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La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto para modificar las “Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen los lineamientos para la elaboración de los protocolos de respuesta a emergencias en las actividades del sector hidrocarburos”.
El decreto fue publicado después que a mediados de julio de este año Pemex reportó un derrame en el campo Ek Balam.
Uno de los cambios principales en la disposición se basa en la definición de un “derrame”: la regulación anterior, de marzo de 2019, establecía que un derrame se define como “cualquier descarga, evacuación, rebose, achique o vaciamiento de hidrocarburos u otras sustancias peligrosas en estado líquido”.
Sin embargo, la nueva redacción publicada hoy en el DOF cambió la definición a una “pérdida de contención de hidrocarburos u otras sustancias peligrosas en estado líquido en el suelo, subsuelo o agua, que pueden ocasionar daño o representar un peligro para personas, instalaciones y medio ambiente”.
El 18 de julio, Petróleos Mexicanos informó que el derrame en Ek Balam fue controlado y que se trató de una fuga “mínima”, donde aseguró que “la mayor parte del volumen derramado se recuperó de manera inmediata y la iridiscencia se dispersó”.
“Los dos puntos de fuga en el ducto fueron pequeñas fisuras de siete centímetros de longitud por un milímetro de ancho y un poro de 1.2 centímetros de diámetro. Dado lo reducido de las grietas, el volumen de hidrocarburos que se fugó fue mínimo”, señaló la empresa en un comunicado emitido ese día.
Bajo la nueva redacción de la disposición, publicada en el DOF, el incidente de Pemex podría no ser considerado un “derrame”, debido a que en teoría no representó un peligro para personas, instalaciones y medio ambiente.
No obstante, a finales de julio, organizaciones no gubernamentales acusaron que la información presentada por Pemex y el gobierno federal es “imprecisa y en algunos casos contradictoria”.
“Las organizaciones firmantes vemos con suma preocupación esta intención de negar hechos irrefutables y desatender los impactos que este tipo de desastres tienen en los ecosistemas marinos y en las comunidades que viven a lo largo de la costa del Golfo”, dijeron 21 organizaciones civiles.
Agregaron que la normalización de los desastres por parte de la empresa estatal y de las autoridades lleva a concluir que la situación sería más grave de lo que parece y expresaron su temor de que esta situación haya revelado el “modus operandi” de las compañías petroleras que operan en la región.
“Queda presente el temor de que lo que hemos observado estas semanas es en realidad el modus operandi habitual de las petroleras de la región, lo que a su vez implica que el daño ambiental que se está perpetrando permanece deliberadamente oculto y sin remediar”, asentaron.
Por ello, dejaron en claro que “esta forma irresponsable de operación” no es normal ni se debe minimizar.
En respuesta, en una conferencia de prensa, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, aseguró que la fuga petrolera en Cantarell se trataba de una “chapopotera”, lo que según el dirigente, es un fenómeno natural de “millones de años” en el que hay fugas intermitentes del hidrocarburo, que no están relacionadas con las actividades de Pemex y que no representan riesgos para el ambiente.
Justificación
El acuerdo publicado por la ASEA refirió que a partir de una revisión, la agencia detectó la necesidad de modificar las normas para “simplificar la carga administrativa sobre los regulados, manteniendo la certidumbre técnica y jurídica”, pero manteniendo el “conocimiento suficiente” permitiéndole contar con el conocimiento suficiente de las operaciones que se desarrollan en el país.
Además, la agencia afirmó que los cambios se realizaron tras recibir las “opiniones favorables” de las secretarías de Medio Ambiente y de Energía, así como de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Cambian planes de reparación
Otra modificación en el decreto publicado por la ASEA se refiere a los “planes de atención de emergencias”.
En el nuevo documento se establece que en los planes de atención a emergencias, tanto externos, como internos, las instituciones reguladas serán las encargadas de establecer los recursos y procedimientos con los que cuentan para alertar, comunicar, evacuar, atender, controlar y dar por terminada la emergencia, así como evaluar daños a instalaciones, estructuras aledañas y retorno de la población.
Además, las empresas, incluido Pemex, no deberán incluir el “Plan de acción y de atención a recomendaciones derivadas del Análisis de Riesgo para el Sector Hidrocarburos (ARSH)”, para la formulación del Protocolo de Respuesta a Emergencias (PRE).
La ASEA también derogó una disposición que obligaba a actualizar los Protocolos de Respuesta a Emergencias, si en algún simulacro, las empresas detectaban fallas o mejoras de los elementos evaluados.
