No hay empresas consentidas, dice Pemex

No hay empresas consentidas, ni que se hayan creado en la presente administración, dijo Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), para desmentir las versiones de que la compañía Baker & Hughes fue beneficiada con contratos y, como pago, rentó una casa con valor de varios millones de dólares en Houston, Texas, a uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia de prensa del jefe del Ejecutivo de esta mañana, Romero Oropeza aseguró que la agencia de noticias LatinUS y la organización no gubernamental Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) mintieron al asegurar que Pemex otorgó a Baker & Hughes, una firma norteamericana de servicios tecnológicos para el sector energético, una asignación directa por 89 millones de dólares.

“Se trató de una licitación en la que participaron 6 empresas para proveer bombas electrocentrífugas”, aclaró el directivo y especificó que Baker ganó al ofertar 42% por debajo del precio de referencia, siendo las mejores condiciones económicas para la petrolera estatal.

Anotó que Baker tiene contratos con Pemex por 7,589 millones de pesos (mmdp), lo que la ubica como la quinta compañía con mayores montos en sus contratos, por debajo de Schlumberger (13,050 mmdp), TAMSA (10,794 mmdp), Halliburton (9,601 mmdp) y OPEX Operadora (9,033 mmdp).  

El incremento en los montos de facturación con estas compañías en los últimos años, se explica por el aumento en la actividad de exploración y producción impulsado por esta administración y se puede corroborar con los resultados logrados en las reservas y producción en los recientes tres años, refirió el director general.

De acuerdo con los propios datos presentados por Romero Oropeza hoy, los montos de los contratos con Baker se incrementaron 205.4% de 2018 a 2021, pasando de los 2,900 a los 8,859 mmdp.

En días pasados, el diario Reforma publicó un reportaje en donde denunciaba que entre septiembre de 2019 y enero de 2020, Pemex hizo una ampliación de contratos por más de 100 millones de dólares en favor de Baker & Hughes, esto sin licitar y sin el consenso del Consejo de Administración.

Por ello, consideró el diario, hay un claro conflicto de interés al rentar la casa de lujo al hijo del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán, quien está casado con la norteamericana Carolyn Adams, esta última ex directiva de la empresa Shell y ahora dedicada al cabildeo de compañías extranjeras para obtener contratos con Pemex.

Cabe recordar que Royal/Dutch Shell, a través de su filial Shell Oil Company, vendió a principios de este año la totalidad de sus acciones en la refinería de Deer Park, en Houston, a Petróleos Mexicanos.

Derivado de este conflicto de interés y por los materiales publicados por LatinUS, MCCI y el diario Reforma, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República interpuso una denuncia el día de ayer ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que inicie una investigación sobre la suscripción de los contratos entre Pemex y Baker & Hughes, así como la modificación de los mismos en el periodo de 2018 a 2021.

En un oficio dirigido a David Rogelio Colmenares Páramo, la senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz expuso que en los últimos días de enero pasado se ha hecho del conocimiento público hechos que afectan la credibilidad del gobierno del presidente López Obrador, respecto a su combate contra la corrupción, al involucrarse su hijo José Ramón con Baker, misma que tiene contratos firmados con Pemex.

“En aras de la transparencia y la rendición de cuentas y por el bien de la República, es indispensable que los mexicanos seamos informados cabalmente de si la asignación de dichos contratos, los procedimientos de contratación y su ejecución se llevaron a cabo dentro del marco legal que los rige”, demandó la legisladora.

En su exposición de esta mañana, Romero Oropeza también aclaró que los contratos referidos por los medios de comunicación y la organización no gubernamental no son contratos, sino órdenes de servicio previstos en los acuerdos referenciales y que están permitidos por la ley, “razón por la cual no fueron cuestionados por la Auditoría Superior de la Federación”, apuntó.

Al respecto, precisó que los contratos referenciales son los que tienen como finalidad proveer bienes y servicios a Pemex en al menos cinco años. “Durante este tiempo, por medio de solicitudes de órdenes de trabajo, pueden adicionarse montos a los contratos marco en función de las necesidades de los proyectos”, agregó.

De igual forma señaló que los requerimientos no son discrecionales y se basan en un catálogo con precios preestablecidos para bienes y servicios que garantizan que la compañía, en este caso Baker Hughes, no pueda vender por debajo de los precios pactados.