Pese a amparo, continúa proyecto eólico “Gunaa Sicarú”, denuncian pueblos del Istmo

Comunidades indígenas y pueblos originarios del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, denunciaron este lunes que la empresa Eólica de Oaxaca persiste en la apropiación, a la que ellos llaman ilegal, de las tierras comunales para la construcción del parque eólico “Gunaa Sicarú”, pese a que existe un amparo y que la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) habían cancelado diversos permisos y el contrato de compra-venta de energía con dicho parque.

También exhibieron que la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pese a la protección judicial y al retiro de los permisos y contratos de Sener y CFE, aún mantiene vigente el permiso de generación E/1922/GEN/2017, con vigencia a 30 años.

“La CFE y la Sener resolvieron suspender una consulta que estaban organizando en Unión Hidalgo en cumplimiento a la ejecutoria dictada en un amparo por el Juzgado Primero de Distrito de la ciudad de Oaxaca”, refirió el conferencia de prensa Carlos González, abogado agrario y asesor del Congreso Nacional Indígena (CNI), en relación con el amparo número 302/2020 en contra de la construcción de la central eoloeléctrica propiedad de Eólica de Oaxaca, filial de la empresa Électrictié de France (EDF).

El amparo, dijo, promovió la suspensión de los permisos y, por tanto, la realización de la consulta indígena ya no tuvo razón de ser. La resolución a favor de los comuneros fue emitida en septiembre de 2021.

Apenas el 2 de junio pasado, la CFE dirigida por Manuel Bartlett Díaz canceló de manera definitiva el contrato de suministro de energía a Eólica de Oaxaca

Sin embargo, la Asamblea de los Pueblos Indígenas de Istmo para la Defensa de la Tierra y de los Territorios (APIIDTT) de la zona de Juchitán, Oaxaca, denunció que EDF sigue tratando de impugnar el amparo con la presentación de peritos topográficos y de agrimensura, así como peritos en Antropología e Historia, en un proceso en el que el juzgador determinará si existe o no afectación en los territorios ocupados por la comunidad de los binnizá, o zapotecos.

Para este proceso, EDF también presentará una ampliación del cuestionario para la consulta indígena, agregó Carlos González.

La empresa de origen francés no respondió a los llamados de Energía a Debate para obtener una opinión al respecto.

Entre los argumentos de la APIIDTT para asegurar que EDF y la mayoría de las empresas privadas que han establecido parques eólicos en la región del Istmo de Tehuantepec tienen contratos y títulos ilegales sobre las tierras que ocupan, se encuentra el de que dichos documentos se han expedido por notario, pero no cuentan con la autorización de los comuneros derivada de acuerdos de asambleas indígenas.

Mario Quintero, integrante de la Coordinación General de la APIIDTT, dijo que algunas personas han firmado los contratos con las empresas privadas, pero no tienen el aval de las asambleas, por lo que empiezan a cercar los terrenos creyendo que tienen certeza jurídica para desarrollar los proyectos.

De igual forma, Quintero denunció que hay complicidades y corrupción de parte de las autoridades, especialmente de la Procuraduría Agraria.

La Procuraduría es un organismo sectorizado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) del gobierno federal.

En su oportunidad, Christian Chávez, perito en Topografía por la Comunidad Agraria de Juchitán, expuso que desde tiempos de la colonia española se reconoció el derecho de los pueblos indígenas de la región a ocupar esos terrenos.

En 1964, en el último año de la administración del ex presidente Adolfo López Mateos, se decretó que todas las tierras de Juchitán pertenecerían al régimen comunal. Así, unas 68,000 hectáreas de las comunidades Unión Hidalgo, La Venta, Xadani, Chicapa de Castro y El Espinal y anexas quedarían bajo este régimen, abarcando 102 áreas.

Por ello, la APIIDTT afirma que al menos la mitad de las empresas privadas de generación eléctrica con viento asentadas en tierras comunales se encuentran de manera ilegal.

Aunado a ello, un 58% de las tierras comunales se compone de distritos de riego y precisamente la central de “Gunaá Sicarú” se construiría en esta zona, de la cual una porción pertenece a Unión Hidalgo.

“Gunaa Sicarú” sería una central eoloeléctrica con capacidad instalada de 252 megawatts (MW) y de generación por 825.70 gigawatts-hora (GWh), que requeriría una inversión estimada por 300 millones de dólares.

El 29 de junio de 2017, la CRE resolvió otorgar el permiso de generación eléctrica a Eólica de Oaxaca, SAPI de CV, producto de la segunda subasta de energía eléctrica de largo plazo del año anterior.