Pobreza energética, subsidios y libre competencia

La pandemia sacudió al mundo entero y evidenció los riesgos económicos y energéticos que, de una u otra forma, todos los países tenían y que requieren de soluciones basadas en análisis técnicos, una institucionalización en el quehacer público, una planeación de largo plazo y sin perder de vista que los resultados de las decisiones nacionales están íntimamente ligados a factores globales. En este sentido, México enfrenta una crisis económica, la tasa de inflación más alta en los últimos 20 años, una reducción en el poder adquisitivo, precios de los energéticos históricamente elevados, una crisis climática que hace evidente la necesidad de encaminarnos hacia el uso de combustibles más eficientes y todo ello con una obvia restricción presupuestal.

Lo anterior hace suponer que habrá un incremento en la pobreza energética, una involución hacia el uso de combustibles menos eficientes y, con ello, un regreso a la tentación de aplicar subsidios generalizados que son regresivos, afectan la competencia efectiva, generan un consumo energético mayor al eficiente y son fiscalmente insostenibles.

“Para atender la pobreza energética promoviendo la transición energética y sin afectar la competitividad del país, se requiere elaborar un diagnóstico preciso y quirúrgico por región”.

Para atender la pobreza energética promoviendo la transición energética y sin afectar la competitividad del país, se requiere elaborar un diagnóstico preciso y quirúrgico por región que permita identificar las características de consumo por tipo de energético, de acceso y oportunidades para avanzar hacia combustibles más eficientes. Ello, para que dependiendo del acceso a los energéticos, aquellos que consumen leña o carbón puedan cambiar a gas LP, gas natural o páneles solares. Y lo mismo, para quienes consumen gas LP o gas natural puedan cambiar a páneles solares.

Es indispensable contar con reguladores energéticos que diseñen e implementen las reglas para un piso parejo entre participantes y los incentivos para que se dé la libre concurrencia y competencia entre los agentes; con ello, se pueda mejorar la calidad, reducir los costos y aumentar el abasto de los combustibles más eficientes. El diagnóstico permitiría identificar a la población objetivo para un subsidio focalizado diseñado para incentivar el consumo de energéticos más eficientes entre la población más vulnerable.

Todo lo anterior sin perder de vista que las soluciones a los problemas actuales no serán de corto plazo, que el diagnóstico permitiría hacer una planeación de largo plazo, no basada en decisiones políticas y oportunistas, para que así, México pueda aprovechar sus ventajas competitivas y usar de una manera más eficiente nuestros impuestos.

Desafortunadamente, se prevé un 2022 complicado en términos de precios de los energéticos y no hay una sola política energética promovida actualmente que atienda un diagnóstico realista y técnico. Recular es de sabios, escuchar a quienes tienen más conocimiento sobre los temas es de humildes. No pierde el que cambia de opinión, pero sin cambio de rumbo, perderán los mexicanos y más quienes sufren día a día la pobreza energética y los que se sumarán a esa lista. Enfoquemos los esfuerzos a atender a los grupos más vulnerables, no a través de subsidios generalizados que se ha demostrado una y otra que vez no ayudan a superar la pobreza, sino a través de políticas públicas energéticas que busquen promover mediante la libre competencia el uso de combustibles más eficientes y fortaleciendo a los reguladores técnicos e independientes para que desarrollen la regulación necesaria para que ello ocurra.

Sí, ya sé, soñar no cuesta nada, pero siempre se empieza por ahí, por soñar y desear un mundo mejor.