Es necesario contar con leyes, regulaciones y políticas públicas que incentiven la adopción de un modelo de economía circular en todos los sectores, recomendó el World Resources Institute México (WRI México).
En el documento “Situación de las políticas sobre economía circular en México”, elaborado en conjunto con Fundación Femsa y presentado este jueves, la organización consideró que actualmente en el país hacen falta políticas y un marco legal que permita la adecuada implementación de la economía circular.
Refirió que a pesar de que en México varios estados cuentan con regulaciones para la prohibición de plásticos de un solo uso, por ejemplo, solo dos contaban con un enfoque de economía circular, Quintana Roo y Baja California.
Igualmente, indicó que a nivel federal, en 2019 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) elaboró la “Visión nacional hacia una gestión sustentable: cero residuos”, un documento que contiene principios rectores, una hoja de ruta y líneas de implementación, con elementos de economía circular.
En tanto que en el ámbito legislativo federal existe la iniciativa de Ley general de economía circular y la propuesta de reformas y adiciones en materia de plásticos y residuos sólidos urbanos.
Sin embargo, nada de esto ha sido implementado ni se ha concretado.
“El diseño de políticas públicas en materia de economía circular debe considerar el contexto en el que se van a aplicar y la existencia de condiciones habilitadoras”, consideró.
Por ello, entre sus recomendaciones, el documento del WRI México y Fundación Femsa expone fortalecer el marco legal e institucional para la economía circular, al contar con leyes, regulaciones y políticas públicas que incentiven la adopción de este modelo económico en todos los sectores.
Asimismo, plantea promover la investigación y el desarrollo en materia de economía circular, para lo cual se requiere generar conocimiento científico y tecnológico para desarrollar soluciones innovadoras que faciliten la implementación de este modelo.
También propone sensibilizar y capacitar a diversos actores sociales, de manera que estima como fundamental fomentar la comprensión y el apoyo a la economía circular entre la población, las empresas, las organizaciones civiles y los diferentes niveles de gobierno.
Y por último, apunta a fomentar la colaboración entre el sector público, privado y la sociedad civil: La colaboración entre estos actores es crucial para crear sinergias y avanzar de manera conjunta hacia una economía circular.
“La transición es una tarea compleja y requiere un esfuerzo de toda la sociedad, colaboración estrecha entre el gobierno, sociedad civil, empresas y ciudadanos. Este documento es un avance importante en este proceso en torno a la economía circular en México”, dijo Adriana Lobo, directora ejecutiva interina de WRI México en el evento de presentación.
Por su parte, Carlos Hurtado, gerente de Desarrollo Sostenible de Fundación Femsa, enfatizó el papel de la economía circular como una alternativa para la sustentabilidad.
“Este documento ofrece una mirada completa a la economía circular como una alternativa, y hace un estudio de caso especifico de lo que se ha ido desarrollando en el país, para construir y transformar escenarios”, señaló.
Para el impulso de la economía circular en México, el documento plantea aspectos claves a abordar en los niveles nacional y subnacionales.
Entre los primeros, considera un marco regulatorio y políticas públicas; educación y conciencia pública; infraestructura y tecnología; la colaboración y alianzas público-privadas y participación de redes internacionales, y mercados y modelos de negocio para el reciclado de materiales.
A nivel subnacional, los dos organismos plantean la adaptación de políticas locales y normativas locales complementarias; gestión eficiente de residuos municipales y apoyo a emprendimientos locales; capacitación y formación, con talleres y cursos; inversiones para infraestructura local, además del desarrollo de la innovación para productos y servicios circulares, y medición y monitoreo con indicadores y sistemas para monitorear y evaluar los progresos, además del uso de datos locales para diseñar políticas y programas.