Luis Vielma Lobo* / para Energía a Debate
Recientemente el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el informe de su primer año de gobierno (aunque en realidad han sido 9 meses), manteniendo así, la tradición constitucional de que el Presidente en ejercicio debe entregar su informe anual al Congreso de la Unión al inicio de cada periodo de legislatura. En el informe reiteró su objetivo principal de consolidar un modelo de desarrollo con justicia social.
Después de revisar el mensaje del Presidente pudiéramos concluir que incluyó los temas que han creado incertidumbre entre un importante grupo de ciudadanos, y también entre los inversionistas internacionales. Hizo énfasis en cuatro prioridades: impulsar el desarrollo regional, fortalecer la economía popular, fomentar la relación con el sector privado, e intensificar el comercio exterior, las cuales han sido bien recibidas por el sector empresarial en general.
Las últimas dos prioridades han llamado la atención de inversionistas y críticos del Presidente, pues dudaban que estos temas estuvieran en su agenda. No obstante, dos hechos sucedidos previamente, habían dejado un trazo importante en relación al tema de prioridades: el primero fue la respuesta rápida y asertiva del gobierno mexicano cuando el Presidente de Estados Unidos, amenazó con subir los aranceles de las importaciones mexicanas, logrando contener la amenaza, proponiendo un plan de ayuda y control de daño en el tema migratorio. Esta acción del gobierno permitió que las exportaciones mexicanas no fueran afectadas.
El otro tema importante –sucedió en los días finales del mes de agosto– y tiene que ver con el acuerdo logrado con las empresas constructoras de siete gasoductos, afectadas por la decisión tomada en el mes de junio por la CFE de demandar un arbitraje internacional por incumplimiento de algunas cláusulas contractuales. Tras una negociación que impulsó el ejecutivo nacional, la CFE y las empresas llegaron a un acuerdo, con lo cual tranquilizaron a inversionistas internacionales y agencias de calificación, que vieron en esta decisión un factor positivo que brinda mayor certidumbre a las inversiones hechas y al avance interrumpido de otros proyectos.
Adicional a estos dos temas, el respaldo público del Presidente a la gestión de la nueva dirección de Pemex también ha sido un factor importante. La empresa productiva nacional ha sido sometida a grandes críticas por parte de conocedores del sector energético, y en particular del sector de hidrocarburos; no obstante quienes están al frente en la toma de decisiones vienen haciendo su trabajo, sin mucho ruido, para poder cambiar las tendencias que acompañan a la empresa desde hace ya dos administraciones anteriores.
Sin duda, la primera experiencia de interacción internacional de representantes de Pemex ante inversionistas y agencias calificadoras en New York, no fue la mejor; no obstante, a partir de la misma, se ha visto un aprendizaje importante, mismo que se ha visto reflejado en varios temas: la presentación de un Plan de Negocios consolidado, el cual, dentro de sus 11 objetivos estratégicos y 35 acciones estratégicas, contiene una dirección que busca dar un fuerte golpe de timón a la empresa. Llama la atención el énfasis dado al tema de capacitación, tan necesario para fortalecer los cuadros internos, debilitados por la salida de más del 40% de profesionistas y sobretodo un 25% que representaban un importante músculo técnico.
También hay una consideración importante al programa de producción y aunque las cifras son retadoras, hay que reconocer el compromiso que significa avanzar consistentemente con el desarrollo de acciones específicas, que se conviertan en valor creado de manera efectiva y eficiente. En la medida en que se avance, se irán aclarando objetivos y metas susceptibles de reconsideración y ajustes. Los planes y programas son una dirección y lo importante es echarlos a andar para ir observando, evaluando resultados y tomando las decisiones necesarias para ir en la búsqueda de las metas perseguidas.
