Privados eléctricos en México. Siglo XXI

Susana Carzola / Energía Positiva

A Diego, chiquito bebé. Tu energía vivirá por siempre entre nosotros.

Las decisiones de política pública deben basarse en análisis técnicos y económicos que permitan prever sus impactos de corto, mediano y largo plazos. Estos análisis no parecen haberse realizado cuando se decidió que uno de los objetivos de la política energética de este gobierno sería aumentar la participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la actividad de generación eléctrica, sin considerar el despacho económico, ni las necesidades de inversión en transmisión y distribución, ni procesos competitivos y pasando por encima de las inversiones privadas en operación y en vías de estarlo. Esta decisión no se basa en una racionalidad económica ni para la CFE ni para el país.

Como puede observarse, las cifras oficiales del PIB nacional muestran un incremento importante de casi 50% en la participación del subsector de electricidad, agua y suministro de gas por ducto al consumidor final, entre la década de los 90 y finales de 2020.

Este incremento en el subsector de las actividades eléctricas está correlacionado con el aumento en las inversiones privadas que se realizaron y están en desarrollo, en proyectos de generación eléctrica que, de acuerdo con datos de la CRE, representan más del 90% de las inversiones ejercidas y proyectadas en los permisos de generación entre 2000 y 2024.

(Fuente: Elaboración propia con datos de la CRE.)

Por su parte, los flujos de inversión extranjera directa (IED) traían una tendencia ascendente, la cual alcanzó su máximo histórico en 2018 y desde entonces ha venido decreciendo significativamente, sin duda, en parte debido a la política energética impuesta por el gobierno actual. 

No se prevé un mejor escenario para las inversiones de aquí a 2024. A los decretos, acuerdos, ausencia de un regulador imparcial y competente, juicios de amparo y suspensiones, se agrega el anuncio de que el Ejecutivo presentará al Congreso una propuesta de reforma constitucional en materia de generación eléctrica, lo cual provoca más incertidumbre y riesgo para las inversiones privadas en operación, en desarrollo y potenciales en México.

Es decir, no hay condiciones para promover la inversión en el sector eléctrico mexicano. Las políticas vigentes que promueven el miedo y la desinversión van a rezagar aún más la recuperación económica post-Covid del país y afectará las oportunidades de mejora de todos los mexicanos: los de ingresos altos, medios y bajos.