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La Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó este martes el Acuerdo por el cual se reanudan los plazos y trámites legales, mismos que fueron suspendidos ante la contingencia sanitaria por la propagación del COVID-19.
La publicación de este documento en el Diario Oficial de la Federación (DOF) va en línea con el Acuerdo similar que la Secretaría de Energía (Sener) diera a conocer el pasado 17 de febrero y ambas entran en vigor mañana primero de marzo.
Sin embargo, desde que el anteproyecto de Acuerdo se publicó en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Canamer), el anuncio de la CRE ha provocado preocupación entre los regulados con respecto a los plazos y el número de trámites que recibirá.
Especialmente ha sido cuestionada la Acción Segunda, del Primer Acuerdo, que establece un volumen de folios que se asignarán por mes para cada subsector energético. Así, se asignarán 50 en materia de hidrocarburos, 120 para pre registros y solo 15 en materia de electricidad.
Respecto a este último número de folios, la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMEE) publicó hoy en el portal de la Conamer sus observaciones al anteproyecto de Acuerdo.
Aun cuando ya no fueron consideradas, toda vez que el Acuerdo se publicó este mismo día en el DOF, las observaciones advierten sobre los impactos negativos que las disposiciones tendrán en la industria eléctrica.
“La acción SEGUNDA del anteproyecto de Acuerdo únicamente permitiría la presentación de una solicitud por persona física o persona moral limitando a un total de 15 folios al mes para temas de electricidad, lo cual es insuficiente para atender los trámites que los actuales y potenciales permisionarios requieren llevar a cabo para continuar con el ejercicio de su actividad permisionada”, expuso la Asociación.
Lo anterior, agregó, impactará negativamente en el desarrollo, construcción y puesta en operación de nuevos proyectos y retrasará significativamente la operación de los actuales que requieran modificaciones a sus permisos o autorizaciones que deban ser presentadas ante otras instituciones, como el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), además de los usuarios que puedan acceder a su registro como usuarios calificados, “obligación que tienen en términos de la Ley de la Industria Eléctrica”.
Las observaciones, firmadas por Héctor Javier Treviño González, director ejecutivo de la AMDEE, también consideraron que el número de folios establecido en el Acuerdo es ambiguo y desproporcionado ante el tamaño y la importancia del sector eléctrico.
Externó asimismo su preocupación porque no se establece un proceso de desahogo de los trámites asociados a los folios.
“No describe si esos folios serán procesados en el mes que se otorgó, o cuáles son los plazos para ello; únicamente se menciona que se irán incrementando una vez los procesos antes de la publicación del acuerdo se vayan desahogando, lo que se entendería que hasta el año 2024, se dará respuesta a nuevos trámites”, escribió.
En este sentido, la organización de generadores de energía limpia citó que existen más de mil permisos de generación eléctrica que se verán afectados.
La llamada “prelación a publicar” que establece el Acuerdo de la CRE, además de otros factores del documento, limitan los derechos de los permisionarios y no facilitan el cumplimiento de obligaciones.
“De acuerdo con los datos presentados en el Informe de Desempeño del Mercado Eléctrico Mayorista, ejercicio 2021 de la Auditoría Superior de la Federación, a septiembre de 2022, hay un total de 1,239 permisos de generación eléctrica cuyos permisionarios verán limitado su derecho a promover trámites ante la CRE”, alertó.
En sus observaciones, la AMDEE consideró que las condiciones en las que se reanudan los plazos y términos de la CRE, al limitar la participación y operación de las empresas, no promueve la libre concurrencia y la competencia económica.
“Las actividades de generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica”, recordó la Asociación.
Por ello, añadió que se limita la participación y operación en estas actividades con efectos como retrasos en la instalación de “nueva y necesaria” capacidad de generación, retrasos en la diversificación de la matriz energética, retrasos en el cumplimiento de las metas de generación de energías limpias y reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, limitación a nuevas y mejores opciones en materia de suministro eléctrico, entre otros.
