La apertura del sector eléctrico al sector privado, que inició en 1992, fue el factor principal que dio viabilidad financiera a la Comisión Federal de Electricidad, aseguró César Emiliano Hernández Ochoa, socio fundador de la consultora Publius.
En el foro Energía de México: presente y futuro, organizado por Sideris Consulting, el exsubsecretario de Electricidad en la administración pasada, aseguró que la participación del sector privado en el mercado eléctrico no fue inventado en México, pues surgió de las mejores prácticas en las economías más desarrolladas.
Los Productores Externos de Energía y los sistemas de autoabasto “no fueron inventados en México, fueron resultado de mejores prácticas que surgieron en el mundo”.
“Estas figuras que se introducen en México en una reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, permitieron que, uno: que la CFE comenzara a abastecerse de energía más barata, contratada a través de licitaciones, y también, que las empresas privadas, muchas de ellas ligadas a procesos globalizados, tuvieran acceso a energía eléctrica a un precio competitivo que les permitiera mejorar su competitividad”, aseguró el también extitular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), en este sexenio.
Las figuras que se adoptaron en diciembre de 1992 le dieron una gran viabilidad económica a la Comisión Federal de Electricidad y permitió despegar a la industria mexicana, aseguró.
Uno de los principales temas en contra de la Reforma Eléctrica es la violación a la seguridad jurídica, pues la iniciativa presidencial pretende señalar de “ilegales” estos esquemas.
“La seguridad jurídica fue atacada por quien dirige ahora la CFE con varias controversias constitucionales, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió desde hace tiempo que no eran procedentes, porque la reforma de 1992 fue muy específica en los esquemas que se podían utilizar y fueron claves para darle competitividad a la CFE y a la industria mexicana”, aseguró.
“Si uno ve la lista de las mejores prácticas aparece la seguridad energética, la eficiencia y la no discriminación”, es decir, no importa si la central de generación es pública o privada siempre y cuando cumpla con los requerimientos técnicos.
Hernández Ochoa advierte que uno de los argumentos más sorprendentes para la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador es abogar por el “despacho caro”.
“Es contraintuitivo que digan que las centrales privadas con el despacho actual son demasiado baratas, porque solo cargan costos marginales, y tendrían que despachar más caro. Es una contradicción absurda”, mencionó.
El exfuncionario no cerró la puerta a una modificación a la ley, pero sugirió que se mantenga en un carácter técnico.
CFE no invierte en expansión de transmisión
Durante el foro, Francisco Salazar, integrante de la International Confederation of Energy Regulators (ICER), aseguró que la expansión del sistema eléctrico en los últimos años por parte de la CFE ha sido mínima y ha sido el sector privado quien desarrolla la infraestructura necesaria para transportar la energía.
“Desafortunadamente, en los últimos años no ha habido expansión importante en la transmisión, por ello, no se vale que le estés cobrando (a los privados) por una infraestructura que no existe”, acusó el especialista.
Además, recordó que el sector privado ha desarrollado redes de transmisión para fortalecer al sistema eléctrico que después donó a la Comisión Federal de Electricidad, teniendo como el mejor ejemplo la construcción de infraestructura en el Istmo de Tehuantepec.
En este sentido, aseguró que la reforma de 2013 reconoció que no era justo que el sector privado “pagara doble” a la CFE, es decir, que invirtiera en las redes que donó y que además se cobre una tarifa por el porteo.