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La representación del gobierno mexicano en la Conferencia de las Partes (COP) 28, que se realiza en Dubai, presentó un posicionamiento contradictorio entre las metas establecidas y las políticas públicas y el presupuesto destinado para alcanzarlas, advierte el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
El posicionamiento fue presentado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y si bien presenta buenas intenciones, el país debe adoptar un plan de acción climática adecuado para responder a eventos como los impactos del reciente huracán “Otis”.
El CEMDA añadió que todos los países deben incrementar sus esfuerzos para dar cumplimiento a los Acuerdos de París.
“Reconocemos que México es uno de los países más vulnerables frente al cambio climático y es también uno de los principales emisores de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel global y el segundo en Latinoamérica. De ahí la importancia de que el Estado mexicano no minimice su responsabilidad de mitigación”, indicó.
El organismo también consideró positivo que el gobierno reconozca la necesidad de incluir el enfoque de justicia social frente a la crisis climática.
“Sin embargo, dicho llamado debe respaldarse con acciones concretas y con los recursos necesarios para llevarlas a cabo”, abundó.
En este sentido, el CEMDA advierte que mo existe en el país una política pública sobre adaptación de cambio climático.
Como ejemplos, señaló el de la comunidad del Bosque en Tabasco –la cual ha sido desplazada de sus hogares debido al avance del mar– y las graves afectaciones ocasionadas por el impacto del huracán Otis en Acapulco, pues consideró que esos casos muestran que el gobierno carece de recursos etiquetados para adaptación, así como de una ruta de acción clara para enfrentar estas situaciones de manera preventiva, suficiente y adecuada.
Además, consideró que el Estado mexicano debe asignar los recursos suficientes a través del Anexo Transversal 16, el cual debería destinarse a acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático.
No obstante, esos recursos fueron asignados a proyectos como el Tren Maya, a la construcción de infraestructura para gas fósil y para programas como Sembrando Vida, los cuales no contribuyen a la reducción de emisiones de GEI, sino que, por el contrario, las aumentan.
