México ante los acuerdos de Glasgow

Después de un intenso debate de varios días, la reciente reunión COP26 realizada en Glasgow, además de recordar, una vez más, la importancia de entender el tema del cambio climático, logró un importante consenso para mantener los esfuerzos y compromisos de una gran mayoría de países.

Controlar la emisión de carbono para desacelerar el incremento de la temperatura a menos de dos grados Celsius en los próximos 20 años significa un reto mayúsculo que siembra dudas sobre su viabilidad, especialmente si observamos la paradoja entre necesidades de energía, las proyecciones de su uso y las opciones existentes para reemplazar los combustibles fósiles.

El evento también permitió “señalar con un dedo” los mayores ofensores en el tema ambiental, entre ellos los países más consumidores de energía y con mayor proporción de contaminación por su imparable desarrollo (China y Estados Unidos) y las compañías productoras de energía fósil, con hidrocarburos y carbón.

El tema tiene que ver con la manera en que los gobiernos y las empresas vienen creando conciencia colectiva social y organizacional hacia el ambiente, la contaminación, gobernanza y su efecto social, mejor conocido como ESG (Enviromental, Social and Corporate Governance) por sus siglas en inglés.

“México viene manejando un doble lenguaje en estos temas ambientales y específicamente en los esfuerzos del control de las emisiones de carbono”.

Este tema se ha convertido en un importante indicador que ya tiene un impacto en el valor presente y futuro de cualquier activo o empresa que produzca energías fósiles. También está representando un reconocimiento social para las empresas que vayan mejorando sus índices ESG y así obtener grados de calificación que les facilite recibir apoyos trascedentes y financiamientos especiales de los organismos multilaterales, responsables de impulsar y coordinar estas políticas a nivel mundial.

En los últimos diez años, el ESG, como concepto dinámico ha crecido de manera hiperbólica desde que fue establecido por la ONU y ha apoyado fundamentalmente la colocación de inversiones en empresas sustentables, las cuales ya superan los 20 mil millones de dólares, lo que representa más de la inversión anual de una empresa petrolera nacional como Pemex.

México viene manejando un doble lenguaje en estos temas ambientales y específicamente en los esfuerzos del control de las emisiones de carbono. La paradoja mencionada sobre el crecimiento de la demanda de energía por parte del mercado vs la deficiente oferta de energías alternas obliga a las empresas productoras de energía nacionales a incrementar el uso de combustibles fósiles y no existe un verdadero plan para lograr cumplir con los acuerdos que le hayan correspondido en esa reunión.

Pemex está clasificada en el tercer lugar a nivel mundial entre las compañías petroleras de mayor riesgo para el medio ambiente con base en el análisis realizado por el Instituto de Responsabilidad Climática de Estados Unidos en el 2020, institución especializada en el tema. El estudio permitió comparar un grupo de más de diez mil empresas en un universo de cuarenta diferentes industrias, que incluyeron petroleras, generadoras de electricidad y fábricas de bienes y prestadoras de servicios.

Para tener una mejor idea de lo que esto significa, Pemex obtuvo una calificación de 56.7 puntos de riesgo ESG, lo cual significa que la empresa enfrenta un riesgo “severo” en comparación con otras empresas petroleras, como la italiana ENI (25.7) que se encuentra en la parte baja del riesgo; la colombiana Ecopetrol (37.3) y la noruega Equinor (33.4), que presentan un riesgo promedio. Además de Pemex, las siguientes compañías tienen la calificación de riesgo severo: Petrobras (48.2), la estadounidense Parsley Energy (57.3) y la compañía China Guanghui Energy (59.7).

Recientemente Pemex anunció que comenzaría a informar sobre sus emisiones de carbono equivalentes trimestralmente, debido a las solicitudes de los inversionistas de divulgar datos ESG, lo cual le ayudaría a superar la calificación de grado especulativo de su deuda y también a priorizar las demandas ambientales, con el reto de incrementar la producción. Es importante recordar que las compañías nacionales están comprometidas con sus gobiernos en maximizar los ingresos para el Estado, lo que les deja poca flexibilidad para reducir su huella de carbono.

Tomando en consideración este entorno, el Congreso acaba de aprobar la ley que regula las actividades de aquellas empresas productoras de combustibles fósiles y fábricas que descargan gases contaminantes a la atmósfera. Esta ley busca cumplir al menos dos objetivos críticos:

1. Reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero a fin de generar un desarrollo con bienestar social, y
2. Disminuir la vulnerabilidad al cambio climático de la población, los ecosistemas y su biodiversidad, así como de los sistemas productivos, mediante el impulso y fortalecimiento de los procesos de transición.

Ojalá en esta oportunidad México establezca el sistema de medición y evaluación adecuado y se enfrente al futuro con un verdadero plan que comprometa a las empresas nacionales a mejorar su calificación ESG y encaminarse por la ruta tan necesaria de la sustentabilidad.