Redacción / Energía a Debate
Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue inhabilitado por 10 años para desempeñar cargos públicos, por haber proporcionado información falsa en su declaración patrimonial y omitir en dos ocasiones una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció lo anterior y su titular, Irma Eréndira Sandoval, lo describió como un gran logro del equipo de la dependencia al lograr sancionar a altos mandos de Pemex de la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.
Fuentes cercanas al caso dijeron a Energía a Debate que el proceso penal contra Lozoya Austin “va avanzando” también.
Sin embargo, Javier Coello, abogado de Emilio Lozoya, afirmó anoche que se impugnará la sanción a su cliente, la cual sería infundada por estar basada en una ley derogada, y que la cuenta a la que hace alusión el expediente del caso es de la madre del exfuncionario. “Es una resolución inusitada, ellos mismos dicen que no hay daño patrimonial (…) y además es una cuenta aperturada por su mamá en 2010”, dijo en entrevista con Milenio Televisión.
Función Pública se reservó el nombre de un segundo funcionario, a quien se impuso una sanción de 15 años de inhabilitación por irregularidades en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal, también durante la gestión de Lozoya Austin en Pemex.
Se presume que se trata de Edgar Torres Garrido, quien se desempeñó como director general de Pemex Fertilizantes, empresa filial que adquirió a Grupo Fertinal, aunque también se investiga a Carlos Roa Rodríguez, ex coordinador de asesores de Lozoya.
Según la Función Pública, en este caso se demostró que el funcionario responsable hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos, por tal razón, “se estableció una sanción resarcitoria equivalente al daño patrimonial infligido, además de los 15 años de inhabilitación al funcionario”.
Lozoya Austin también es investigado por el caso Odebrecht, en el que se le imputa haber recibido 10.5 millones de dólares de sobornos por parte de directivos de la compañía brasileña.
En febrero pasado, se informó que el gobierno de México se comprometió desde 2017 “a no ejercer ninguna acción civil, administrativa o penal en contra de funcionarios de la empresa Odebrecht” por el caso de los presuntos sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex). Se desconoce, sin embargo, si Lozoya Austin u otros funcionarios de Pemex aún podrían ser sancionados en este caso.