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La diputada federal Araceli Ocampo Manzanares, perteneciente al grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pidió que el presidente de la República, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Energía revisen la concesión por 30 años otorgada a la empresa privada Generadora Fénix de 16 centrales eléctricas, producto de la extinción de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LFC) y de la reforma energética de 2013-2014.
En punto de acuerdo presentado el miércoles de esta semana, la legisladora también propuso que, de encontrarse irregularidades en la entrega de dicha concesión por parte del ex presidente Enrique Peña Nieto en 2015, el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador integre dichas plantas como propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La diputada Ocampo Manzanares recordó que en 2009 el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa por decreto ordenó la extinción de LFC como parte de un proceso de privatización del sector eléctrico nacional y de una manera que calificó como “inconstitucional”.
En el apartado de Antecedentes y Consideraciones, la morenista también evidenció un acuerdo “corrupto” entre Peña Nieto y el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, para privatizar los activos de LFC en favor de Generadora Fénix, filial de la empresa portuguesa Mota-Engil en sociedad con el SME.
Según la propuesta de punto de acuerdo, los activos consisten en 15 centrales generadoras más una planta termoeléctrica que Generadora Fénix habría recibido, instalaciones que prestaban el servicio público de energía eléctrico en la zona centro del país.
“La negociación entre Peña Nieto y Esparza tuvo a la corrupción como norma, en virtud de que la dirección del SME se despachó ‘con la cuchara grande’, porque además de que obtuvieron liquidaciones millonarias para ellos, sus familiares y allegados, fueron incluidos en la nómina de Generadora Fénix con altos ingresos, y lo peor es que los ‘dirigentes’ fueron cooptados por Mota Engil, pues de ser representantes sindicales se convirtieron en empresarios, como es el caso de Martín Esparza, a quien le asignaron un asiento en el Consejo de Administración de Generadora Fénix como vocal, tal y como consta en el acta constitutiva de dicha empresa”, denunció la diputada Ocampo.
En el mismo tono, la legisladora por el estado de Guerrero acusó que Esparza Flores desnaturaliza a la organización sindical, toda vez que no defiende a sus agremiados y, por el contrario, hace negocios.
También estimó que en el proceso de privatización de dichas plantas generadoras, ni la Secretaría de Energía, ni la Secretaría de Gobernación ni la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tenían facultades de entregar esa concesión a particulares.
“Como se puede observar este pacto inconstitucional y corrupto entre el gobierno de Peña Nieto y Martín Esparza Flores, ha tenido dos beneficiarios: La empresa trasnacional Mota Engil que se ha embolsado varios millones de euros por la venta de energía eléctrica, y Martín Esparza, que al mutar de dirigente sindical a empresario, vocal de Generadora Fénix, se ha embolsado también millones de euros, fincando su éxito empresarial en la tragedia colectiva de miles de agremiados al SME, que llevan varios años sumidos en una profunda precariedad económica y sin empleo”, volvió a acusar la diputada.
Actualmente, la sociedad entre Grupo Mota-Engil y el SME opera tres líneas de negocio: Fénix Generadora, Fénix Suministradora y Fénix Comercializadora.
