Pobreza energética con perspectiva de género

Estamos por cerrar el primer trimestre de este año y aún no vemos claro cuál será el destino de la iniciativa de reforma energética presentada por el presidente López Obrador. Frente a los legisladores solo hay una disyuntiva: desecharla completamente o aprobarla en sus términos. Terminado el Parlamento Abierto, algunos legisladores presentes en las sesiones consideraron importante incorporar de forma más clara el acceso a la energía como un derecho humano. Hasta ahora ahí hay consenso. Sin embargo, aun cuando este común acuerdo fuera incorporado, sería indispensable delinear la ruta para el diseño de la normatividad que daría cuerpo y vida a la política pública que lo haría realidad.

El desafío es enorme y se descompone en varios frentes. Veamos el caso de las mujeres y la falta de acceso a energéticos asequibles y confiables, lo que denominamos pobreza energética. En muchas regiones del mundo, las mujeres enfrentamos serias dificultades para tener acceso a bienes y servicios, incluyendo los energéticos necesarios para calentar agua, cocinar, enfriar, iluminar y conectar electrodomésticos, además de aparatos que nos permiten acceder al mundo digital y todos sus beneficios. La responsabilidad que asumimos para obtener estos satisfactores es frecuentemente desproporcionada y puede llegar a poner en riesgo nuestra salud o la vida misma. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, las mujeres abarcamos 70% de todas las personas que viven en la pobreza. Por ello, somos las que más valoramos las mejoras en el acceso a los energéticos, al ser las principales usuarias.

En México, las mujeres enfrentamos rezagos particulares en el acceso a energéticos. Desde México Evalúa desarrollamos el estudio[1] Vivir a Oscuras: la pobreza energética en México y documentamos el nivel de carencia que viven 4.8 millones de hogares, o 13.5 millones de personas, que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a 2020 utilizan leña o carbón como principal energético. Asimismo, 3.6 millones de hogares no cuentan con una chimenea para extraer el humo. Esta situación expone a las personas a enfermedades respiratorias y quemaduras graves, siendo las más vulnerables las mujeres, los niños y los ancianos.

En 2020, de acuerdo con el INEGI, en México 21,972 personas murieron por enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC), de las cuales 45% fueron mujeres. El EPOC es la novena causa de muerte de mujeres en México en el grupo etario de 55-64 y la séptima causa en el grupo de 65 o más años. Somos nosotras las que muy probablemente sufrimos desde jóvenes los agravantes por la exposición continua a humos tóxicos y la imposibilidad de tratarse médicamente.

Una investigación realizada por los médicos Nevárez-Sida mostró que en México el gasto anual promedio anual para pacientes con EPOC moderado fue de 31,320.5 pesos anuales promedio, o 2,610 pesos mensuales. Si según cifras de INEGI a 2020 el salario promedio mensual de las mujeres en el primer decil de la población es equivalente a 1,050 pesos mensuales, el tratamiento del EPOC en el hogar es impagable. Además, de todas las problemáticas de salud que arroja este fenómeno, hay que considerar los efectos adicionales asociados con el Covid-19. Un estudio realizado por el Dr. Masera en 2020 describe el impacto añadido de la pandemia en poblaciones rurales donde se quema intensivamente leña y concluye que la exposición al humo de leña incrementa hasta un 15% la tasa de mortalidad por Covid-19.

En materia de electricidad, datos de la Secretaría de Energía indican que 2 millones de mexicanos están actualmente desconectados de la electricidad. Además, de acuerdo con estudios académicos realizados en el Colegio La Frontera Norte por el Dr. Rigoberto García-Ochoa, se estima que desde un enfoque multidimensional –que abarca toda la canasta de satisfactores energéticos– un tercio de los mexicanos podrían no estar teniendo acceso a energéticos de calidad, de forma continua y a buen precio.

En México, existe un fideicomiso operado por la CFE –el Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE)– que se diseñó con la reforma energética de 2013 y que sirve para electrificar comunidades rurales y urbanas aún aisladas. No obstante, dicho programa al parecer es insuficiente, como lo ilustra la talentosa periodista Diana Nava en los dos reportajes que realizó en las penínsulas de Yucatán y de Baja California.

Por cierto, un aspecto preocupante de la iniciativa de reforma energética que presentó el presidente López Obrador en septiembre de 2021 sería el destino que tendría el FSUE si se aprobara tal reforma, ya que el fideicomiso se capitaliza por medio de aportaciones de las empresas que participan en el mercado eléctrico mayorista. Si la iniciativa de reforma prospera, la principal fuente de ingresos del FSUE se extinguiría, dejando a este mecanismo sujeto a la buena voluntad anual de la Cámara de Diputados para aprobar su financiamiento en el presupuesto federal en un contexto de recortes y austeridad.

En efecto, en México existen esquemas e instituciones que funcionan, pero que también pueden perfeccionarse sin grandes cambios constitucionales. La urgencia requiere, sin embargo, trabajar en mejoras a nivel de leyes secundarias y regulación para ampliar el espectro de opciones disponibles que las y los mexicanos tenemos para lograr una transición energética que beneficie a todas las personas.

Por eso, hago un llamado a las legisladoras de todos los partidos a que consideren en su discernimiento de la iniciativa de reforma energética el modelo de marco jurídico que mejor funcione para las personas. Requerimos que dicho andamiaje atienda la pobreza energética con perspectiva de género, promueva la inversión privada y social para lograr modelos empresariales sostenibles a pequeña escala, incentive el cambio tecnológico hacia energías más limpias, y establezca condiciones para que las soluciones tengan enfoques locales, comunitarios, flexibles y descentralizados. La tarea es enorme pero no imposible.

[1] Dedico este artículo en reconocimiento a la valiosa labor de investigación de la Dra. Miriam Grunstein, Viviana Patiño, Steven O’Neil, Santiago Illinworth y Lukas Lynen. Su entusiasmo, talento y dedicación fueron cruciales. ¡Gracias!

*/ Ana Lilia Moreno es coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa. Es economista por la Universidad Panamericana y maestra en economía aplicada por la Universidad de East Anglia en el Reino Unido. Realizó también estudios en filosofía política en la Universidad de Notre Dame en Illinois, Estados Unidos. Sus temas son competencia económica, regulación, gobierno corporativo, precios de transferencia, transparencia y rendición de cuentas.

Las opiniones vertidas en la sección «Plumas al Debate» son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la posición de Energía a Debate, su línea editorial ni la del Consejo Editorial, así como tampoco de Perceptia21 Energía. Energía a Debate es un espacio informativo y de opinión plural sobre los temas relativos al sector energético, abarcando sus distintos subsectores, políticas públicas, regulación, transparencia y rendición de cuentas, con la finalidad de contribuir a la construcción de una ciudadanía informada en asuntos energéticos.