Un capítulo de atención para la empresa nacional está relacionado con el tema financiero corporativo y la necesidad de disponer oportunamente, de un plan de reestructuración de deuda que vaya facilitando los espacios de movimiento a los diferentes negocios de la organización. La deuda heredada ha sido una carga muy fuerte y los compromisos hechos con fondos y bancos también. Esta realidad refleja la gran desconexión que existió en las administraciones previas, entre los cuadros financieros y los cuadros técnicos y operativos, responsables de aquellos procesos interrelacionados de: producción, suministro, venta ingresos, gastos; es decir, los responsables del balance sheet u hoja de balance de la empresa día a día; principalmente para el negocio de exploración y producción, mismo que fue afectado de manera gradual cada año, obligándolo a disminuir sus inversiones, tanto en exploración, como en el desarrollo de nuevos campos y yacimientos.
El otro tema tiene que ver con la necesidad de opciones para aliviar la carga de necesidad presupuestaria de la empresa, y que debe ser cubierta por el Estado como su único accionista. En un escenario ideal, como cualquier empresa privada, Pemex debe generar suficientes ingresos para pagar todos sus egresos y compromisos de deuda; no es este el caso en estos momentos para la empresa nacional. Así que la creatividad de sus profesionistas y directivos les obliga a buscar fuentes adicionales de ingreso y auto financiamiento.
Sabemos ya que el financiamiento de proyectos y programas se convierten en deuda, y esta es demasiado pesada para incrementarla, por lo que deben ser evaluadas opciones de alianzas y asociaciones con terceros para que tengan participación activa en los proyectos y sean ellos quienes asuman la responsabilidad de financiarlos. Hasta ahora la única opción que se ha mencionado son los contratos denominados CSIE o Contratos de Servicios Integrales de Extracción de hidrocarburos y cuyo objetivo es la conformación de consorcios de Pemex con empresas que aportarían la inversión necesaria para desarrollar los proyectos, y a cambio recibirían una tarifa o fee atado a la producción que se obtenga, y que se ha definido previamente con base en las economías de cada proyecto. Muchas de las asignaciones deberán ser migradas por Pemex a fin de lograr su mejor rentabilidad, buscando para ello, obtener un tratamiento fiscal similar a las empresas que ganaron campos o áreas en los procesos de licitación realizados por la anterior administración.
También debe definirse el tipo de tratamiento fiscal que el Estado dará a aquellas asignaciones que potencialmente sean campos o yacimientos de gas, para hacerlas competitivas en las etapas iniciales del desarrollo del proyecto, y así poder iniciar un plan agresivo de producción de este hidrocarburo tan importante para la seguridad energética del país.
El mensaje del Presidente relacionado con esas dos prioridades de acercamiento con el sector privado, traen una pausa refrescante que permite pensar que las asociaciones público – privadas pueden ser una opción para que los inversionistas y empresas privadas se acerquen a Pemex, y busquen la mejor opción de negocios y el respaldo contractual adecuado que les permita seguir hacia adelante en el desarrollo de más de 100 asignaciones que Pemex trae en su cartera. Materializar estas oportunidades detonaría una importante actividad en el sector, con impacto en el PIB, y ello esta alineado con la estrategia social del Presidente.
Es importante recordar que, si existen reglas de juego claras y procesos transparentes, se pueden concretar alianzas o asociaciones público – privadas que apoyen a Pemex a seguir exitosamente adelante, materializando los compromisos del plan de negocios, y también contribuir a aliviar al Estado de esa pesada carga presupuestaria que Pemex demanda, y que le resta disponibilidad a los programas sociales, que tanto impulsa el Presidente mexicano.
(*) Luis Vielma Lobo, es Director General de CBM Ingeniería Exploración y Producción y presidente de la Fundación Chapopote, miembro del Colegio de Ingenieros de México, Vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicio AMESPAC, colaborador de opinión en varios medios especializados en energía, conferencista invitado en eventos nacionales e internacionales del sector energético y autor de las novelas “Chapopote, Ficción histórica del petróleo en México” (2016) y “Argentum: vida y muerte tras las minas” (2019).