eléctrica habría pasado en la primera mitad del año de 27.6 a 29.74 por ciento. Y no se necesitaba más que permitir la operación de los parques, que ya tienen todos los permisos, estudios, infraestructura y con todas cumplen las normas.
¿El pretexto para los cortes y los bloqueos?
Desde decir que el COVID no se podía considerar causa de fuerza mayor para cambiar la fecha de entrada en operación hasta pretextos de potencia reactiva.
Pero el pretexto es lo de menos. Recordemos que incluso han desacatado las instrucciones de los jueces…
El país tiene una obligación asumida de generar el 35 por ciento de su energía proveniente de fuentes limpias en 2024. Sin subastas, sin permisos, con bloqueo a proyectos, no es posible lograr esa meta, pero además, los bloqueos a estos proyectos alejan todavía más al país de cumplir con sus metas. A cambio consumimos más combustibles, contaminamos más.
Aunado a ello, hay un impacto económico a las empresas, a la propia CFE, a los usuarios, a la inversión, que en nada beneficia a México. Pero de eso hablaremos la semana siguiente.
Lo más gacho es que en lugar de haber razones técnicas, económicas, de seguridad, en realidad todo es por razones ideológicas e ignorancia. Haga el fabrón…
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