Pretende CRE cerrar la puerta a más permisos en materia de petrolíferos

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) un proyecto de Acuerdo mediante el cual impone una muy larga lista de requisitos a aquellos particulares que pretendan obtener, modificar o actualizar un permiso para comercializar o distribuir petrolíferos o petroquímicos por medios distintos a ducto, con excepción del gas licuado de petróleo (gas LP).

Con número de expediente 65/0014/260722, el proyecto fue recibido por la Conamer, mismo que fue enviado por Guillermo Vivanco Monroy, secretario técnico de la CRE, para recibir la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) “de impacto moderado con análisis de impacto en la competencia”, según se lee en el expediente.

Así, de ser aprobado, el proyecto de Acuerdo propuesto por la CRE llevaría como nombre: “ACUERDO de la Comisión Reguladora de Energía por el que se expiden las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen los requisitos para la presentación de las solicitudes de permiso modificaciones, actualizaciones y obligaciones de las actividades de Comercialización de petrolíferos o petroquímicos, y Distribución por medios distintos a ducto de petrolíferos; excepto gas licuado de petróleo para ambas actividades”.

La publicación del proyecto de Acuerdo en el portal de internet de la Conamer se da tan solo seis días después de que Estados Unidos solicitara al gobierno de México la realización de las consultas sobre las violaciones que el socio comercial acusa que ha realizado la actual administración federal al tratado comercial México, EEUU y Canadá, conocido como TMEC en materia de energía.

“Pareciera que buscan cerrar de alguna forma la obtención de los permisos de comercialización y distribución”, comentó Carlos Vallejo Galván, director jurídico de la Asociación de Regulados del Sector Energético (ARSE).

En conversación con Energía a Debate, el especialista jurídico en temas energéticos recordó que la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento ya estipulan los requisitos que deben cumplir los privados que pretenden obtener, actualizar o modificar sus permisos para realizar las actividades de comercialización y distribución de productos refinados y petroquímicos en el territorio nacional.

Concretamente, estos requisitos ya están establecidos en la fracción II del artículo 45 del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos.

Sin embargo, el documento que remitió la CRE en la forma de un proyecto de Acuerdo, se amplía el número y alcance de los requisitos

“Con estos requisitos adicionales, prácticamente es imposible obtener un permiso de comercialización y ahora también mucho más difícil de obtener uno de distribución”, aseguró el también consultor, quien no descartó que esta nueva disposición tenga como intención dejar en el mercado solo a los participantes que ya están en él, con la finalidad última de beneficiar a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), aun cuando no se diga explícitamente.

Recordó que la Secretaría de Energía (Sener) ha expresado en varias ocasiones que el mercado de petrolíferos “estaba inundado” con muchos permisos de comercialización y de importación. “Los de importación fueron caducando por el simple transcurso del tiempo y los de comercialización ya no se emitieron, o ya no se han expedido, o ya no se han otorgado por parte de la CRE”, dijo.

“Pero con estos requisitos adicionales, prácticamente es imposible obtener un permiso de comercialización y ahora también mucho más difícil de obtener uno de distribución”, subrayó.

En este sentido, Vallejo Galván recordó que la actual administración ha realizado varios intentos para inhibir la participación de actores privados en distintos segmentos del sector energético y, en la parte de hidrocarburos, uno de tales intentos ha sido detener los permisos o negarlos para realizar distintas actividades relacionadas.

“Tenemos un documento tan detallado, pero no con la intención de agilizar los trámites, no con la intención de que la obtención de un permiso se vuelva más rápida, más expedita, sino que, por el contrario, que se sobrecargue de nueva cuenta al solicitante de un permiso o al que solicita la modificación o actualización de su permiso y que, además, tenga una mayor carga de reporteo o de cumplimiento de obligaciones”, señaló Vallejo Galván.

Esto, asimismo, provocará una mayor lentitud en la expedición y otorgamiento de los permisos. “Ya de por sí veníamos de más de un año que no se habían otorgado permisos de comercialización, con estas reglas escritas una vez que se autoricen, veremos que el ánimo de la autoridad es ‘Te pongo las reglas del juego más difíciles para que no las puedas cumplir’”, añadió.

Incongruencias

Carlos Vallejo destacó algunas incongruencias que resaltan en el documento de la CRE analizado por la Conamer. Uno de ellos es que la Comisión Reguladora de Energía estaría invadiendo atribuciones de otras dependencias, por ejemplo, de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

“Lo lamentable es que la propia Comisión está invadiendo de alguna forma facultades de revisión de documentos que son de aspecto técnico, o de aspecto medioambiental, o de protección al ambiente, o de seguridad industrial que le corresponden a la ASEA”, aseguró.

En ello, citó como muestra que la CRE requiere de los regulados la memoria técnica descriptiva del proyecto y demás requisitos enlistados en el punto 5.4.6 y subsecuentes del proyecto de Acuerdo.

También encontró que los plazos para que la CRE responda a una solicitud serán de 64 días en el caso de distribución y 90 para los permisos de comercialización, los cuales se contraponen con la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento, que indica que para ambas actividades el plazo es, por igual, de 90 días.

“Entonces, este Acuerdo se está contraponiendo a las propias reglas, o la propia redacción de un Reglamento. Estas disposiciones no pueden ir por encima del Reglamento y de la propia Ley de Hidrocarburos”, censuró.

En cuanto al impacto de este tipo de disposiciones en los usuarios finales, Carlos Vallejo consideró que este no están contemplados, ya que –insistió– la finalidad es beneficiar a Pemex.

“Es escribir una disposición, escribir un Acuerdo pero que beneficie a Pemex sin decirlo”, repitió. “El usuario final no está en la ecuación”.

Y como es de esperarse, el directivo de la ARSE previó una “cascada” de inconformidades de ser publicado el Acuerdo en los medios oficiales. “Al final, veremos de nueva cuenta una judiciación en cuanto a la aplicación de estas disposiciones administrativas”, expresó.

Por último, reiteró: “(Es cerrar) el mercado de la comercialización y distribución y dejarlo nada más a los que están hasta ahora, vendría de nueva cuenta a desincentivar el apetito de inversión que se tiene en el sector”.