Petróleo y reforma fiscal

El reciente informe del Banco de México con respecto a la participación de los ingresos petroleros en el Producto Interno Bruto (PIB) podrían interpretarse como una despetrolización de las finanzas públicas, el sueño que acariciaron varias administraciones en el pasado.

Según las cifras de Banxico, y como le informamos en Energía a Debate, en 2025 las aportaciones de las asignaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y los contratos privados sumaron en conjunto apenas 0.7 por ciento del PIB, la segunda participación más baja desde 2015 después de 2024.

Desde décadas atrás, analistas y expertos han dicho que México requiere de una profunda reforma fiscal que permita ampliar las fuentes de financiamiento del gobierno y dejar de depender de la comodidad de los ingresos petroleros, algo que aparentemente lo está logrando la 4T.

En diciembre pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Antonio Martínez Dagnino presumió que durante 2025 la recaudación alcanzó los 5.5 billones de pesos, un incremento de 5.9 por ciento con respecto a 2024.

Sin embargo, estos logros recaudadores se dan en un contexto en que la inversión en el país disminuye, principalmente en bienes adquiridos para producir, es decir, inversión productiva. En el mismo año, ésta se contrajo 5.8 por ciento anual, en un consecutivo de 14 meses de deslizamientos, cifras a octubre del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El propio organismo, además, mostró recientemente que el comercio informal ha absorbido alrededor de 55 por ciento de las personas ocupadas del país. Es decir, se reducen los empleos formales.

La pregunta es: ¿quién está fungiedo de esponja exprimida de recursos para el Estado?

Regulación vs. recursos, el dilema del gas LP

Urge que el transporte y la distribución sobre ruedas de sustancias inflamables, como el gas, refuerce medidas para evitar accidentes que cuestan vidas y salud, además de las pérdidas económicas.

La semana pasada volvimos a ver esas imágenes de una pipa de gas en llamas luego de haber estallado en el tramo de la autopista entre Tepeji del Río, Hidalgo, y Jilotepec, Estado de México.

Sigue presente un accidente en septiembre pasado de un doble remolque con capacidad de 49 mil 500 litros que transportaba gas licuado de petróleo (gas LP) en el Puente de la Concordia, en la Alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México, que cobró al menos 34 vidas.

Justo para evitar este tipo de accidentes, la Comisión Nacional de Energía (CNE) emitió en octubre las nuevas Normas Oficiales Mexicanas sobre seguridad en el transporte y distribución de petrolíferos, además de regulación en materia de balizado para la identificación de los vehículos. En febrero y marzo próximo, la Comisión llevará a cabo talleres y otras actividades para capacitar sobre estas nuevas normativas.

Bien, pero, por otro lado, la industria sigue considerando que el tope a la tarifa de distribución del gas doméstico, vigente desde 2021, limita su margen operativo y de mantenimiento.

La regulación está bien, pero si no hay recursos suficientes para cumplir de poco sirve.

Palomita a la CNE

¿Cuál ha sido la evolución de las tarifas eléctricas en distribución en la región del Bajío? ¿O cuánto cobró el Cenace en 2024 por sus actividades de vigilancia del Mercado Eléctrico Mayorista? Estas y muchas otras preguntas pueden encontrar respuesta en la publicación de las Memorias de Cálculo de tarifas eléctricas que retomó la Comisión Nacional de Energía (CNE) recientemente.

Más allá del cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo 159 de la Ley del Sector Eléctrico (LSE), el hecho de que la CNE de Juan Carlos Solís Ávila retome la publicación de estos documentos –de forma completa, hay que decir– abona a la transparencia en el sector eléctrico y a la rendición de cuentas hacia el pueblo de México.

La publicación de las Memorias se suspendió durante la administración anterior, impidiendo ver y comprender la evolución de los datos contenidos en ellas, en un sector sensible a costos y precios en el muy corto plazo.

Retomar esta actividad ayuda a la industria, analistas y consumidores en cada uno de sus ámbitos, reforzando la certeza del gobierno en su compromiso por la rendición de cuentas.

Bien por la CNE y la administración federal.