La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advierte que México debe modificar varios aspectos de su política energética para evitar un conflicto mayor en el contexto del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), después de que los gobiernos de los otros dos socios comerciales presentaron solicitudes de consulta para la resolución de controversias en el sector energético mexicano.
En su documento Señal Coparmex, el organismo que preside José Medina Mora Icaza señaló que entre los cambios a realizar destaca dar marcha atrás a la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica.
El sindicato patronal considera que esta iniciativa “premia la ineficiencia de la CFE en lugar de hacerla competitiva, y que nos condena a los mexicanos a tener que pagar energía eléctrica cada vez más cara y generada de forma contaminante quemando carbón y combustóleo, en lugar de apostar por energías como la solar o la eólica”.
En segundo término, es necesario que los reguladores frenen la tendencia de poner barreras, trabas, demoras, denegaciones y revocaciones de permisos que tienen las empresas privadas.
Estas barreras, añade la Coparmex, fueron impuestas por el gobierno para dar preferencia a Petróleos Mexicanos, cuando en lugar de ver a estas empresas como rivales podrían y deberían concebirse como complementarias.
En tercer término, advierten que la decisión de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) hecha en 2019 de ampliar el plazo a 2025 para que Pemex reduzca el contenido de azufre en el diésel comercial es considerada violatoria.
“Esto ocurrió porque PEMEX no desarrolló la infraestructura necesaria para producir Diésel de Ultra Bajo Azufre (DUBA) y al que está obligado por diversas normas y por ser una exigencia para mejorar el medio ambiente y evitar riesgos a la salud de las personas”, detalla el documento.
Además, consideró necesario eliminar el decreto de junio de este año por el que la Secretaría de Energía obligaba a las empresas a comprar gas natural a Pemex y a CFE; esto porque el gobierno tiene capacidad no aprovechada y en lugar de buscar soluciones de mercado, optó por hacerlo por decreto.
Finalmente, el organismo pidió al gobierno considerar que recientemente la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el acceso a un medio ambiente limpio y saludable como un derecho humano universal que deberá respetarse.