Planeación vinculante en leyes secundarias debe incluir cálculo económico

La planeación vinculante, establecida en las leyes secundarias en materia energética, deberá ser “quirúrgica”, reconocer que existe un mercado y tendrá que incluir un cálculo económico, propuso Sergio Ampudia Mello, profesor del Posgrado en Derecho Energético de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“No puedes negar que hay un mercado, porque estás pidiendo o estás esperando inversión”, expresó.

Este día, el Senado de la República aprobará un dictamen que incluye 8 iniciativas que expiden nuevas leyes secundarias derivadas de las recientes reformas constitucionales en materia energética, más otros tres ordenamientos a reformar relacionados con el sector.

En ellas se introdujo el concepto de “planeación vinculante”, referida como las acciones y mecanismos para asegurar que las inversiones y las actividades de los particulares no lleguen a ser prevalentes en los mercados energéticos.

En el caso de electricidad, el concepto está ligado con el propósito de la actual administración de que la empresa pública del Estado Comisión Federal de Electricidad (CFE) conservará en todo momento al menos 54 por ciento anual de la energía inyectada a la red, mientras que los privados tendrán hasta 46 por ciento de participación.

Los mismos porcentajes deberán ser respetados en los proyectos de inversión mixta.

Con respecto al despacho eléctrico, sin embargo, podría no ser permanente para la CFE, estimó un estudio realizado por el bufete jurídico Cacheaux Cavazos & Newton.

Recordó que se contempla el “despacho económico de carga” que minimiza costos variables de producción y satisface restricciones operativas, de confiabilidad y seguridad, además de que no se incluye el fraseo de la reforma eléctrica de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que abiertamente priorizaba a ciertas centrales sobre las energías limpias y, por último, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) realizaría un despacho seguro y económico, con el agregado “confiable”, con independencia de la propiedad o representación de las centrales eléctricas.

Sin cálculo económico

En conversación con Energía a Debate, el catedrático de la UNAM comentó que la planeación vinculante es quizá el punto que ha despertado mayor preocupación en la industria.

“Hay una razón por la que la planeación centralizada preocupa, es que no tiene cálculo económico. Simplemente decides construir una instalación porque, según tú, está bien que las armadoras de autos se instalen acá, pero si no le preguntas al usuario, si no conoces la demanda, ¿cómo sabes que se va a instalar ahí?”, expuso como ejemplo.

Modelo mixto, pero asimétrico

Ampudia Mello aclaró que las nuevas leyes en materia energética a aprobarse este día lo que harán será regularizar la forma en que el gobierno ha estado operando el sector energético desde el sexenio pasado.

Cabe comentar que la mayoría de ellas, incluso, fueron heredadas de la reforma energética de 2013-2014, por medio de las cuales se preponderaba las inversiones privadas para fomentar un mercado con competencia y libre concurrencia. Sin embargo, a partir de 2018, en los hechos, se fue inhibiendo la inversión privada en favor de las empresas estatales.

Ahora, con el concepto de prevalencia, el esquema de 54-46 por ciento y la planeación vinculante se revierte la asimetría de la regulación.

“La regulación asimétrica se aplicaba a los agentes dominantes, [pero] ahora se reinvierte. La regulación asimétrica se aplicará a los particulares”, recordó Sergio Ampudia.

Decisiones quirúrgicas

En el mismo tenor, el también vicepresidente de Derecho Energético de la Comisión Jurídica de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), opinó que para la planeación vinculante es necesario que las decisiones se tomen de forma “quirúrgica” y ordenada.

“Es un modelo mixto que invierte la regulación asimétrica y que descansa en el campo de la planeación vinculante que en un sistema en el que estás pensando que la inversión privada tenga un 46 por ciento en un segmento como es la generación, tienes que ser quirúrgico en tus decisiones, quirúrgico y ordenado. Es qué queremos, qué necesitamos y quién lo pone.”, explicó.

De no hacerlo, lo anterior se traduce en la realización de proyectos de inversión que no tienen un sustento en estudios de mercado, de demanda, de recursos naturales o energéticos, pero que se proyectan porque se asume de forma centralizada que ahí deben construirse.

“Deja tú el problema de la inversión que tiras a la basura, que eso es muy importante. Estás desatendiendo un bien que es socialmente indispensable que es la electricidad. El modelo de provisión está dejando de producir un satisfactor esencial que es la electricidad”, alertó.

Se re-presidencializó el sector energético

Un punto que destacó el académico universitario es que, desde su perspectiva, el sector energético mexicano ha regresado a un esquema por el cual las decisiones provienen de la Presidencia de la República a través de la Secretaría de Energía (Sener), un modelo que prevalecía antes de la reforma energética de 2013-2014 cuando surgieron o se fortalecieron las facultades de los organismos reguladores coordinados, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

“Todo el sector energético se re-presidencializó”, afirmó.

“En la simplificación orgánica en donde desaparecen los órganos reguladores coordinados, entre otros, se devuelven las facultades a la Secretaría de Energía. Es un proceso de re-presidencialización inverso a lo que fue el proceso de creación de los órganos reguladores que da la des-presidencialización”, agregó.

Por ello, lamentó, el sector energético queda prácticamente expuesto a decisiones de orden político.

Altos costos de transacción

En la conversación, Ampudia Mello también advirtió sobre la posibilidad de que se presenten altos costos de transacción para los inversionistas y para el Estado, a través de CFE o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante acuerdos difíciles de establecer o de cumplir en el marco de la nueva regulación.

“Hay altos costos de transacción, por llamarlo así, y es cuando una ley establece condiciones tales que es difícil llegar a un acuerdo o hacerlo cumplir. Entonces, esos costos de transacción me parece que están recogidos en esta coexistencia de modelos en donde uno depende de la capacidad presupuestaria del agente productor, que es CFE, y otro depende de la confianza que le pueda despertar a un inversionista para participar en un escenario donde la utilidad puede quedar condicionada a un control de precios”, explicó.

Al respecto, indicó que los inversionistas podrían percibir alguna incertidumbre, que puede ser regulatoria, administrativa a través de la figura la planeación, o incluso ambiental.

“Yo creo que los costos de transacción están establecidos en el modelo que obliga a coexistir con una fórmula de 54-46”, consideró en ese sentido.