El juez Juan Pablo Gómez Fierro frenó los intentos de algunas empresas gaseras de congelar las medidas de emergencia del gobierno federal para poner topes máximos al precio del gas licuado de petróleo (gas LP) para ventas finales.
“De conceder la medida cautelar para los efectos solicitados, se podría vulnerar el interés social, ya que con ello se privaría a la colectividad del beneficio que tendría con la implementación de una regulación que tiene como objeto frenar el alza de precios del gas licuado de petróleo, el cual constituye un insumo indispensable para la vida de las y los mexicanos”, argumentó el juzgador ante la solicitud de amparo de un grupo de empresarios distribuidores.
En su negativa para conceder la suspensión definitiva, el juez segundo de distrito en materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones recordó que el pasado 28 de julio, la Secretaría de Energía (Sener) emitió la Directriz de emergencia para el bienestar del consumidor del gas licuado de petróleo, mediante la cual exhortó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que estableciera la metodología para fijar un precio máximo para este insumo.
Cabe recordar que desde mediados de 2020, los precios internacionales del petróleo y del propano, insumo necesario para la elaboración del gas LP, comenzaron a elevarse, sobre todo cuando la economía mundial empezó a presentar indicios de recuperación ante la pandemia de la COVID-19.
De acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex), el precio al público final se incrementó en promedio 19.4% entre agosto de 2020 al mismo mes de este año, pasando de 19.41 pesos por litro (p/l) a los 23.18 p/l.
En los primeros ocho meses de 2021, el precio del gas subió 2.5% desde los 22.60 p/l en que se encontraba a inicios del año.
A partir de la primera semana de agosto, la CRE ha emitido los precios máximos a los que deben sujetarse las empresas distribuidoras de gas LP en el país, ante lo cual los participantes en el mercado, mediante sus asociaciones gremiales, han pedido a las autoridades hacer una revisión de la metodología para determinar dichos precios, bajo el argumento de que no refleja los costos reales.
Como consecuencia, los gaseros han dicho que sus ganancias se han mermado impactando negativamente en inversión, empleos e, incluso, en la cancelación de rutas de reparto.
En su argumentación, el juez Gómez Fierro también citó que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha dicho que no existen condiciones de competencia efectiva suficientes en el mercado del gas en las actividades de distribución distintas a ductos, de manera que la CRE consideró necesario intervenir en el sector para corregir los “aumentos injustificados del precio del gas licuado de petróleo que están afectando la economía de los usuarios finales y el desarrollo del sector”.